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Un tribunal de Costa Rica condenó ayer a 12 años de cárcel a un médico costarricense y a ocho a un empresario griego por el delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, como cabecillas locales de una red con nexos en Israel y Europa del Este que reclutó a 14 personas para el contrabando internacional de riñones.
El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José declaró culpables al nefrólogo Francisco José Mora Palma y al comerciante Dimosthenis Katisgiannis Kerkazi.
A Mora también se le acusó de peculado y se ordenó que ambos quedaran encarcelados por ocho meses, mientras su decisión queda en firme.
Por “dudas” y porque “no quedó debidamente acreditado el dolo”, absolvió a los médicos Massimiliano Anunzia Mauro Stamati, Víctor Hugo Monge Monge y Fabián Fonseca Guzmán.
La portavoz de la Fiscalía General, Tatiana Vargas, anunció que apelará, entre otros motivos, por las “dudas” del tribunal. La defensa de los condenados también podrá apelar.
La Fiscalía había solicitado al tribunal 751 años de prisión para los cinco involucrados.
El tráfico internacional de riñones fue destapado en mayo de 2013 por EL UNIVERSAL en una investigación que reveló que Costa Rica fue usado como “país anfitrión” del turismo médico para ocultar el tráfico ilícito de órganos controlado por un poderoso eslabón costarricense con nexos financieros en Israel y Europa del Este.
La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (policía técnica judicial) de este país comenzaron en junio de 2013 a hacer detenciones y a desarticular el “capítulo” Costa Rica del aparato trasnacional, que se promocionaba en internet. En este negocio se pagaban de 6 mil a 20 mil dólares por riñón.
Al justificar el veredicto, la presidenta del Tribunal, Lorena Blanco, explicó que aunque hubo 14 víctimas del negocio, fue un único delito.
Mora fue jefe de Nefrología del estatal Hospital Calderón Guardia, uno de los principales centros médicos públicos de Costa Rica.
Katisgiannis, propietario de una pizzería cercana al hospital, reclutó a personas de bajos recursos y en situación económica apremiante para comprarles un riñón.
Blanco afirmó que el médico y el comerciante siguieron una “conducta típica” del delito por el que se les acusó.
El nefrólogo “se valió” de su posición para “crear” un grupo y reclutó a personas “dispuestas a dar su órgano” a cambio de dinero. Los riñones eran vendidos a extranjeros —esencialmente israelíes— con insuficiencia renal, precisó.
La Fiscalía indicó que, pese a que apelará en los próximos 15 días, se trata de una resolución histórica para el país por que fue un proceso en el que por primera vez se juzgó la trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos.
