Cae presunto autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

Autoridades de Honduras capturaron al presunto autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres hace dos años: el presidente de la empresa que lideraba el proyecto energético contra el que la ambientalista luchó.

Según informó ayer el Ministerio Público en un comunicado, el detenido es Roberto David Castillo Mejía, un ingeniero eléctrico que en el momento del crimen fungía como presidente ejecutivo de la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Con Castillo ya son nueve los arrestados por su presunta participación en el homicidio, el 3 de marzo de 2016, de la premiada ecologista, cuando hombres armados entraron en su casa en La Esperanza en mitad de la noche. Cuatro de los detenidos trabajaban en DESA. Además, se procesó a dos investigadores por presentar pruebas falsas y tratar de desviar el caso en las primeras indagatorias.

Austra Flores, madre de Berta, consideró “satisfactorio” que hayan capturado a Castillo, pero añadió que espera que caigan “los otros peces grandes” y paguen por el asesinato de su hija.

Austra había denunciado que Berta le contó que Castillo la “hostigaba” e intentaba sobornarla con dinero y botellas de vino. “Ella rechazó todo”, enfatizó la madre, quien indicó que Castillo visitó en “dos noches seguidas” a su hija, dos días antes de que fuera asesinada.

El anuncio de la detención coincidió con una protesta por el segundo aniversario del crimen en la que activistas, amigos y familiares de Cáceres volvieron a reclamar justicia.

Cáceres, junto al colectivo al que pertenecía, COPINH, se oponía al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del pueblo indígena lenca. Por liderar esta lucha recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman.

De acuerdo a la investigación, Castillo fue “el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesado por el crimen”.

En octubre de 2017, un equipo internacional de abogados conocido por las siglas GAIPE, presentó un informe en el que decía haber identificado a los “posibles autores intelectuales” del crimen y apuntaba a los directivos de DESA sin mencionar ningún nombre. En este documento, los expertos también aseguraron que el homicidio fue producto de un complot, que había funcionarios públicos vinculados a la trama y que no se trataba de “un hecho aislado”.

Según GAIPE, el asesinato de Cáceres “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia... (y) actuaron en alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado”.

Las averiguaciones de GAIPE indicaron que, a través de comunicaciones entre empleados de DESA y funcionarios del gobierno, supieron que la compañía se alió desde el comienzo con organismos de seguridad estatales y privados para aplicar una estrategia de “control y represión” a los adversarios del proyecto, lo que incluía vigilar a Cáceres.

Durante el ataque que acabó con su vida también fue herido el activista mexicano Gustavo Castro Soto, que estaba con ella en su casa.

DESA ha rechazado sistemáticamente todas las acusaciones en su contra y atribuyó tales incriminaciones a quienes buscaban “perjudicar un proyecto de inversión social a partir de motivaciones políticas”.