¿Existió una estrategia de seguridad para el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz?

OTRAS
31/12/2018
02:00
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Observatorio Nacional Ciudadano
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
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Antecedentes históricos


En el año 2011, en el marco de la operación Veracruz Seguro, el gobierno del estado creó el Grupo de Coordinación Veracruz (GCV), presidido por el Gobernador del Estado en funciones y conformado por la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado.

Las reuniones del GCV sirvieron para intercambiar información y proponer acciones encaminadas a reducir los índices delictivos, los cuales, tuvieron un descenso significativo en el estado y, de mayor notoriedad, en el puerto de Veracruz (2012-2014), sin embargo, el problema no fue resuelto.

El gobierno publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el 6 de mayo de 2013, el decreto donde se determina la Prestación del Servicio Público de Seguridad Pública y Policía Preventiva por tiempo indefinido en cinco municipios del sureste del estado.

Para tal efecto, desaparecieron la policía intermunicipal (Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Minatitlán y Nanchital) y la policía municipal de Acayucan, todo con fundamento en el artículo 115, fracción III, inciso h) y penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71, fracciones X y XI, inciso h) de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Desde esa fecha se estableció en la cabecera municipal de Coatzacoalcos la Coordinación General de la Policía Intermunicipal Veracruz Zona Sur por parte de la SEMAR (conocida como Policía Naval, PN), la cual mediáticamente fue dada a conocer por parte del gobierno como “mando único”, sin serlo.

Para cumplir con las tareas de seguridad pública, la SEMAR y el Gobierno del Estado celebraron un convenio de colaboración, que se cumplió de forma parcial por parte de este último.

A inicios de la administración del presidente Peña Nieto, se ordenó la desintegración de la operación Veracruz Seguro y el entonces gobernador entrante Miguel A. Yunes Linares, operó políticamente a fin de que el GCV continuara sesionando como normalmente se venía haciendo.

Cabe destacar que en el GCV se intercambiaba información, se tomaban decisiones, pero cada institución y/o corporación era independiente, no hubo subordinación de ningún tipo. Por ejemplo, cuando el Gobierno del Estado requirió intervención de las Fuerzas Armadas en un área de alta incidencia delictiva, los comandantes de la Región Militar y/o Región Naval, basadas en el estado de Veracruz, decidieron el empleo de sus propias fuerzas, es decir, únicamente de las fuerzas bajo su mando, no fue reforzamiento de unidades militares de otras regiones (navales/militares), ni operaciones conjuntas. En el caso de las Fuerzas Armadas, los reforzamientos, destaques y/o incorporaciones las decide y ordena su respectivo alto mando.

Particularmente, cada comandante decidió (de acuerdo con inteligencia propia o difundida en la reunión) dónde operar de acuerdo a sus necesidades operacionales, disponibilidad de medios y efectivos (esa era la coordinación); una vez tomada la decisión, ordenaba sus operaciones de manera unilateral, los apoyos de PGR, PF, SSPE, FGE se hacían directamente con la corporación que lo requería, por lo general era de último momento, a fin de resguardar la confidencialidad.

Un ejemplo de decisión de reforzamiento a las tareas de seguridad pública en el estado de Veracruz fue el caso de la Policía Militar (PM), su incorporación derivó del trabajo político del gobernador Yunes directamente con el Secretario de la Defensa, quien decidió y ordenó se empeñara personal de la PM en tareas de seguridad pública, en un caso particular, en Coatzacoalcos.

El agrupamiento de PM trajo sus propias órdenes y tareas, no quedaron bajo las órdenes del gobernador ni del GCV, solo apoyaron al Gobierno del Estado en labores de seguridad pública, empleando su propia Inteligencia y la que les fue compartida a nivel local (Zona Militar, SSP, FGE, PGR, PN).

La orden de operaciones de la PM fue girada por el Estado Mayor General de la SEDENA, quien supervisó la acción planeada y, para efectos de control, quedaron supeditados al mando local, en este caso la 29 Zona Militar.
 

Actualidad


La actual administración federal elaboró el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2014, que se basa en ocho puntos, los que podrían considerarse ejes rectores.

Los gobiernos estatales aún no redactan su plan estatal que, según la norma, debe ir alineado al nacional, sin embargo, a pesar de haberse dado a conocer a nivel nacional desde un tiempo lo suficientemente amplio para que los estados tomen acciones, en Veracruz no se han visto, hasta la fecha, reacciones al mismo.


Análisis


Como podrá observarse, solo existió coordinación entre instituciones y corporaciones (mas no subordinación) en el desarrollo de operaciones militares u operativos policíacos, estos fueron decisiones de cada mando, tan solo informaban lo que iba a realizarse, el área de operaciones y la temporalidad (siempre y cuando no afectara compartir esta información a la operación/operativo).

