“Somos —de los olvidados— los más olvidados”

Parte Dos:
Una sentencia no basta

Retrato de Rosalba Ruiz Bautista mostrando con orgullo su camiseta del equipo de Cachibol (Fotografía: Hans-Maximo Musielik)

Rosalba Ruiz Bautista, de 50 años, tiene una relación complicada con las rutinas. Fue su rutina de salir a desayunar cada domingo con su esposo Ricardo Monluí Cabrera en la región de Yanga en Veracruz lo que le permitió al asesino encontrarlos. Pero después de ese 19 de marzo de 2017, ha sido la rutina de despertarse a entrenar tres veces a la semana lo que le ha ayudado a rehacer su vida tras el homicidio de su esposo.

Ricardo y Rosalba se conocieron cuando ella empezó a hacer prácticas profesionales en la oficina de Ricardo, que era hermano de su profesor. Al poco tiempo se casaron por el civil y 10 años después celebraron su boda religiosa en compañía de sus tres hijos: Ricardo, Jonathan y Stefany. Desde que se casaron, Ricardo —que era periodista en Córdoba, Veracruz— fue el proveedor de la familia.

Historia 2La invitación a la boda de Ricardo y Rosalba, todavía en su envoltura original, y una foto de los novios en El Sol de Córdoba, periódico local donde Ricardo publicaba Crisol, su columna política, antes de ser asesinado. (Foto: Hans-Maximo Musielik. Documentos: Cortesía de Rosalba Ruiz)

En 1998 fundó su propio periódico, El Político de Xalapa, y su edición local, El Político de Córdoba, que toda la familia ayudaba a publicar. Rosalba transcribía entrevistas, juntos hacían viajes acompañando a Ricardo a cubrir eventos con cámaras, grabadoras y pañaleras y, poco a poco, Jonathan y Stefany se involucraron más en aprender la cuestión editorial. Además, Ricardo trabajaba como director de prensa para los líderes de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar y escribía Crisol, su columna política, que publicaba en el Diario de Xalapa y El Sol de Córdoba.


Historia 2En el álbum de los recuerdos Rosalba Ruiz encontró esta foto suya al lado de su esposo, el periodista Ricardo Monluí Cabrera. (Foto:Hans-Maximo Musielik. Documentos: Cortesía de Rosalba Ruiz)

Pero El Político se detuvo con la muerte del periodista. Ocho días después del velorio, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares llegó a la casa de Rosalba para hacerle una visita. “Nos dijo que por seguridad, porque no sabíamos qué es lo que estaba pasando, dejáramos el periodismo”, recordó Rosalba, “que si nosotros no escribíamos y eso, que mejor no nos arriesgáramos. Y sí, decidimos dejarlo”.

Rosalba y dos de sus hijos recibieron protección de escoltas estatales asignados por el gobernador, pero la presencia constante de los policías hizo que despidieran a uno de sus hijos de tres trabajos consecutivos y le pidió a su mamá que le quitaran las escoltas. Entonces Rosalba descubrió que les habían asignado protección por parte del gobernador, pero también por orden de la Comisión de Derechos Humanos, a pesar de no haberlo solicitado nunca. Finalmente, tras un largo proceso burocrático, logró quitarle las escoltas a uno de sus hijos.

Maria Elena FerralMesita de entrada de la casa de Rosalba Ruiz y su familia. A la derecha una foto de Ricardo Monluí Cabrera al lado de una representación de la virgen de Guadalupe abrazando al papa Juan Pablo II. Todos los días reciben la última mirada antes de salir de casa. (Foto:Hans-Maximo Musielik)

Pero ella y otro de sus tres hijos, quien habían presenciado el asesinato junto con ella, mantuvieron las escoltas más tiempo: ella durante un año y su hijo hasta que empezó la pandemia del coronavirus, cuando el policía encargado de su seguridad pidió licencia por riesgos a la salud.

Tener escoltas “me cambió la vida de la noche a la mañana”, recordó Rosalba, “andar con personas que ni conoces… personas muy amables que a lo mejor todo mundo dice ‘ay es que los policías’, bueno para mí son mis ángeles”. Viajaba en sus coches llenos de armas y llegaba siempre a todos lados resguardada por ellos. Fueron también sus escoltas quienes la convencieron de ir reduciendo sus rutinas: no visitar la tumba de Ricardo el mismo día a la misma hora siempre el mismo día, intentar cambiar de horario para las misas.



Desde el año 2000 y hasta octubre de 2021, en México han asesinado a 145 periodistas, según datos de Artículo 19 y desde 2003 han desaparecido a 25, según datos de Reporteros Sin Fronteras. La gran mayoría eran reporteros locales. De todos los casos, las autoridades han identificado a muy pocos autores intelectuales —las personas que ordenaron el asesinato o la desaparición. Ningún autor intelectual ha recibido una sentencia.

