Jóvenes australianos, por el derecho a amar en libertad

Todos deberían poder casarse con la persona que desean. Es la opinión de Lara Vrkic, consultora de reclutamiento de 26 años y quien vive en Melbourne, Australia, donde el miércoles pasado se realizó una consulta en la que una abrumadora mayoría votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En diálogo telefónico con EL UNIVERSAL, Lara, perteneciente a la comunidad LGBTTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, intersexual y queer), afirma que el matrimonio igualitario no es un tema político, sino una cuestión de derechos humanos. “Existe un problema continuo de discriminación por parte de los organizadores de bodas en contra de la comunidad LGBTTIQ, pero nos encontramos más unidos que nunca y esto sólo llevará un poco de tiempo. Las noticias en Australia han transmitido reportajes de pasteleros homofóbicos que se han rehusado a preparar pasteles de boda, lo cual me deja incrédula”, comenta.

Alrededor de 7.8 millones de australianos (61.6%) se pronunciaron a favor del sí a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, mientras que unos 4.8 millones (38.4 %) lo hicieron por el no, de acuerdo a los resultados anunciados por la Oficina Australiana de Estadísticas.

Si bien la consulta no fue vinculante, el primer ministro Malcolm Turnbull se comprometió a presentar el proyecto al Parlamento para que sea votado antes de Navidad. “La voz de los australianos deberá ser respetada”, subrayó el premier en un mensaje.

Los resultados de la consulta fueron recibidis con gran alegría en ciudades como Sidney y Melbourne, en donde hubo congregaciones de activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBTTIQ quienes celebraron con aplausos acompañados de humo de colores, confetti y banderas arcoíris a favor de la diversidad sexual.

“No quiero ser amigo de alguien que desapruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo, desde mi punto de vista todas las personas tienen el derecho de amar a quienes quieran, no solamente la población heterosexual”, afirma Ursula Kernan para EL UNIVERSAL, habitante de 22 años de Sidney, quien afirma que votó a favor del matrimonio igualitario con la esperanza de que éste sea aprobado legalmente en Australia.

En 2015, el entonces primer ministro de Australia, Tony Abbott, anunció que habría un voto nacional para decidir la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, no pudo conseguir los fondos para celebrar el plebiscito, situación que Turnbull logró llevar a cabo meses después.

Los resultados del pasado miércoles representan un hito para los movimientos en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en el país, que han luchado por décadas en la búsqueda de los derechos de las personas homosexuales y del matrimonio igualitario, pero también pusieron en evidencia las profundas divisiones que existen sobre el tema en la sociedad australiana en la actualidad.

“La procreación está diseñada para darse entre hombres y mujeres, la continuidad de la familia y de la sociedad se basa en continuar por ese camino. Yo amo a la gente que votó por el sí, el resultado no cambiará la relación que tengo con ellos, pero no comparto sus ideas”, explica para EL UNIVERSAL, Noemi Hernández.

Esta mexicana de 30 años de edad, quien radica en Melbourne desde hace más de dos años, argumenta que las campañas llevadas a favor del sí rebasaron “ciertos límites”, ya que el gobierno envió un mensaje a favor de la legalización a través de todas las compañías telefónicas, algo a lo que las instituciones religiosas no tiene acceso ni permiso de hacer, sin embargo, piensa que la Iglesia no se va a oponer a oficiar ceremonias de personas del mismo sexo, ya que eso podría ser considerado como racismo en la sociedad.

Australia, nación que acepta la unión civil de personas homosexuales en varios de sus estados, ha recibido críticas por parte de distintas organizaciones no gubernamentales debido a la lentitud en la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, descontento que ha crecido ya que en el pasado han sido rechazadas propuestas legislativas similares en los estados de Tasmania y Nueva Gales del Sur.