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Texcoco, Méx.— Para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se explotan por lo menos 150 minas en 10 municipios del Estado de México de donde se extrae tezontle, arena y basalto, pero la mayoría no cuentan con permisos para su operación, denunció el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados federal, Rafael Hernández Soriano.

El legislador consideró que se comete un ecocidio porque la explotación de manera ilegal de las minas ha ocasionado un desequilibrio ecológico en la región nororiente del Valle de México, lo que afecta a las habitantes de esas comunidades.

“Hay un crimen porque debieron haber tenido la manifestación de impacto ambiental para saber qué hacer con los lodos, dónde depositarlos. Les valió un comino y les sigue valiendo la afectación. Además, requieren para el nuevo aeropuerto 64 millones de metros cúbicos de tezontle y 30 millones de basalto.

Las empresas tienen indicaciones directas de la Presidencia [de la República] de rellenar a como dé lugar el polígono y sacar material de donde sea a costa del desequilibrio ecológico y afectaciones”, acusó.

El congresista ha solicitado información a dependencias federales que participan en el proyecto aeroportuario y la Secretaría de la Defensa Nacional le informó que concedió 50 permisos a las empresas que se dedican a obtener los materiales.

Otras instancias oficiales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) no han respondido a las peticiones del diputado.

Debido a que no son supervisadas las minas, los empleados de las empresas que intervienen en su explotación emplean explosivos sin autorización, lo que ha dañado el entorno ecológico de la región como fuentes de agua, flora, fauna y mantos freáticos.

El grupo minero Betancourt abandonó dos cajas con 48 explosivos C4 de manufactura holandesa que utilizó para romper el basalto de Cerro Gordo, por lo que se iniciaron denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En la mina del Colorado, una zona de reserva donada a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), también se detectaron irregularidades en su operación, señaló el legislador federal perredista, lo que también daña el entorno del lugar.

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