En el caso del asesinato de Ricardo Monluí Cabrera no se identificó al autor intelectual, haciendo imposible conocer el móvil del crimen.

Las víctimas indirectas, incluyendo a las 145 familias de periodistas asesinados y las 25 de desaparecidos, rara vez ven garantizados sus derechos —como tener acceso a una investigación expedita y conocer la verdad de lo ocurrido. Esta investigación periodística encontró que ninguna de estas 170 familias ha recibido reparación integral del daño.

Maria Elena FerralGrabadora manual y cintas del periodista Ricardo Monluí Cabrera. Las herramientas profesionales de periodistas asesinados y desaparecidos pueden servir como evidencia para las fiscalías y a la vez permiten reconstruir una memoria. (Foto:Hans-Maximo Musielik)

Ocho días antes de matar a Ricardo, un hombre llamado Ángel Rojas Benítez asaltó a dos jóvenes. Mató a uno y al otro lo dio por muerto. Rosalba y Ricardo nunca habían oído hablar de Rojas Benítez, ni lo conocían, cuando se le acercó por la espalda a Ricardo el 19 de marzo de 2017 mientras le abría la puerta del coche a su esposa y le disparó, matándolo. Al momento, llena de adrenalina, Rosalba persiguió al asesino hasta que él se volteó y la apuntó con el arma.

Seis meses más tarde, las autoridades de Veracruz detuvieron a Rojas Benítez por robo. El joven al que había dado por muerto lo identificó. Después, cuando Rosalba acudió al Ministerio Público, lo identificó también. El juicio empezó en invierno de ese mismo año.

Por ser víctimas de delito, a la familia de Ricardo se le asignó una asesora jurídica, quien le explicó a Rosalba que no se tendría que presentar a las audiencias sino hasta 2018.

Pero cuando finalmente se presentó en el juzgado viejo, con pintura descarapelada y sucio dentro penal de La Toma en Amatlán de los Reyes a inicios de año, las autoridades habían cambiado a la asesora jurídica. “Llegó la abogada y no sabía nada”, recordó Rosalba, “le dije: lee o te platico para que entiendas lo que pasa”.

La audiencia estaba por iniciar. A Rosalba le habían prometido que la iban a tratar como testigo protegido por motivos de seguridad, pero cuando se dio cuenta ya la habían identificado por nombre y le pedían hacer un careo con el asesino. Por suerte, en el juicio contra Rojas Benítez también estaba el abogado privado del hombre que sobrevivió al ataque previo al asesinato de Ricardo y, ese día, él asesoró a Rosalba.

El juicio duró meses que, para Rosalba, fueron como una nebulosa compuesta por horas de espera sentada en el suelo sucio del segundo piso del juzgado contiguo al penal donde estuvo el asesino de su esposo algunos meses antes de ser transferido a un penal en el estado de Sonora por amotinarse con otros prisioneros dejando un saldo de ocho personas muertas.

El 3 de julio de 2019, la jueza dictó una sentencia de 50 años de prisión para Rojas Benítez por la combinación de todos sus crímenes, dando por concluido el juicio. El Ministerio Público determinó que el monto de la reparación integral sería de aproximadamente 400 mil pesos para Rosalba y su familia. Pero inmediatamente después de recibir su sentencia, Ángel Rojas Benítez la apeló. Y la reparación integral del daño solamente se puede tramitar hasta terminar el proceso de apelación.

Esquema uno

De todos los casos presentados en esta serie, el caso de Ricardo Monluí Cabrera es el único donde se ha identificado y sentenciado a un autor material, aunque siga sin identificarse al autor intelectual. “No por haber detenido a esa persona estoy feliz, porque sé que hubo una tercera persona, hubo alguien más”, dijo Rosalba, “alguien que lo mandó hacer”.

Según Leopoldo Maldonado Gutiérrez, Director de la organización Artículo 19, parte del problema para encontrar a los autores intelectuales de los asesinatos de periodistas es que las autoridades estatales “tergiversan las líneas de investigación; no elaboran la investigación sobre la base del trabajo periodístico de la víctima y más bien tratan de desviar hacia otras cuestiones”, especialmente, dijo, “en Sonora y Veracruz”. Algunos casos se cierran solamente con un asesino material o se clasifican como crímenes pasionales en los que el trabajo periodístico no se investiga.

