Fin del DACA, oportunidad de dreamers para nueva batalla en EU

El anuncio, por parte del presidente Donald Trump la semana pasada, de que estaba cancelando DACA, el programa que protege de la deportación a los llamados soñadores, jóvenes que llegaron a Estados Unidos de forma indocumentada antes de cumplir los 16 años, ha generado una reacción más fuerte de lo esperado en el país.

Trump aceptó anunciar la cancelación pero posponer la implementación durante seis meses y que la eliminación del programa sea de manera gradual después. Esto abre una ventana política para un acuerdo en el Congreso de EU que legalizaría definitivamente a los soñadores. No hay certidumbre de que se dé, pero hay razones para creer que un acuerdo político es mucho más alcanzable ahora que en otros momentos y que esto podría inclusive cambiar algunas de las dinámicas del debate migratorio en EU hacia el futuro.

En 2012 el entonces presidente Barack Obama, frente al fracaso del Congreso en aprobar una legislación para legalizar a los soñadores, decretó por orden administrativa la creación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para protegerlos de la deportación y dotarlos de un permiso de trabajo renovable cada dos años. Para participar en DACA, los indocumentados necesitaban haber sido menores de 31 años en 2012, haber entrado a EU antes de cumplir los 16 años, haber vivido en el país desde 2007, estar inscritos en escuela secundaria o haber terminado la preparatoria, o estar inscritos en el servicio militar.

Un total de 788 mil jóvenes —618 mil de ellos de México—, han accedido al programa, legalizando su estatus al menos de forma temporal. La mayoría de ellos viven en los estados de California, Texas y Illinois. Hallazgos de estudios realizados por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI) demuestran que en promedio, los que entraron en el programa han mejorado su nivel educativo y su situación laboral notablemente comparado con otros jóvenes inmigrantes que no lo hicieron o no pudieron, por lo que es fácil concluir que tuvo efectos positivos para ellos y para el país, que se benefició de su mayor nivel de capital humano, sus talentos y sus contribuciones económicas y fiscales.

La cancelación del programa, desde luego, pone en riesgo estos avances y afecta no sólo a los jóvenes mismos sino a sectores de la economía estadounidense. El gobierno no aceptará nuevas solicitudes y sólo aquellos inmigrantes con permisos que expiren antes del 5 de marzo podrán renovar su solicitud por dos años más. De otra manera, jóvenes con permisos que expiren después de esta fecha no tendrán otro recurso. Sin embargo, la decisión de prorrogar la implementación por seis meses también abre un debate en el Congreso sobre si pueden encontrar una solución permanente para este grupo.

Hasta ahora, todo parece indicar que hay una gran ola de presión social, por parte de los soñadores, que son muy organizados y efectivos, y sus aliados para lograr un debate legislativo, y la opinión pública masivamente apoya una solución. De hecho, es bastante sorprendente el nivel de apoyo público a los soñadores dado los conflictos que se han vivido en otros temas migratorios en el país y lo dividido de la opinión publica sobre otras políticas públicas en cuanto a migración. Algunas encuestas sugieren que una mayoría de demócratas, republicanos e independientes apoyan una legalización permanente para este grupo.

Pero como en todo debate político, el diablo está en los detalles, y aquí andan muchos diablitos sueltos. Los líderes demócratas están insistiendo en sostener un voto para legalizar a los soñadores sin otras condiciones. Mientras tanto líderes republicanos, incluyendo al líder de la Cámara Baja Paul Ryan y el presidente Trump, insisten en aprobar un acuerdo que legalice a los soñadores a cambio de medidas de seguridad fronteriza o endurecimiento de las políticas de deportación. Parece en este momento una diferencia irreconciliable.

Pero en realidad, toda diferencia se puede reconciliar en la política si hay voluntad, y la correlación de fuerzas aquí determinará gran parte del desenlace. Es casi imposible imaginar que los republicanos y Trump aceptarían una reforma migratoria sin medidas de seguridad fronteriza. Pero es muy posible que debido a las circunstancias en que se encuentran acepten medidas mínimas —unas millas de muro fronterizo nuevo o número limitado de agentes fronterizos nuevos— a cambio de la legalización, algo que les dé a los republicanos un poco de credibilidad con su base sin ser muy significativo en la realidad.

Y esta negociación cruzará con otra coyuntura clave en diciembre, cuando el Congreso tiene que aprobar el nuevo presupuesto del año y subir el techo de endeudamiento del gobierno federal, por lo cual los dos partidos tienen que ponerse de acuerdo. Estas decisiones tenían que haberse tomado en septiembre, pero esta misma semana Trump aceptó una propuesta demócrata para posponerlo hasta diciembre. Así que se acerca una tormenta perfecta —legislación migratoria, presupuesto federal y el techo de endeudamiento todo en un mismo mes y quizás un mismo paquete—.

Aquí radican la oportunidad y el peligro. Le da posibilidad a los demócratas y algunos republicanos clave que apoyan a los soñadores de asegurar un desenlace favorable, pero también existe el peligro de que el tema desaparezca entre otras negociaciones. En este momento, la atención pública al tema parece asegurar que no será fácil ignorarlo, pero siempre hay el peligro de que vaya perdiendo fuerza y atención de aquí a diciembre.

No sabemos aún que pasará con esta legislación, pero vale la pena empezar a pensar en la posibilidad de que sea aprobada y abra espacio para un debate más sensato y serio sobre otros temas migratorios en Estados Unidos. Una vez que los políticos hayan empezado a negociar en serio y quizás logrado algo en temas migratorios, quizás habrá el apetito para seguir con algunos de los otros temas apremiantes en la materia. Sólo el tiempo nos dirá.

*Andrew Selee es el presidente y Ariel Ruiz Soto un investigador en el Instituto de Políticas Migratorias (MPI) en Washington, DC.