Hidroeléctrica, detrás de homicidio de activista, revelan

La ambientalista hondureña Berta Cáceres fue ultimada a balazos en marzo de 2016 por una red criminal integrada por directivos y empleados de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos (DESA), de Honduras, agentes estatales y sicarios de ese país, que conspiró desde 2015 para asesinarla por organizar un movimiento popular opuesto a que se construyera una represa.

La conclusión está en un informe sobre el asesinato que el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) difundió ayer en Tegucigalpa y del que tiene copia EL UNIVERSAL.

El GAIPE es una instancia independiente de cinco miembros, creada a finales de 2016 por la familia de Cáceres, con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, ante lo que denunció como falta de una indagación exhaustiva del Ministerio Público para investigar el asesinato.

Cáceres, ambientalista, feminista, defensora indígena, activista de los derechos humanos y opositora gubernamental, fue asesinada en su casa del departamento de Intibucá. Como lideresa del no estatal Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, encabezó el rechazo a la iniciativa de DESA de construir una represa hidroeléctrica en el occidente del país, por su impacto ambiental y cultural en tierras históricamente de indígenas.

De manera reiterada, ante los cuestionamientos en su contra, la compañía DESA rechazó estar involucrada en el crimen. El gobierno de Honduras también desmintió tener responsabilidad.

El GAIPE aseguró, no obstante, que tras analizar gran cantidad de datos en poder del MP, testimonios y pruebas documentales, determinó que la fiscalía general de ese país “cuenta con información conclusiva para llegar a los responsables intelectuales” del asesinato.

“Se constata la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato”, reveló, al destacar que hubo asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.

Intelectuales. Tras recordar que hay ocho hombres presos y sindicados como “autores materiales del asesinato”, alegó que el MP “no ha mostrado avances en relación a las autorías intelectuales, pese a tener evidencia suficiente para impulsar nuevas líneas de investigación”.

El reporte “evidencia el vínculo de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato”, aseguró. La prueba, añadió, es parte del informe “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”, que reúne y sintetiza el análisis de más de 40 mil páginas de registros telefónicos, chats, mensajes de texto, estudios de sistemas de posicionamiento global y correos extraídos de algunos teléfonos celulares incautados en la investigación penal.

El plan de asesinato inició en noviembre de 2015 y la información reveló que hubo un fallido intento de homicidio a inicios de febrero del 2016, aseveró.