A pesar de existir un protocolo para que el Ministerio Público tome en cuenta la labor periodística como una línea de investigación, en Veracruz solamente hay tres casos de periodistas asesinados cuya primera línea de investigación es su trabajo periodístico, explicó Israel Hernández Sosa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). Son los casos de Celestino Ruiz Vázquez, asesinado en 2019; María Elena Ferral Hernández, asesinada en 2020; y Jacinto Romero Flores, asesinado en 2021.

En otros casos, como el de Moisés Sánchez Cerezo, asesinado en 2015, la fiscalía estatal señaló inicialmente que su desaparición y asesinato tenían que ver con su trabajo como taxista y en el caso de Leobardo Vázquez Atzín, asesinado en 2018, lo relacionaron a su trabajo como taquero.

Hernández Sosa confirmó en entrevista que, en el caso de Monluí Cabrera, “su trabajo periodístico no figuró en la carpeta de investigación”.

“Yo creo que ya es caso cerrado”, dijo Rosalba, “ya lo dejaron así y yo también ya quiero mejor estar tranquilos”.

El 9 de octubre de 2020 concluyó el caso de apelación. Se mantuvo la pena de 50 años para Rojas Benítez por la combinación de sus crímenes.


Historia 3Rosalba recordando y explicando cómo conoció a Ricardo Monluí Cabrera. (Fotografía: Hans-Maximo Musielik)

Sobre la posible reparación de 400 mil pesos, Rosalba solo dijo con voz entrecortada: “no me va a regresar Ricardo”.

En cambio, tiene su esperanza depositada en un programa de apoyos que la ayuden a conseguir trabajo o becas para sus nietos, una pensión, seguimiento y asesoría para conocer sus derechos, y sobre todo, una vivienda. “No estoy esperanzada que me vengan a dar de comer, pero sí estoy esperanzada de poder recibir donde vivir”, dijo, “quisiera hacer que alguien nos escuchara”.



“El proceso judicial es solo una parte de la justicia y nunca será suficiente; nunca va a lograr sanar porque no regresa a la persona”, explicó Ana Gladys Vargas Espíndola, Co-fundadora de Tech Palewi, una organización especializada en intervención en crisis y manejo de duelo que diseña modelos de reparación del daño. Más allá de la parte de indemnización económica, “el acto de reparación tiene que garantizar que la personas puedan recuperar su proyecto de vida”.

En su informe de actividades del año 2020, la CEAPP publicó que canalizaría a Rosalba y su familia para ser “considerados para los programas de asistencia social, protección, atención, reparación integral” por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), donde Rosalba y sus hijos están registrados. Sin embargo, un año después, la familia de Ricardo Monluí Cabrera no ha recibido apoyos de alojamiento ni becas ni tiene información actualizada sobre la reparación integral.

Parte del problema es la falta de información que ha proporcionado la CEEAIV sobre los beneficios y apoyos a los que pueden acceder. “Hace falta trabajar con el gremio periodístico sobre sus derechos”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, Director de Idheas, una organización no gubernamental que litiga casos en Derechos Humanos.

Tras la muerte de Ricardo, Rosalba empezó a recibir una quincena de 5 mil pesos que le mandaba personalmente el antiguo jefe de su esposo, Daniel Pérez Valdez, el dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar. Pero cuando Pérez Valdez murió de COVID-19 el 17 de mayo de 2021, el pago quincenal se detuvo.



Desde el día del homicidio, hace casi 5 años, Rosalba y su familia se han mudado dos veces y ahora están intentando mudarse una tercera. Tuvo que dejar la casa donde vivió con Ricardo durante 8 años porque su esposo había empezado a comprarle la casa a la dueña, pero no tenían ningún acuerdo por escrito y, después del asesinato, la casera desconoció el trato.

“Somos —de los olvidados— los más olvidados”, dijo.

Ella y sus hijos dejaron la casa de la noche a la mañana para volver a empezar. La sala donde habían creado tantas memorias no cabía en el nuevo lugar, así que la regaló. El coche, donde había hecho todos sus viajes con Ricardo, se lo robaron a los pocos meses. Con el tiempo, Rosalba ha reducido su apego a lo material hasta aterrizar en las cosas más pequeñas: la botella de Afrin que usaba Ricardo todos los días, que sigue guardando en un neceser; el último billete de $100 que le dio su esposo; las botas que Ricardo acababa de estrenar y casi no pudo usar.


Historia 3Los últimos zapatos que se compró Ricardo, el último billete de cien pesos que le dió a Rosalba, sus credenciales y tarjetas de presentación así como sus gotas, su cartera y su grabadora de trabajo con cintas usadas. Cada objeto se convierte en las piezas de un rompecabezas que construye la imagen de la memoria. (Fotografía: Hans-Maximo Musielik)

Según un informe publicado por la CEAPP en 2018, de los 318 periodistas veracruzanos encuestados entre 2017 y 2018, el 77% tenía dependientes económicos, la gran mayoría no tenía prestaciones laborales; el 43% —al igual que Ricardo— no tenían vivienda propia.

