México susceptible a demandas internacionales

Por incumplimiento o recientes cambios de políticas, el país se enfrenta al riesgo de querellas por diversos temas, que van desde tratados comerciales, hasta los referentes a inmigración y otros

México susceptible a demandas internacionales
Ilustración: Ani Cortés/ EL UNIVERSAL.
Mundo 25/07/2021 02:15 Guadalupe Galván y Ángel Santamaría Actualizada 13:14
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México es signatario de diversos acuerdos internacionales, pero por incumplimiento o por cambio de políticas, se enfrenta al riesgo de una serie de demandas por temas que van desde comercio hasta medio ambiente y derechos humanos. Estos son algunos ejemplos:

T-MEC

El tratado comercial con Estados Unidos y Canadá incluye una serie de cláusulas para cumplir con requerimientos económicos, laborales y medioambientales.

El 12 de mayo se presentó la primera demanda laboral, bajo el mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, contra México por la presunta negación de los derechos de libre asociación y negociación colectiva a los trabajadores de General Motors en Silao, Guanajuato. El 8 de julio, EU y México acordaron la realización de una nueva votación sindical para resolver el conflicto.

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La segunda, el mismo mes, fue presentada por la AFL-CIO, en conjunto con el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios (SNITIS) y Ciudadano Público, contra la fábrica de autopartes Tridonex, en Matamoros, por la denuncia de los empleados de la empresa del acoso sufrido por querer formar el SNITIS para negociar mejores salarios y protecciones.

El mismo mes, un grupo encabezado por Finley Resources, una empresa de crudo y gas de Texas, introdujo una solicitud de arbitraje por 100 millones de dólares ante un tribunal del Banco Mundial, acusando a México de violar las protecciones a inversionistas incluidas en el T-MEC.

El tratado incluye una cláusula ambiental que busca promover políticas verdes, contrarias a la defensa de combustibles fósiles que promueve el actual gobierno mexicano. Por ahí podrían venir nuevas demandas, así como por los temas de la protección de la vaquita marina, la pesca ilegal en el golfo de México y la captura de tortugas marinas.

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También hay reclamos por la reforma eléctrica y energética del gobierno mexicano, que favorece la generación de energía a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex). Bajo el T-MEC, se prohíbe a los gobiernos favorecer a las empresas estatales.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió ya que la reforma contraviene los compromisos de México bajo el T-MEC y crearía un monopolio en el sector eléctrico, mientras que asociaciones industriales recurrieron a la Representación Comercial de EU (USTR), denunciando crecientes obstáculos de acceso al mercado y discriminación, violatorios del acuerdo trilateral.

El incumplimiento del tratado conlleva sanciones que van desde multas hasta la suspensión del tratamiento arancelario preferencial (en el caso de violación en el ámbito laboral), denegación de entrada de mercancías e incluso cancelación del pacto.

TLCUEM

El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) aún no es un pacto final, está todavía en proceso de revisión jurídica y se espera que sea firmado en los próximos meses, para luego someterlo a la ratificación de los Parlamentos; sin embargo, la contrarreforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador parece ser una traba.

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El embajador de la Unión Europea (UE) en México, Gautier Mignot, ha dicho que al bloque le interesa el tema de la transición verde y las energías limpias, por lo que urgió al gobierno mexicano a avanzar en el cambio energético para acelerar la generación de energías renovables y amigables con el medio ambiente.

Eurodiputados también han mostrado su inconformidad con la ley eléctrica de López Obrador. Como otros tratados internacionales, incluye cláusulas y sistemas de control para garantizar el cumplimiento de las reglas. Un cambio en ellas puede derivar en sanciones o terminar en un conflicto dirimido en tribunales internacionales.

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

México se sumó en 2008, e incluye a 11 países [EU lo abandonó en 2017]: Brunéi, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia, Perú y Vietnam.

El objetivo es rebajar barreras comerciales, pero también reforzar estándares en materia laboral y ambiental.

