La reforma en materia de justicia laboral deja desprotegidos a los trabajadores y representa un retroceso para el sector laboral, coincidieron especialistas.

Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), comentó a EL UNIVERSAL que este proyecto de reforma tiene muchas fallas puesto que legitima los contratos de protección y da mayor flexibilidad a la figura del outsourcing, además de eliminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con lo que los asuntos laborales pasarían a los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Detalló que al permitir los contratos de protección, los líderes sindicales y los patrones pueden elaborar un contrato colectivo de trabajo sin que los trabajadores tengan conocimiento de ello, en condiciones desfavorables con bajos salarios.

El “contrato de protección” es aquel firmado por el patrón con un sindicato a espaldas de los trabajadores, mediante esta práctica se le garantiza a la empresa la posibilidad de eludir por algún tiempo una exigencia real de negociación colectiva por parte de un sindicato verdaderamente representativo.

En cuanto al outsourcing comentó que la reforma plantea flexibilizar este mecanismo, anteriormente esta figura no podía absorber las funciones principales de una empresa, pero la iniciativa plantea un “outsourcing abierto”.

“Se pueden sustituir las funciones principales de una empresa con el fin de poder quitar responsabilidades a las empresas y abrir la posibilidad de hacer fraudes con los trabajadores. En esencia lo que se busca es mantener bajos los salarios”, subrayó.

Esta iniciativa fue presentada el pasado 7 de septiembre por los senadores priístas, Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, e Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), sin embargo el proyecto no ha sido discutido en las comisiones de ese órgano legislativo, por lo que su análisis quedó pendiente durante el actual periodo de sesiones y sería discutida hasta el siguiente periodo que comienza el 1 de febrero del próximo año.

El investigador de la UAM Unidad Azcapotzalco descartó que esta iniciativa sea discutida este viernes, último día de sesiones en el Congreso de la Unión, puesto que tiene que ser analizada en el Senado y después ser enviada a la Cámara de Diputados. “Ni aunque la quisieran aprobar fast track se podría, sería muy complicado porque ambas cámaras la tienen que discutir”.

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