Crisis catalana, una amenaza económica

El gobierno español advirtió ayer que la crisis catalana puede dañar el crecimiento económico en 2018, aumentando así la presión sobre el presidente regional Carles Puigdemont, al que la facción más dura del separatismo está metiendo prisa para que la independencia entre en vigor.

“Vamos a tener una tasa de crecimiento inferior, que estamos acabando de estimar durante este fin de semana, inferior a la que habíamos proyectado inicialmente” para el año 2018, que era de 2.6%, afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos, en Washington, aunque sin especificar en cuánto podría recortarse. “Esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica”, dijo De Guindos, en referencia a la “incertidumbre e inquietud que ha generado Cataluña”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró su preocupación. “Si se prolonga la incertidumbre, eso podría tener un peso sobre el crecimiento, y obviamente queremos evitarlo”, dijo el director del FMI para Europa, Poul Thomsen. El jueves, la agencia calificadora Standard & Poor’s había advertido ya del riesgo de “recesión” en Cataluña.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió en Madrid incluso de una posible recesión de Cataluña, de donde en las últimas semanas han salido unas 40 empresas y bancos, incluyendo el tercer banco de España, CaixaBank, la multinacional energética Gas Natural y el operador de autopistas Abertis.

Su valor combinado supone 40% de las acciones de empresas catalanas que cotizan en la Bolsa de Madrid, y aunque no se anunciaron pérdidas de empleos, no está muy claro si las arcas de una Cataluña independiente acabarían ingresando algo de estas sociedades.

Según el Colegio de Registradores de España, 540 empresas en total iniciaron los trámites entre el 2 y el 11 de octubre para trasladar sus sedes fuera de Cataluña.

En un discurso el martes ante el Parlamento regional, el presidente Carles Puigdemont dejó en suspenso la declaración de independencia de Cataluña, para propiciar una mediación internacional en su pulso con Madrid. El gobierno español le pidió claridad.

El próximo lunes termina el plazo para que Puigdemont responda al requerimiento. Si el líder catalán no lo hace, o si responde que sí la declaró, tendrá hasta el jueves para rectificar; de lo contrario, se activará la segunda fase del artículo 155 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas. Así lo explicó ayer Sáenz, quien reiteró que las autoridades catalanas “aún están a tiempo de recuperar la normalidad institucional” y poner fin a la “inestabilidad”.

La vicepresidenta instó a Puigdemont a volver al orden constitucional y a que exponga sus propuestas en el Congreso de los Diputados, donde están los “mediadores”, aquellos que representan a “todo el pueblo español”, con lo que aludió a la solicitud de mediación internacional que hicieran las autoridades catalanas en los últimos días.

Puigdemont se encuentra entre dos fuegos: el de los empresarios, que prevén una “catástrofe” económica en caso de secesión, y el del ala dura del independentismo. El partido de extrema izquierda CUP, aliado clave del gobierno separatista catalán, lo instó ayer a levantar la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña, ante la amenaza de Madrid de arrebatarle competencias. “Sólo a través de la proclamación de la República seremos capaces de respetar lo que la mayoría expresó en las urnas” en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, señaló.