La repentina acción por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, para suspender los pagos del gobierno federal a las aseguradoras de gastos médicos sacudió ayer tanto al mundo de la política como al sector salud, ya que amenaza con incrementar las primas para millones, desestabilizar el mercado de seguros y llevar a los republicanos a una guerra civil sobre sus esfuerzos por derogar la reforma sanitaria impulsada por Barack Obama, denominada Obamacare.

Los demócratas, convencidos de que tienen una ventaja importante, prometieron presionar por un acuerdo bipartidista para restaurar el dinero antes de que finalice el año. Eso podría dividir al Partido Republicano. Por un lado, habrá pragmáticos que busquen evitar daños políticos derivados de perjudicar a los consumidores. Y por el otro, estarán los conservadores que exigen un mayor debilitamiento de la Ley de Salud y Cuidados Asequibles como precio para devolver los fondos.

“El pueblo estadounidense sabrá exactamente a quién culpar”, declaró el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, prácticamente desafiando a Trump a agravar lo que podría ser un asunto central durante las elecciones legislativas de 2018.

El dinero en cuestión va a compañías para reducir gastos externos como pagos compartidos y deducibles para consumidores de ingresos bajos y medios. Este año la suma ronda los 7 mil millones de dólares y ayudará a más de 6 millones de personas.

Poner fin a los subsidios afectará a las aseguradoras, ya que la ley del presidente Barack Obama requiere que reduzcan sus costos para los consumidores más pobres. La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros estima que la medida de Trump produciría un incremento en las primas de 12% a 15%, mientras que la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso, un organismo apartidista, coloca esa cifra en 20%. Eso es adicional al incremento a las primas por el aumento en los costos de atención médica. Las fiscalías de California, Massachusetts, Kentucky y Connecticut anunciaron una demanda conjunta por la decisión del gobierno de suspender los subsidios, algo que llamaron “sabotaje”.

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