22 | OCT | 2019
Las poblaciones originarias que colindan con la Base Aérea de Santa Lucía han interpuesto diversos amparos, pues alegan que construir el megaproyecto agravaría la escasez de agua en la zona. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Sedena pide a juez que destrabe obra en Santa Lucía

14/09/2019
02:03
Diana Lastiri
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Argumenta cuestiones de seguridad nacional; clasifica base aérea como instalación estratégica

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El gobierno federal clasificó la Base Aérea Militar de Santa Lucía como instalación estratégica, con lo que blindó la construcción del aeropuerto en ese lugar contra las intenciones de echar abajo el proyecto.

El pasado 29 de agosto, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional catalogó como instalaciones estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes de la Sedena y los incluyó en el Inventario de la Infraestructura Estratégica del país.

Entre esos inmuebles está la Base Aérea Militar de Santa Lucía, lugar en el que el gobierno federal prevé construir el nuevo aeropuerto, luego de que decretó la cancelación del proyecto en Texcoco, Estado de México.

Por ello, la Sedena solicitó al juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa revocar la suspensión definitiva que concedió en uno de los amparos tramitados por integrantes de los pueblos indígenas de Tecámac, contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

“Con la declaratoria mencionada se reconoció al aeropuerto de Santa Lucía como instalación estratégica, provocando que en caso de sostener la suspensión se pongan en peligro las actividades que se llevaban a cabo, como lo es el despliegue inmediato de personal y material desde el centro del país a cualquier parte del territorio nacional para resguardar la defensa, integridad y soberanía del país”, indicó la Sedena en su escrito de Incidente de Revocación a la Suspensión Definitiva que presentó el pasado 4 de septiembre en el juzgado Quinto de Distrito y al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.

“Además de lo anterior, se impediría que la Base Militar apoye a la población civil mediante la aplicación o ejecución del Plan DN-III-E, ya que las Fuerzas Armadas deben estar en situación de alerta para poder desplegarse desde la Base Militar de Santa Lucía a cualquier parte del territorio nacional, lo que implica la posibilidad de dar protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República”.

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La dependencia agregó que se debe permitir en todo momento la ejecución de las acciones con la mayor rapidez y grado de secrecía en la Base Aérea de Santa Lucía, por lo que la suspensión de la construcción del aeropuerto y las operaciones que se realizan en dicha zona obligan a los militares a utilizar otras instalaciones que pueden carecer de la infraestructura necesaria para actividades que se incluyen en el Plan DN-III-E.

Esto, a pesar de que en las suspensiones hasta ahora concedidas en los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, los jueces y tribunales federales han ordenado mantener las cosas en el estado que se encuentran, es decir, no iniciar la construcción del aeropuerto ni desmantelar lo ya construido en Texcoco.

Actualmente, la Base Aérea Militar de Santa Lucía continúa operando con ese carácter para operaciones castrenses y la construcción del aeropuerto no ha iniciado.

El amparo en el que la Sedena tramitó el Incidente de Revocación, mismo que fue admitido a trámite por el Juez Quinto de Distrito el pasado seis de septiembre, reclamó la omisión de realizar una evaluación de impacto social de la construcción del aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía.

Este asunto forma parte de los nueve amparos que presentaron representantes de los pueblos indígenas de Tecámac quienes temen perder parte de su territorio, sufrir un colapso hídrico y otras afectaciones a la vida cotidiana de los habitantes de la región, a causa del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al conceder la suspensión, el juez Quinto ordenó, además de no construir el aeropuerto por ahora, que las autoridades realicen una consulta indígena respecto a las actividades de almacenamiento, transporte y distribución del combustible para el funcionamiento del mismo.

En su acuerdo de admisión del incidente, el juez ordenó emplazar a los quejosos para que respondan y ofrezcan pruebas. Citó para audiencia incidental el próximo 17 de septiembre.

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