Nicaragua vive “tragedia humana”

Managua.— Nicaragua vive una “tragedia humana” por la represión desatada por el gobierno contra manifestantes que piden la salida del poder del presidente Daniel Ortega y que ha dejado más de un centenar de muertos en casi dos meses, dijo ayer un organismo de derechos humanos.

Adicionalmente, unas mil 300 personas resultaron heridas en la oleada de protestas contra el gobierno de Ortega. “Esta ya es una masacre, una tragedia humana donde se busca exterminar a todos los jóvenes que piensan diferente o son críticos a una gestión de gobierno”, dijo a la AFP la secretaria ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, al dar cuenta del nuevo balance de 121 fallecidos; otras fuentes hablan de 127.

Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden continuaron ayer con un menor de 14 años fallecido en la turística ciudad de Granada por una herida de bala, según el Cenidh, al quedar en medio de un enfrentamiento entre manifestantes y grupos de choque afines al gobierno que trataban de despejar una barricada. Además, fue incendiado el edificio colonial de la municipalidad, según informes de la Cruz Roja y del gobierno.

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una declaración que exige “el cese inmediato” de “los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general”, pero no condena al gobierno de Ortega, como pedía la oposición. El texto hace un llamamiento “al gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados claros”.

Amnistía Internacional (AI) denunció que Ortega “no ha mostrado la menor inclinación a poner fin a su política sistemática de represión violenta”. “No hay ni siquiera una mención sobre las violaciones que van desde las ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura y malos tratos, y detenciones arbitrarias”, indicó la directora de AI para América, Érika Guevara.

En Managua, la vicepresidenta Rosario Murillo abogó por el diálogo y la paz como soluciones a la crisis. “Todos queremos lo mejor para el país, la paz, la tranquilidad”, señaló.

En tanto, la Asamblea Nacional (Parlamento) nicaragüense aceptó la renuncia al cargo de presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, un aliado de Ortega y rostro más visible de las acusaciones de corrupción contra el gobierno.

Por la tarde, la Policía Nacional de Nicaragua reveló que un narcotraficante mexicano, identificado como Javier Carrillo, facilitó financiamiento para comprar municiones y armas a una “agrupación delincuencial” nicaragüense a la que culpó de parte de las manifestaciones que estallaron el pasado 18 de abril en ese país en contra de Ortega.

Al insistir en que el grupo ejecutó acciones terroristas, criminales y otros hechos de violencia política, la policía aseguró en su página digital que Carrillo “tenía la conexión personal” con el nicaragüense Cristian Josué Mendoza Fernández, alias Viper y jefe de la organización, denominada también como “Viper”.