¿Dónde quedan los policías?

Mucha controversia ha desatado el tan anunciado Plan Nacional de Paz y Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador . Lo que se esperaba fuera una estrategia que diera un revés definitivo a las políticas establecidas en el anterior gobierno con la llamada Ley de Seguridad Interior , término convirtiéndose en lo que se ha anunciado: la regularización constitucional de las fuerzas armadas y navales para realizar tareas de seguridad interior y, lo más trágico, la creación de un modelo de policía militarizada o bien militares policías o bien militares adiestrados por policías, algo llamado Guardia Nacional .

La primera consigna por parte de los grupos de la sociedad civil organizada, -en los que nos incluimos- fue: ¿y dónde quedan los policías? Sí, esos que de acuerdo con la constitución federal tienen la potestad de la seguridad pública, misma que se debe coordinar entre los tres niveles del estado. Y es que es precisamente este punto el que nos ocupa en el presente artículo, puesto que tal parece que las diversas fuerzas policiales hubieran quedado fuera del citado Plan Nacional de Paz y Seguridad y con ello sepultadas las condiciones en las que laboran miles de policías en todo el país, y que muy probablemente las policías municipales son las más olvidadas.

En el caso de los policías que laboran en el estado de Morelos, las condiciones son diversas, críticas e indignantes en la mayoría de los casos. No se puede olvidar que en Morelos la anterior administración estatal impulsó la Comisión Estatal de Seguridad (CES) con un modelo de mando único, a petición y propuesta del ex Comisionado, Alberto Capella Ibarra, labor que ahora ha iniciado en su actual encargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, desde donde se ha dado a la tarea de convencer tanto al ejecutivo como al legislativo de aquel estado de mutar al mismo modelo implementado en su paso por Morelos.

Este modelo (del cual ya hemos dado detalles en anteriores ocasiones en este mismo espacio) carecía de legitimidad constitucional al únicamente haber sido “pactado” con los titulares municipales a través de un convenio para coordinar las tareas de seguridad en todo el estado; mismo convenio que en su primera oportunidad fue acatado por los 33 municipios del estado y que luego, en la ratificación, solo por poco más de la mitad de los mismos, dejando a algunos sin la asistencia del apoyo estatal, tornando el conflicto en una disputa meramente política.

Caso particular, el municipio de Cuernavaca, donde resultó una confrontación entre el entonces alcalde, Cuauhtémoc Blanco Bravo (hoy gobernador del estado) y el entonces gobernador, Graco Ramírez Abreu. Y otro caso singular, el del municipio de Tlalquitenango, donde su alcalde, Enrique Alonso, fue acusado de homicidio y nexos con el crimen organizado y que posteriormente saliera libre cuando el principal testigo de la FGEM y de la CES dijera no conocerlo.

A manera de corolario, lo anterior únicamente nos sirve de antecedente para decir lo importante: aún con la coordinación de las 32 policías municipales, dejando a cargo de la estrategia y el mando a la CES, las condiciones que se presentaron para los policías municipales nunca fueron homogéneas a pesar de sumarse a una estrategia de policía única (el municipio de Tlalquitenango nunca se sumo a la estrategia).

Mientras el anterior gobierno se congratulaba con la entrega de nuevas instalaciones para algunas de las comandancias municipales, especialmente las que se encontraban en el área metropolitana del estado, había y hay otras comandancias municipales en el estado que están lejos de guardar las condiciones necesarias para prestar el servicio de seguridad. Algunas de las que pudimos visitar son:

Zacualpan de Amilpa, municipio de la zona oriente norte del estado de Morelos. Cuenta con una comandancia policial que se encuentra dentro del edificio que alberga la presidencia municipal. En un espacio más que reducido, el lugar concentra varias habitaciones que hacen las veces de oficinas, con material administrativo deficiente, apenas unas sillas, escritorios y algunos archiveros; lo que más llama la atención es que el espacio no cuenta con un baño privado para los policías y personal administrativo, se habilitó como baño una de las dos celdas con las que cuenta la comandancia y con unos cuantos zarapes para tapar las rejas, se improvisa una puerta.

