Un ex presidente del Congreso de Guatemala, Aristides Crespo (2014-2015), fue detenido ayer por corrupción, y se unió así a otros dos diputados que ejercieron ese cargo durante el mandato del encarcelado ex presidente Otto Pérez (2012-2015) que guardan prisión.

Crespo, considerado el “hombre fuerte” del departamento sureño de Escuintla —uno de los más productivos del país— y reelegido diputado sin interrupciones —aunque por distintos partidos— desde 1990, es acusado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) por los delitos de peculado por sustracción, nombramientos ilegales y abuso de autoridad. Según las pesquisas del MP, Crespo y otros miembros de la directiva del organismo en ese periodo hicieron al menos 169 contrataciones irregulares con salarios de 2 mil dólares o más, muchos de cuyos beneficiados no llegaron a trabajar y tenían plazas en otras instituciones del Estado.

Durante el proceso electoral de 2011, Crespo se hizo miembro del desaparecido Partido Patriota (PP), que llevó a la presidencia a Pérez en 2012. Eso le permitió asumir por un año la presidencia del legislativo en enero de 2014.

Antes ocuparon el cargo Gudy Rivera (2012-2013) y Pedro Muadi (2013-2014), miembros del entonces oficialista PP. Rivera fue sentenciado el 28 de octubre de 2016 a 13 años y 4 meses de prisión por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias.

Ello después de que una magistrada de apelaciones denunciara que el entonces diputado la presionó para que revirtiera el fallo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que en 2014 suspendió a la entonces secretaria general del PP y vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, quien también se encuentra en prisión. Por su parte, Muadi fue detenido en octubre de 2015 por el otorgamiento anómalo de plazas en el Parlamento para beneficio personal. El 1 de agosto de 2017 un juez resolvió enviarlo a juicio oral y público, el cual aún no comenzó. Es acusado de los delitos de peculado por sustracción en forma continuada.

En abril de 2015 la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU para enfrentar a las mafias en el país centroamericano, emprendió una serie de investigaciones de corrupción que acabaron con el régimen de Pérez, un general retirado, quien dimitió el 2 de septiembre.

En tanto, los guatemaltecos respondieron con indignación a las declaraciones del lunes del presidente Jimmy Morales, quien defendió que lujos personales como lentes s de marca, licores, masajes y flores sean adquiridos con fondos del erario público y no con su salario.

“¿Por qué es que yo tengo que pagar (los artículos de lujo) de mi salario?”, preguntó el lunes el gobernante ante cuestionamientos por los onerosas adquisiciones de la Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia (SAAS), ente encargado de la seguridad presidencial.

La semana pasada, el matutino Nuestro Diario publicó que la SAAS adquirió más de 8 mil artículos personales para el gobernante durante 2017, por unos 42 mil dólares, incluyendo 9 mil 230 dólares en compra y reparación de un par de lentes de marca, 4 mil 20 dólares en ropa deportiva y licores, 3 mil 930 dólares en lavandería y 530 dólares en champú y gel para el cabello. El jefe de la SAAS, Orlando Ramírez, reconoció que son compras para el mandatario al justificar que el presidente necesita tener un “perfil alto”.

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