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La reforma energética del gobierno mexicano, particularmente la Ley de Hidrocarburos, que limita la participación de privados en las áreas de almacenamiento, comercialización y distribución de hidrocarburos y combustibles, puede desatar quejas de los países que forman parte del acuerdo, porque se firmó con otras leyes vigentes, y los cambios de reglas pueden generar daños y llevar a los demás firmantes del pacto a buscar reparaciones, al hacerse inviables sus operaciones, e incluso a llevar sus casos a tribunales internacionales.

Acuerdos de París

México es uno de los signatarios de los Acuerdos de París, que ratificó en 2016, para combatir el cambio climático.

El país se comprometió a reducir 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 (en comparación con el nivel proyectado para ese año si no hubiera disminución) y 51% de carbono negro; bajar emisiones del sector industrial, generando 35% de energía limpia para 2024 y 43% a 2030; alcanzar, para 2030, tasa cero de deforestación, conservar y restaurar ecosistemas.

Sin embargo, aunque es uno de los países del G20 donde se prevé habrá un mayor declive en la emisión de GEI, entre 1990 y 2017 las emisiones mantuvieron una tendencia al alza, con un incremento de 63% en ese lapso.

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El Climate Action Tracker, un grupo de análisis científico que da seguimiento a las acciones de los países, advierte que los esfuerzos de México son “faltos de ambición” e “insuficientes” para lograr la meta establecida.

Las fuentes fósiles representaban, hasta diciembre de 2020, 89% de la oferta primaria de energía, de acuerdo con la Iniciativa Climática de México.

Los Acuerdos de París son jurídicamente vinculantes para los Estados que lo ratificaron y existe un mecanismo de revisión de compromisos del que se encarga un comité. Aunque no tiene naturaleza sancionadora o contenciosa, es una medida de presión para los países firmantes.

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Archivo. AP

Corte Penal Internacional (CPI)

México es una de las naciones signatarias del Estatuto de Roma, con lo que reconoce la jurisdicción de la CPI en caso de que el organismo compruebe que el país cumple con los requisitos para investigar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra.

El país está bajo análisis de la fiscalía de la CPI después de que organizaciones de la sociedad civil, familiares de víctimas, entre otras, acusaran en 2017 crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2006 como parte de la guerra contra el narcotráfico y pidieran a la corte indagar.

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En junio pasado, la Federación Internacional por los Derechos Humanos denunció y pidió a la CPI iniciar una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Nayarit.

Si la CPI determina que existen tales crímenes, el tribunal tiene la capacidad de enjuiciar a los responsables y deslindar responsabilidades (incluyendo multas y decomiso de bienes).

Agua

En 1944, México firmó un Tratado de Aguas con Estados Unidos que establece que México debe entregar cada quinquenio poco más de 2 mil 100 millones de metros cúbicos al vecino del norte por el Río Bravo que comparten, mientras que Estados Unidos cede al país, cada año, mil 850 millones de metros cúbicos del Río Colorado.

En septiembre de 2020, campesinos mexicanos de los estados fronterizos se negaron a que los estadounidenses dispusieran del agua de La Boquilla, en Chihuahua. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que intervenir y determinó usar agua de otras presas. El incumplimiento de este tratado conlleva sanciones, incluyendo comerciales.

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Migración

En este tema y en derechos humanos, diversos organismos y ONG han denunciado que en el país aún falta mucho por hacer, pese al cambio de gobierno con Andrés Manuel López Obrador.

En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que las políticas aplicadas por México y Estados Unidos para frenar el flujo migratorio eran violatorias.

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A principios de julio de este año, organizaciones expusieron ante la CIDH prácticas como las “devoluciones en caliente”, asegurando que criminalizan la migración. La CIDH tiene entre sus atributos recomendar a los miembros de la Organización de los Estados Americanos (como México) la adopción de medidas que contribuyan a la protección de derechos humanos.

También puede solicitar la intervención de la Corte Interamericana (Corte IDH), a fin de que este órgano dicte —con carácter vinculante— de “medidas provisionales” en casos de extrema gravedad; la Corte IDH se encarga, además, de supervisar el cumplimiento de las sentencias.

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