Otro de los espacios que más llamó nuestra atención fue una habitación que sirve como almacén para guardar equipamiento, que luce húmedo debido a que anteriormente justo ahí se encontraba el baño, pero, debido a que no ha sido reparado, simplemente se usa como bodega.

Tlayacapan, municipio considerado como pueblo mágico, sufrió afectaciones graves en el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, muchas casas y edificios se derrumbaron y aún se continúa con las labores de reconstrucción. La comandancia sufrió severos daños, por lo que el personal fue trasladado a uno de los módulos de vigilancia a las afueras del municipio. Está instalado un escritorio y algunas sillas, en el piso se puede observar equipamiento como chalecos, uniformes (dicen que fueron dados por las autoridades municipales, pero por la mala calidad no fueron entregados a los elementos) señalamientos viales y documentos. Cuenta con 10 elementos por turno, sin embargo, derivado de la falta de personal, el paramédico del municipio tiene que realizar acciones administrativas. Han tenido que adecuar las instalaciones para tener celdas, debido a que la demanda de incidencia delictiva así lo exige. Solo cuentan con 3 patrullas funcionales.

Coatlán del Río. Las instalaciones de la comandancia se encuentran en condiciones deplorables, apenas un pequeño espacio y una habitación conforman la Secretaría de Seguridad Pública municipal. En la habitación, el comandante tiene instalada las veces de oficina y cuarto de descanso, cuenta con un escritorio y una cama, en un costado algunas armas y equipamiento, así como chalecos viejos. La luz apenas entra en la habitación y no tiene ni siquiera piso de cemento. La comandancia de Coatlán del Río es la más precaria e indigna del estado, no es idónea para ejercer las funciones necesarias para los servicios de atención ciudadana y garantizar la seguridad del municipio. Los oficiales adscritos a este municipio son los que perciben el salario más bajo de todo el estado.

Aunado a las pésimas condiciones en la que se encuentran la gran mayoría de comandancias policiales en los municipios del estado de Morelos, otro de los grandes retos está fundado en la falta de equipamiento que padecen todos los municipios sin excepción alguna. Desde la falta de patrullas idóneas para cada geografía municipal, reparación de estas, armas, chalecos, y, sin duda, el elemento más importante, un salario deficiente, condiciones desiguales para cada municipio y para cada adscripción, es lo que detona una falta de optimización en el trabajo operativo.

No se puede dejar de mencionar que en días pasados el ex Comisionado Alberto Capella fue denunciado ante la PGR por presuntamente haber desviado un total de 27 millones de pesos que habrían sido utilizados para la capacitación de policías en el estado durante su gestión, mismos que no se realizaron con las especificaciones pactadas.

Frente este tipo de condiciones, someramente relatadas, ¿qué futuro puede esperarse para nuestros policías? No solo en Morelos, sino en el país completo. Un plan de seguridad nacional que ha pasado de largo la atención a las distintas corporaciones del país bajo las cuales ha sido resguardada la seguridad por años. Si se ha sentenciado que el problema de la inseguridad también deriva en su incapacidad y corruptibilidad, es, en gran medida, gracias al abandono de los distintos niveles de gobierno; tan responsables son y han sido los presidentes municipales, como los gobernadores, como los presidentes, del olvido que durante años han sufrido estas instancias.

No podemos esperar que la incidencia de seguridad y la corrupción cambien con la incorporación y regulación de las fuerzas armadas si antes no atendemos lo doméstico, es necesario incorporar planes y estrategias para la profesionalización policial, su labor es indispensable para sanar el tejido social; recobrar la seguridad no depende solo del uso de la fuerza, sino que además se requiere sanear nuestras instituciones a través de la dignificación del trabajo.

Toca pues, ya no solo al ejecutivo federal, restructurar sus planes y trabajar en la protección y resguardo de sus propias instituciones, los ciudadanos necesitamos confiar en nuestras policías y rechazamos la normalización de los distintos usos de violencia y fuerza. Recobremos la paz sí, pero no a costa de nuestra propia seguridad.

Cristina Rumbo Bonfil y Alan Antonio Almeralla Barreto

Observatorio Ciudadano de Justicia y legalidad A.C.[1]

@OBCIJU / @RumboCristina / @AlanAlmeralla