Resumen

Un tribunal de conciencia dictó este viernes una sentencia en la que responsabilizó a Daniel Ortega y a Rosario Murillo de violaciones sexuales y torturas contra 18 nicaragüenses, 11 mujeres y 7 hombres, en las protestas de 2018

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Foto: Archivo EL UNIVERSAL
11/09/2020 22:28
José Meléndez / corresponsal

Cuerpo

San José.- Un tribunal internacional de conciencia que sesionó esta semana en Costa Rica declaró culpable al Estado de Nicaragua de un crimen de lesa humanidad por las torturas y las violaciones sexuales en contra de 18 nicaragüenses—11 mujeres y 7 hombres—cometidas por autoridades del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para reprimir las protestas opositoras que estallaron en ese país en abril de 2018.

En su sentencia, dictada este viernes en la capital costarricense, el tribunal resolvió que “la violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un crimen de tortura y que esas torturas se cometieron de manera sistemática por agentes del estado contra la población civil nicaragüense, constituyendo por tanto un crimen de lesa humanidad”.

“Tras haber revisado minuciosamente los peritajes y otras pruebas a disposición de este tribunal, no cabe duda (de) que el estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país”, puntualizó.

Al explicar que recibió el testimonio de las 18 personas que sufrieron los abusos mientras estuvieron encarceladas “de manera arbitraria” y en el contexto de las protestas, el tribunal adujo que “todas ellas fueron trasladadas a dependencias policías o fincas privadas en diferentes partes del país”.

“Una vez allí, todas estas personas fueron custodiadas y sujetas al control y voluntad de fuerzas policiales y parapoliciales de la misma manera”, y todas “fueron sometidas a similares torturas y vejaciones”, detalló.

El veredicto, del que EL UNIVERSAL tiene copia, fue emitido por el tribunal en representación de la Plataforma de Acceso a la Justicia, una organización no estatal de América Latina y el Caribe y bajo el auspicio de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, una institución no estatal de Costa Rica con proyección internacional.

La resolución fue suscrita en su totalidad por juristas mujeres—las costarricenses Sonia Picado y Alda Facio, la española Almudena Bernabéu y la colombiana Clemencia Correa—y aunque carece de un carácter vinculante u obligatorio para que sea acatado por el gobierno de Nicaragua, emergió como un
contundente pronunciamiento moral dictado por prestigiosos sectores de la comunidad internacional.

Sin dudas

Entre otros elementos, el fallo estableció que “los testimonios recogidos y analizados no dejan dudas sobre la práctica de la tortura en Nicaragua en el marco de las protestas que iniciaron en el 2018, ni sobre el uso de la violación sexual como una expresión de tortura que se implementó
indiscriminadamente”.

“La tortura sexual, particularmente la violación sexual, ha sido parte de un plan sistemático de autoridades nicaragüenses, acompañado de la promoción de la impunidad en materia de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El Estado nicaragüense ha cometido crímenes contra la humanidad, con participación de autores materiales e intelectuales”, añadió.

Nicaragua registró el 18 de abril de 2018 un sorpresivo y violento estallido de un multitudinario movimiento antigubernamental. Miles de nicaragüenses se lanzaron a las calles tras una presión contenida de más 10 años de forcejeos políticos desde que, en 2007, Ortega asumió la presidencia e inició el primero de sus tres quinquenios consecutivos que deberían concluir en enero de 2022.

La protesta nació en rechazo a un plan oficialista de reformar la seguridad social. Ortega cedió al acoso popular, anuló su iniciativa y fracasó en aplacar el brote, que ganó fuerza y detonó en un reclamo incesante de democracia y de repudio a un régimen al que se le acusó de dinastía dictatorial y de corrupción con nepotismo.

Bajo el alegato de defenderse de un intento terrorista de golpe de Estado, Ortega desató la represión y la intolerancia, en una represión en la que su esposa, la vicepresidenta Murillo, ejerció un papel de mando.

Acusada por sus adversarios de ser una dictadura dinástica, la pareja presidencial rechazó reiteradamente todas las acusaciones en su contra acerca de que ordenaron una sangrienta represión política y de que violaron los derechos humanos.

El conteo de redes independientes de derechos humanos llegó a unos 325 muertos, pero el gobierno los fijó en unos 200. El escenario combinó postración socioeconómica, imparable deterioro institucional y persistente migración regular o irregular a Costa Rica y otros países del área.

Valientes

El tribunal concluyó que “los testimonios de personas valientes dan fe de la gravedad, escala, carácter sistemático y generalizado de la acción estatal”.

“Estos testimonios son sólo una pequeña muestra de eventos delictivos que merecen ser calificados de crímenes de lesa humanidad. Crímenes condenados por el mundo civilizado y que lesionan no sólo la integridad de las víctimas, sino también la conciencia y la dignidad humana en su globalidad”, aseveró.

“Por ende, sus autores y responsables son verdaderos enemigos del género humano y enemigos comunes de la humanidad en su conjunto. Este es un crimen que trasciende fronteras”, puntualizó.

Un peritaje de contexto incluido en la sentencia aclaró que en Nicaragua “con el regreso de Ortega al gobierno se inició un proceso progresivo de desmantelamiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, que se evidenció, entre otras cosas, en el control partidario y corrupto de los poderes
del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial)”.

También se produjo una “desarticulación de la infraestructura institucional concebida para la rendición de cuentas; irrespeto a los derechos ciudadanos consignados en la Constitución Política como la libertad de expresión; la eliminación de facto del derecho a la reunión pacífica, a la manifestación y movilización, el derecho a participar de los asuntos públicos, el irrespeto a la integridad física y a no ser detenidos por razones políticas”, indicó.

Un peritaje psicosocial concluyó que “para las víctimas, la tortura y la tortura sexual no son hechos que se encuentran en el pasado, sino que se actualizan a través de la re-experimentación traumática, produciendo un sufrimiento actual, que afecta todos los ámbitos de su vida”

“Además, la tortura sexual reproduce la violencia y la discriminación contra las mujeres y la población LGBTTTIQ, así como la reafirmación del poder masculino-estatal a través de la violación sexual. Esta violencia ha sido naturalizada e invisibilizada, articulándose con el discurso de odio para dar lugar a
actos de extrema crueldad contra quienes participaron en las protestas”, señaló.

Aparte de imponer una serie de medidas de reparación, el tribunal exhortó a “la comunidad internacional” por medio de instancias de protección de los derechos humanos de las organizaciones de Estados Americanos y de Naciones Unidas “a prevenir que estos crímenes de lesa humanidad no vuelvan a repetirse”.

Por eso, pidió “sancionar a los responsables de los hechos probados” y “reparar en forma integral y transformadora a las víctimas del delito”.