Hoy, la vida de Rosalba ha tomado un nuevo aliento. Cuida a sus cinco nietos y organiza una liga deportiva. Entrena tres veces a la semana con su equipo. Se encarga de la logística de los torneos regionales, desde coordinar los partidos y asegurarse de que sea seguro viajar durante una pandemia, hasta hacer el café para el camino y coordinar el transporte a las sedes de los juegos.

Pero cuando no está entrenando o cuidando a sus nietos, vuelve a pensar en lo que le ha pedido a las últimas dos administraciones de Veracruz. “¿Qué necesitan, que estén todos los periodistas levantados?”, se preguntó, “tal vez solo así nos puedan escuchar, a través de un movimiento de periodistas”.

Se lo ha planteado. En una ocasión, después de conocer a otros familiares de periodistas asesinados de Guerrero y Sinaloa, pensó que podrían trabajar juntas, pero la detuvo otro pensamiento: “No quiero que al rato nos maten porque queremos hacer un programa de apoyos”, explicó, “que digan 'nos está dando problemas' y que al rato seamos nosotros también los muertos por levantar la voz”.



Historia 1

“Lo único que quiero que me digan es por qué”

Parte Uno: Cuando el caso es reciente

María Fernanda de Luna Ferral y su mamá, la periodista María Elena Ferral Hernández, tenían un vínculo especial. Desde muy pequeña, Fernanda acompañaba a su mamá a hacer entrevistas y cubrir eventos; a los 18 años empezó a trabajar con ella. María Elena era su mamá, su jefa y su guía. Por eso cuando asesinaron a María Elena en marzo de 2020 el vacío que dejó fue tan grande. Desde entonces, la vida de Fernanda es completamente diferente: se tuvo que mudar a otra ciudad, decidió seguir su vocación y ha encontrado una nueva familia —una muy poco convencional.

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“Somos —de los olvidados— los más olvidados”

Parte Dos: Una sentencia no basta

Rosalba Ruiz Bautista y Ricardo Monluí Cabrera estuvieron casados más de 30 años, hasta que un hombre siguió a la pareja en su rutina de domingo y mató a Ricardo, periodista veracruzano, sin conocerlo. Rosalba ha aprendido a reconstruir su vida sin su pareja, con la compañía de sus hijos y sus nietos y valiéndose del deporte como terapia. Meses después de que le arrebataran a su marido, Rosalba encaró al asesino, testificando en el juicio que lo condenaría por ese y otro asesinato.

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Rosalba Ruiz Bautista
Jorge Uriel Sánchez Ordoñez

“Tratar de que no vuelva a suceder”

Parte Tres: Subir a instancias federales no es garantía

Jorge Uriel Sánchez Ordoñez ama el ajedrez, los acertijos, y desenmarañar madejas de información. Todo eso se lo enseñó su padre, el periodista Moisés Sánchez Cerezo, antes de ser desaparecido y asesinado en enero de 2015. Desde entonces, Jorge ha mantenido vivo el legado de su papá mientras encuentra maneras de generar un ingreso y superar el miedo constante de saber que el asesino intelectual de su padre sigue suelto.

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“Hacer justicia a través de la memoria”

Parte Cuatro: El limbo de las personas desaparecidas

En un país con miles y miles de personas desaparecidas —más de 90 mil para ser precisos— sus hijos esperan. Esperan una investigación que resuelva los enigmas de la ausencia. Esperan que sus papás regresen. Esperan tener un ápice de verdad en un mar de incertidumbre. Uno de ellos es Aldo García Caballero, uno de los seis hijos de José Antonio García Apac, periodista michoacano desaparecido en noviembre de 2006. Aldo fue la última persona en hablar con su papá por teléfono justo cuando un grupo de hombres detenía a García Apac, minutos antes de que lo desaparecieran. Eso fue hace 15 años. Desde entonces, Aldo espera.

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Aldo García Caballero
Priscilla Pacheco Romero

“Mi papá merece ser recordado”

Parte Cinco: Un sistema fallido

Desde los seis años, Priscilla Pacheco Romero repartía el periódico con su papá, el reportero Francisco Pacheco Beltrán por las comunidades de Taxco, Iguala y sus alrededores. A sus 24 años, después de titularse como licenciada en derecho, Priscilla pasó un año trabajando con su papá. Pero desde que lo asesinaron en la puerta de su casa hace cinco años, Priscilla se dedica a buscar justicia en un país donde exigir sus derechos es tan exigente como un trabajo de tiempo completo y tan frustrante como ir siempre a contracorriente.

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