Menú de Ortega contra prensa libre en Nicaragua: cárcel, aduanas, represión y exilio

San José.- Una gruesa cadena entrelazada apareció durante varios días de este año en la parte superior de la primera plana del periódico La Prensa , el principal de Nicaragua .

La sorprendente e inusual imagen solo exhibió una realidad: la desesperación de la prensa “no oficialista” nicaragüense ante el menú del presidente de Nicaraga , Daniel Ortega , y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo , para atacar la libertad de expresión en un país sumido en su más grave conflicto político del siglo XXI .

Tras las protestas antigubernamentales que estallaron el 18 de abril de 2018 y provocaron la peor crisis generalizada en Nicaragua desde 1990, Ortega y Murillo arrinconaron al sector independiente de periodistas y medios de comunicación, desde los periódicos impresos y las radioemisoras hasta las estaciones televisivas y los servicios noticiosos digitales, pasando por vías alternas de expresión.

“24 semanas de bloqueo aduanero”, denunció La Prensa en su primera página del martes 12 de febrero, en un reiterado mensaje para denunciar un “embargo de insumos”, porque el gobierno de Ortega prohibió a las aduanas de Nicaragua desalmacenar y liberar gran cantidad de papel que ese rotativo importó en 2018 para sus actividades normales.

“Esta es otra forma de represión que usa la dictadura para aniquilar la libertad de expresión”, advirtió la portada del rotativo, obligado a reducir su número de páginas por falta de materia prima esencial y en una maniobra oficialista que pone en duda el futuro del influyente matutino.

La Prensa cumplirá 93 años el próximo 26 de marzo, en una existencia plagada de peligros casi desde su nacimiento, primero por el asedio intenso de la derechista dictadura de la familia Somoza, de 1934 a 1979, luego por el acoso incesante de la izquierdista revolución sandinista, de 1979 a 1990, y de nuevo por la hostilidad renovada del régimen orteguista, a partir de 2007.

El diario padeció en el siglo XX los ataques armados de sus enemigos, el asesinato en 1978 de su director, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, atribuido al somocismo, y la clausura y la censura en la década de 1990, por orden del sandinismo.

La Prensa, sin embargo, es solo una parte del drama de la libertad de expresión que golpea al resto del gremio y en un escenario con un dilema general: la agresión a las libertades en Nicaragua que arreció hace casi 10 meses.

Sin éxito, EL UNIVERSAL intentó obtener una reacción del gobierno sobre las acusaciones de que coarta las libertades de expresión y de prensa. De manera reiterada, los aparatos oficialistas de prensa y propaganda alegaron que los medios de la oligarquía “vende patria” distorsionaron la realidad para convertirse en “fábricas de mentiras” y adujeron que libertad de expresión tampoco es tener derecho a desinformar.

Sangre. El conflicto arrojó un saldo negativo para la prensa “no oficial”. Al menos 66 comunicadores huyeron al exterior en casi 10 meses de crisis.

El reportero nicaragüense Ángel Gahona pereció en los disturbios de abril en el Caribe y emergió como primera víctima mortal del periodismo en la actual conflagración de un país en aguda inestabilidad política, acelerado derrumbe socioeconómico, creciente deterioro de los derechos humanos y sin panorama real de arreglo.

“Esto es el resultado del totalitarismo de Ortega”, acusó la periodista nicaraguense Elizabeth Romero, una de las más experimentadas de Nicaragua y quien laboró 34 años en La Prensa hasta enero de este año.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, Romero narró desde Managua que el ataque a la libertad de expresión “es el resultado del secretismo del que se ha rodeado Ortega al retornar al poder en 2007. Esto no es nuevo: esta situación empezó a profundizarse a los pocos meses de que Ortega regresó al poder y se fueron dando visos de lo que sería el tratamiento al periodismo nacional”.

A partir de 2007 “se cerró a los medios independientes el acceso a fuentes e información oficial, para querer meter a todos en un mismo bolsón y que no haya críticas ni preguntas incómodas. Esto se profundizó desde abril (de 2018) cuando los medios independientes empezamos a cubrir a lo que estaba pasando. El régimen solo quiere que se diga la parte que le interesa, no lo que le incomoda”, narró.

La persecución de Ortega contra comunicadores y medios nicaragüenses alcanzó en diciembre pasado al diario digital Confidencial y a los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios, hijo de la ex presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios viuda de Chamorro (1990—2017) y del asesinado director de La Prensa.

Chamorro Barrios huyó de Nicaragua a Costa Rica a principios de enero anterior. En la década de 1980, Chamorro Barrios fue aliado de Ortega como director del diario Barricada, órgano oficial del ex guerrillero, izquierdista y gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de nuevo en el poder desde 2007.

Con Barricada bajo la dirección de Chamorro Barrios, Ortega clausuró La Prensa varias veces en el decenio de 1980. Luego de que Barrios derrotó en elecciones a Ortega en 1990, el FSLN sufrió varias fracturas y Chamorro Barrios rompió con ese partido y se consolidó como una de las principales voces del “anti—orteguismo” o “anti—frentismo”.

En prisión. En el caso de arrestos de comunicadores, dos fueron detenidos el 21 de diciembre anterior por orden de Ortega y están presos en Managua: Lucía Pineda, nicaraguense—costarricense, y Miguel Mora, nicaragüense, ambos del telediario capitalino 100% Noticias.

Pineda y Mora están acusados de “fomentar e incitar al odio y la violencia” y procesados por los presuntos delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.

Las instalaciones de 100% Noticias están tomadas por fuerzas policiales y el medio quedó fuera del aire a inicios de diciembre de 2018, por disposición gubernamental. El telenoticiero fue una de las escasas fuentes de información claves del periodismo independiente de Nicaragua, junto los grupos de medios de La Prensa y a Confidencial.

La crisis emergió en abril de 2018 en repudio a una reforma a la seguridad social que Ortega debió eliminar en un intento fallido por contener las protestas. En vez de perder fuerza, los reclamos callejeros cívicos ganaron potencia, exigieron el fin de lo que calificaron como régimen dinástico dictatorial de Ortega y Murillo y clamaron por democracia, justicia y libertad.

El dúo gobernante respondió con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), definió en diversos informes como una masiva e indiscriminada represión ejecutada por fuerzas policiales y paramilitares obedientes al régimen. La violencia ya dejó al menos 325 muertos, pero Ortega aseveró que son 198.

La pareja presidencial negó ser culpable de la represión y replicó que fue víctima de lo que catalogó como golpe de Estado que las fuerzas derechistas nicaragüenses lanzaron sin éxito en su contra con respaldo de Estados Unidos.