Juez pide prisión preventiva para Kirchner

El juez argentino Claudio Bonadio pidió prisión preventiva para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que acusó de “traición a la patria” por encubrir a iraníes imputados por el atentado contra el centro judío AMIA, ocurrido en 1994.

El magistrado pidió además el desafuero de la ahora senadora para poder detenerla. El caso pasa ahora a manos del Senado.

Activistas peronistas y de izquierda convocaron a una manifestación en la Plaza de Mayo. “En la Argentina de [el presidente Mauricio] Macri tenemos presos políticos. Se ha conformado una tríada autoritaria entre el poder económico, jueces federales y el gobierno”, dijo uno de los convocantes, el líder sindical Roberto Baradel.

En respuesta, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo en rueda de prensa que el caso “requiere una investigación muy bien hecha y un debido proceso de defensa para los acusados. No nos corresponde opinar sobre la decisión del juez”.

La senadora Kirchner, que acaba de jurar su banca y asume la semana próxima, denunció en una conferencia de prensa una “persecución política, inédita en tiempos democráticos, de hostigamiento y humillación”.

Bonadio acusó a Kirchner, de 64 años, de impulsar “un plan criminal orquestado” con Irán para dotar de impunidad a los iraníes imputados por el atentado, que dejó 85 muertos y 300 heridos, en un caso que no tiene ningún detenido.

“Desde el punto de vista jurídico es un despropósito, un verdadero exceso”, insistió. Se trata de una causa judicial “armada e inventada”, afirmó la ex mandataria.

Kirchner dijo incluso que “posiblemente” recurrirá la medida ante algún tribunal internacional.

La ex presidenta también responsabilizó a Macri de liderar “una organización política y judicial para perseguir a la oposición”.

“Esta orquestación política tiene responsables: Mauricio Macri es el director de la orquesta y en este caso [el juez] Bonadio ejecuta la partitura judicial”, agregó la senadora. También llamó a sus seguidores a una “reacción serena” y a responder “por la vía política este desvarío judicial”.

El Senado tiene 60 días para pronunciarse sobre el pedido de desafuero del juez. Para ser aprobado necesita el apoyo de dos tercios de los presentes y no está claro que los logre.

“No veo que haya número suficiente de legisladores para desaforarla”, dijo a la AFP el sociólogo y consultor político Ricardo Rouvier.