No se observó una estrategia como tal (si es que la hubo), ya que se desconoce si existió un plan estratégico conjunto entre SEDENA y SEMAR, no se conoció un mando del Teatro de Operaciones (que se supone fue el estado de Veracruz). Algo importante que destacar es que este plan debió contener los destaques e incorporaciones tanto de unidades militares como de corporaciones y dependencias civiles, ya sean federales, estatales y/o municipales, necesarios para la ejecución del plan, esto deviene en subordinación, la cual no se observó haya existido entre instituciones y corporaciones.

Las acciones que se tomaban posteriores a las reuniones del GCV fueron con base a informes, datos estadísticos, información de inteligencia y resultados, realizaban operaciones/operativos específicos en ciertos puntos coyunturalmente afectados por la alta incidencia delictiva, es decir, estas acciones fueron decisiones reactivas, propias de una falta de planeamiento en tareas de seguridad pública.

Las acciones que se tomaron no incluyeron actividades encaminadas a recomponer el tejido social, sino exclusivamente a atender puntos específicos en la geografía estatal y delitos de alto impacto, sobre todo. Esto se percibió por la muy poca o nula participación de las autoridades municipales en el esfuerzo que realizaban las autoridades encargadas de lo operacional dirigido a devolver la paz social en su demarcación, entendiendo que la inseguridad es causada por diversos factores y su atención/resolución está dentro de la esfera de competencia del gobierno estatal y municipal.

Una estrategia contiene el planteamiento del problema y sus causas, una misión específica, es decir, la consecución de un objetivo, en este caso no militar, sino social, lo que se traduce en no tan solo devolver la seguridad pública a la entidad federativa que se trate, sino incluir acciones encaminadas a recomponer el tejido social que impida a las organizaciones criminales regresar a la entidad, una vez que se haya retirado la fuerza militar (consolidación de la operación).
Para atender los problemas de seguridad pública, una estrategia debe integrar a los tres órdenes de gobierno y sus respectivas secretarías (no solo las de seguridad pública) y decididamente ejes rectores que socaven los altos índices de impunidad y corrupción existentes en todos los ámbitos (políticos, policíacos y ciudadanos en general).

El Plan Nacional de Paz no tiene fundamentos estadísticos ni académicos que sustenten su dicho, tal parece que la pobreza es una causal y no un factor, es decir, se criminaliza.

También deja mucho que desear en cuanto a sustento científico, lo que lo hace ser un panfleto de buenas intenciones más que un plan estratégico; apela, sobre todo, a sesgar la opinión del lector en cuanto a la culpabilidad y responsabilidad de un “sistemático adoctrinamiento de la sociedad para orientarla hacia el individualismo, el consumismo, la competencia, el éxito material como valores morales supremos, en detrimento de la organización gregaria, los valores colectivos, el bien común y los lazos de solidaridad” por parte de los gobiernos neoliberales, lo que conlleva a preguntar: este nuevo gobierno, esta corriente política, ¿nos readoctrinará? Tal parece. Siguen en campaña.


Conclusión


No existió en las dos últimas administraciones una estrategia federal, estatal y/o municipal, planeada ex profeso para atender el problema de seguridad pública en el municipio de Coatzacoalcos. Y en el nuevo plan no se vislumbra que se vaya a crear una de forma inmediata ex profeso.


Propuesta


Que el actual gobernador del estado tome el liderazgo que tanta falta hace en nuestra entidad y que, apoyado de la comunidad académica e investigadores, elabore un diagnóstico que conlleve a conocer las causas que están generando la violencia en todo el territorio veracruzano, esto a fin de que todos los actores políticos y sociales tengan claro qué es lo que está generando la violencia e inseguridad y no seguir dando “palos de ciego”, que han generado más violencia.

Que este diagnóstico también sirva para planear una estrategia real, que incluya en su solución a las demás secretarías de gobierno (no solo a la de seguridad pública) y, en lo que respecta a lo local, es decir, a nuestra ciudad y puerto de Coatzacoalcos, que se traduzca, principalmente en una obligación del actual presidente municipal y los futuros encargados de esa responsabilidad a la formación de una policía municipal confiable, el manejo transparente de los recursos, de rendición de cuentas y sobre todo del planteamiento, elaboración, ejecución y supervisión de políticas públicas encaminadas a la restauración del orden y paz pública.

Y en el presente aplicar la ley, tomar acciones encaminadas a evitar que la delincuencia siga atormentando a Coatzacoalcos que, de forma inmediata, las autoridades correspondientes basadas en nuestra ciudad y puerto cumplan con su obligación de PREVENIR, INHIBIR Y REPRIMIR EL DELITO.

Luis Enrique Barrios Ríos
Observatorio Ciudadano Coatzacoalcos A. C.
@CoatzaObserva @LuisEnr640715
 

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