Los jueces españoles dictaron ayer que Oriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña, continuará en prisión preventiva. El cabeza de lista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pierde así opciones de ser investido presidente de la región y refuerza la candidatura de Carles Puigdemont.

Después de que la unión de los tres partidos independentistas se impusiera en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, los portavoces de ERC han defendido que, si la vuelta a España de Puigdemont no era viable, Junqueras representaba “el plan B” como presidente.

El partido de Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat) no quiere ni oír hablar de esa posibilidad, e insiste en que el ex presidente exiliado en Bélgica es el plan A y el B. La decisión de ayer de los jueces fortalece esa posición, puesto que defender a Junqueras como mandatario en la cárcel ha perdido todo aliciente práctico.

Los tres magistrados del Tribunal Supremo que revisaron el encarcelamiento preventivo, a la espera de un juicio, consideraron que no hay cambios que justifiquen su liberación. Persisten los riesgos que provocaron su detención hace dos meses, acusado de rebelión por participar en la declaración de la República de Cataluña el 27 de octubre.

Como el plan de los independentistas es reponer el gobierno que Mariano Rajoy, el presidente español, destituyó tras la declaración de independencia, las miradas vuelven a centrarse en Puigdemont, quien debe decidir su movimiento antes del 17 de enero, día fijado para la sesión inaugural del parlamento catalán.

Puigdemont tiene tres opciones: abandonar su refugio de Bruselas para regresar a España y ser investido presidente, intentar convertirse en mandatario vía telemática, o renunciar en favor de una tercera persona para que los independentistas no pierdan la mayoría parlamentaria.

Las dificultades que se le presentan a Puigdemont con cualquier opción son importantes. Si regresa a España será detenido y encarcelado; la investidura telemática requeriría un cambio en el reglamento del parlamento, puesto que los diputados deben recoger sus actas presencialmente; y renunciar a su curul lo reduciría a la marginalidad política.

Esas barreras hacían que la opción de Junqueras pareciera más sencilla, pero él tampoco puede ejercer de presidente con normalidad.

Junqueras pidió el jueves a los jueces que lo dejaran salir de la cárcel. “Ruego al tribunal que me ponga en libertad”, dijo en su alegato final. El político defendió su compromiso con la paz y el civismo y alegó que su trayectoria profesional y personal demuestra que se encuentra “en el extremo opuesto a la violencia”.

Los jueces consideraron que Junqueras podría persistir en el intento secesionista. Tampoco aceptaron el argumento de que la prisión daña su derecho a participar en el proceso político. El tribunal creyó que ejercer cargos públicos no supone la impunidad, y recordó que el ex vicepresidente ya sabía cuando concurrió a las elecciones que este proceso penal podría limitar su actividad política.

El abogado de Junqueras confirmó que ahora solicitará ser trasladado a una prisión catalana para estar más cerca de su familia y del parlamento. También pedirá un permiso para salir a tomar posesión de su acta el 17 de enero. Esta decisión volverá a depender de los jueces.

A pesar de la tensa relación que mantienen, Puigdemont protestó desde Bélgica por la prisión de su rival, afirmando que “Junqueras ya no es un preso político, es un rehén”.

Carme Forcadell, presidenta del parlamento catalán, lamentó: “Los Reyes Magos llegarán, pero cuatro padres no podrán estar con sus hijos. Los queremos en casa”, en referencia a Junqueras y otros tres líderes independentistas encarcelados. Gabriel Rufián, una de las voces más polémicas de ERC, fue más duro en Twitter: “Carceleros, algún día los veremos frente a un tribunal internacional de derechos humanos”.

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