Centroamérica busca blindarse ante ataque del Covid-19

San José, Costa Rica.- Con la ausencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele , los jefes de Estado y de Gobierno de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Belice, Panamá, Honduras y República Dominicana acordaron ayer intentar establecer un blindaje sanitario, migratorio, económico, comercial, financiero y político para tratar de enfrentar en conjunto el ataque regional y por país del coronavirus o Covid-19 y mitigar su impacto.

El acuerdo fue adoptado en una sesión vía teleconferencia entre los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado, de Guatemala, Alejandro Giammattei, de Honduras, Juan Orlando Hernández, de Nicaragua, Daniel Ortega, de Panamá, Laurentino Cortizo, y de República Dominicana, Danilo Medina, y el primer ministro de Belice, Dean Barrow.

Ninguna fuente oficial explicó las razones de la ausencia de Bukele en la cita y de El Salvador en la suscripción virtual de la declaración.

También lee:

Los siete países y El Salvador forman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) , que es el principal aparato de concertación regional en cuestiones políticas, sociales, económicas e institucionales.

Costa Rica, Panamá, Honduras y República Dominicana ya reconfirmaron casos de la enfermedad, que surgió en diciembre de 2019 en China y que fue catalogada el miércoles anterior por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, por su impacto mortal global. Nicaragua, El Salvador, Belice y Guatemala siguen sin reportar la presencia del Covid-19.

Sin embargo, y previo a la teleconferencia, las ocho naciones definieron múltiples protocolos de respuesta interna ante la amenaza de la enfermedad.

Fragilidad y peligro

Con excepción de Costa Rica y Panamá, que disponen de sistemas públicos de salud y seguridad social más sólidos o menos vulnerables a las turbulencias socioeconómicas y sanitarias, los demás países exhiben frágiles mecanismos estatales de salubridad.

Con una población de unos 58 millones de habitantes, de los que al menos 22 millones están en variados rangos de pobreza, las ocho naciones del SICA tienen 7,1 millones de personas en malnutrición, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Con este acuciante panorama de inseguridad alimentaria y con extensos sectores carentes de agua potable y de condiciones mínimas de higiene, el coronavirus podría asestar un fuerte golpe a la salud en Centroamérica con sus secuelas socioeconómicas y políticas.

Para agudizar una situación general que se agravó en el siglo XXI, la zona consolidó sus características de profunda inseguridad y violencia, corrupción política, base del crimen organizado transnacional y puente de migrantes irregulares de América, Asia y África hacia México y Estados Unidos que podrían ser portadores del virus.

Pese a las carencias, los gastos militares de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, que están entre las naciones más pobres de América, aumentaron de 981,4 millones de dólares en 2008 a mil 638,6 millones de dólares en 2018, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés), centro global de monitoreo de defensa y seguridad.

Costa Rica eliminó su ejército en 1948 y Panamá en 1992. El gasto militar de Belice, con apenas unos 280 mil habitantes y que también sufre una debilidad en su estructura de sanidad, subió de 19,7 millones de dólares en 2008 a 23,1 millones de dólares en 2018, de acuerdo con SIPRI.

En este escenario, los siete gobernantes adoptaron ayer, entre otras, las siguientes medidas de urgencia:

Instruir a cancilleres y ministros de Salud del SICA que elaboren un “Plan de Contingencia Regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades de rápida propagación” y mantener una “fluida comunicación” sobre la evolución natural de la enfermedad, los nuevos casos positivos y las medidas de respuesta ante la pandemia.

Recomendar a los ministros de Salud que garanticen el abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos, materias primas y otros bienes necesarios para la producción y comercialización de medicamentos e insumos necesarios para prevenir, contener y tratar al Covid—19 y otras enfermedades de rápida diseminación.

Pedir a jerarcas de migración y ministros de Salud que definan procedimientos comunes para reforzar las medidas adoptadas relacionadas a viajeros para responder a la pandemia en todos los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos, y proteger la seguridad humana y la salud de dichas personas cualquiera sea su nacionalidad.

Solicitar a los ministros de Economía del área que garanticen la fluidez de las operaciones del comercio internacional con las regulaciones regionales vigentes, en estrecha coordinación con autoridades aduaneras, sanitarias y migratorias para evitar impactos negativos en el andamiaje económico y productivo de la región.

Coordinar en sus unidades de protección al consumir para evitar el desabastecimiento, acaparamiento y especulación de precios, de mercancías de consumo básico, medicamentos, dispositivos médicos, materias primas y otros bienes necesarios para la producción y comercialización de medicamentos e insumos necesarios para enfrentar al coronavirus.

Los ministros de Hacienda del SICA deberán impulsar acciones conjuntas ante organismos financieros internacionales para financiar el Plan de Contingencia Regional.

Las autoridades monetarias de la zona tendrán la misión de monitorear la evolución de los indicadores económicos regionales y de advertir oportunamente de la necesidad de adoptar medidas que eviten impactos negativos en la actividad económica por impacto de la pandemia.

Gestionar ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que agilice las gestiones para que los países del SICA, en caso de ser necesario, utilicen un Fondo de Emergencia por 250 mil dólares para cada país miembro y atiendan las necesidades inmediatas por la pandemia, y que establezca las propuestas financieras pertinentes para abordar los impactos económicos provocados por el coronavirus, con prioridad a los sectores más afectados.