Ante la fuerza que han tenido movimientos antivacunas en el vecino país del norte y el elevado intercambio de personas entre y Estados Unidos , la diputada Abril Alcalá Padilla, del PRD, propuso hacer obligatoria , por ley, la aplicación de 14 vacunas a todas las personas residentes en el país.

Estas son difteria, hepatitis A y B, influenza estacional y tipo b, infecciones neumocócicas, parotiditis, poliomielitis, rotavirus, rubéola, tétanos, tosferina, tuberculosis, varicela, papiloma humano y contra el dengue.

Si bien la vacunación ya opera en la práctica, la idea de modificar los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 5 de la Ley General de Salud se propone para precisar que la vacunación universal y gratuita en cualquier dependencia pública federal o local del Sistema Nacional de Salud no sólo es un derecho, sino también una obligación.

Eso ayudará a consolidar la política pro-vacunación que el Estado mexicano y prever mecanismos que garanticen las aplicaciones totales de los esquemas o programas de vacunación que se deriven de la ley.

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La legisladora del PRD recordó que varias enfermedades que se consideraban erradicadas de México resurgen, “entre otras razones por movimientos antivacunas con motivación religiosa y política provenientes de otros países, lo que se sumó a una cobertura de apenas 40% para la infancia”.

Esto es un “terrible retroceso” pues se trata de males que parecían marginales o erradicados.

En Estados Unidos, con el cual México tiene elevado intercambio de personas –estableció Alcalá- “las creencias políticas y religiosas son usadas legalmente para evitar el derecho a la vacunación y ello derivó en su pérdida de estatus de país libre de sarampión en 2019, cuando se registraron mil 282 casos.

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“Algo semejante sucedió en varios países de Europa, donde se registraron 13 mil 207 casos de esa enfermedad” lo que llevó a los gobiernos de Francia e Italia a adoptar severas medidas legales, como multas y prohibición de acceso a la escuela, para obligar a que se vacune a los niños.

Es por eso que se requiere que la vacunación universal y gratuita en cualquier dependencia pública federal o local del Sistema Nacional de Salud sea no sólo es un derecho, sino también una obligación.

Incluir esa obligatoriedad en ley pretende evitar que futuras administraciones impidan su aplicación por sesgos políticos o ideológicos, lo que impactaría en la salud de la población, “pero también en los recursos públicos, las instituciones implicadas, la seguridad nacional y la gobernabilidad”.

Por el contrario oponerse a la vacunación para prevenir enfermedades de carácter epidémico impacta en las condiciones de bienestar de la población, particularmente en grupos vulnerables, que son las que sufren consecuencias fatales o agravan sus condiciones de pobreza.

lsm

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