Guerrero ¿un problema de seguridad para la próxima administración?

A principios de año, el Gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo, a través de la policía estatal y el ejército, tomó la seguridad de la capital por las investigaciones realizadas a la policía municipal de Chilpancingo por la desaparición de siete jóvenes. La misma decisión del Gobernador sucedió en septiembre de este año en Acapulco por la investigación de posibles nexos con grupos delictivos de la zona. Esto da cuenta, que el Estado no tiene una policía municipal capacitada para enfrentar los retos de seguridad que la entidad atraviesa.

El Estado de Guerrero enfrenta la violencia día a día; según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, se reportó ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que, en el tercer trimestre del 2018, Guerrero ocupó el segundo lugar en el ranking nacional por feminicidio presentando un aumento del 259% a comparación del mismo periodo del año pasado; en el caso de homicidio doloso  este presentó una disminución del 2%, es decir, 6 Carpetas de Investigación iniciadas menos que el año anterior; en el delito de homicidio culposo Guerrero ocupa el cuarto lugar a nivel nacional; el delito de extorsión no presenta alguna disminución o aumento y, por último, el delito de secuestro presenta una variación del 6% a comparación del mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018 del INEGI, informa que el 40% de la población mayor a 18 años percibe su entorno como inseguro, ocasionando que la población tome ciertas conductas como no salir de noche, no llevar efectivo, no permitir que los hijos salgan, entre otras, para evitar ser víctimas de algún hecho delictivo.

En este sentido, la aplicación de las acciones de seguridad pública que se han implementado, se enfrenta a diferentes problemas tales como elementos policiacos vinculados con el crimen organizado, corrupción, enfrentamientos a diestra y siniestra causando que estas estrategias se realicen en vano sin impactar de fondo en el fenómeno delictivo.

A consecuencia de esto, la sociedad en vista de los nulos resultados, no solo ha limitado ciertas acciones de su vida cotidiana, se ha ido organizando mediante autodefensas respondiendo al debilitamiento de las instituciones. Si bien, esto representa una contradicción a la Constitución mexicana, he de recordarse que hay zonas de Guerrero donde el crimen organizado impera causando que no exista presencia de organismos de seguridad para proporcionar este derecho.

Es necesario que el gobierno estatal re-establezca las estrategias de seguridad, centrando sus acciones en los focos rojos de la región y que la política no solo se base en eliminar objetivos, sino que desarrolle inteligencia policial aunado a estrategias de proximidad sociedad-policías y la procuración de la protección de Derechos Humanos.

Por lo anterior, la política nacional en materia de seguridad propuesta por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador debe tomar en cuenta este contexto para canalizar los esfuerzos en colaboración con los tres ámbitos de gobierno y no solo presentar una posible militarización. Es decir, el Plan de Paz y Seguridad debe aclarar los ejes centrales y de colaboración para que se diseñen políticas públicas que generen cambios significativos para Estados como Guerrero que vive una crisis de inseguridad.

Amparo Hinterholzer Rodríguez

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano

@AmpHinterholzer @ObsNalCiudadano