La vida después del silencio:

Cómo un sistema fallido de atención a víctimas abandonó a las familias de periodistas asesinados y desaparecidos

Cortesía de Priscilla Pacheco Romero

México es un país de víctimas. Miles de ellas han sufrido delitos graves y violaciones a derechos humanos. La mayoría vive esperando que se garanticen sus derechos —promesas capturadas en la Ley General de Víctimas (LGV) publicada en enero de 2013: el derecho a una investigación pronta y eficaz, conocer la verdad de lo ocurrido, un trato humano y digno y recibir una reparación integral del daño, entre otros. Pero en la práctica, las víctimas rara vez ven estos derechos garantizados, especialmente la reparación. Entre ellas están las familias de periodistas asesinados y desaparecidos.

“Una parte de la reparación se pone en pesos. Cuando es monetaria se mide el impacto, la afectación a la situación económica, a la vida”, explicó Ana Gladys Vargas Espíndola, Co-fundadora de Tech Palewi, una organización especializada en crisis y duelo que diseña modelos de reparación del daño. Pero la reparación debería abarcar más que el dinero, dijo, “hay una parte judicial de verdad y justicia significativa; hay una parte que es memoria”.

Desde el año 2000 y hasta octubre de 2021, en México han asesinado a 145 periodistas, según datos de Artículo 19 y desde 2003 han desaparecido a 25, según el registro de Reporteros Sin Fronteras. La gran mayoría eran reporteros locales. Esta investigación encontró que ninguna de estas 170 familias ha recibido reparación integral. El silencio marcó las infancias y adolescencias de las hijas e hijos de estos periodistas, pero es el abandono del Estado el que los ha orillado a vivir en el limbo de la espera.

Con la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2014 parecía que los derechos de las víctimas finalmente se iban a atender. Y para algunos funcionó, al menos en lo monetario: la institución apoyó a 13 mil 051 víctimas directas e indirectas entre 2015 y 2020 con recursos económicos, incluyendo la reparación del daño, por un monto agregado de 2 mil 525.86 millones de pesos (mdp), según un cálculo de la propia CEAV.

Sin embargo, el Registro Nacional de Víctimas rebasa, por mucho, a esas 13 mil víctimas atendidas; para el tercer trimestre de 2021 había un registro de 47,521 víctimas a nivel nacional. El número podría ser aún mayor ya que “no es posible garantizar la calidad ni la confiabilidad” de los datos del registro, según un informe publicado por la CEAV en otoño de este año. Algunos de los problemas que persisten en la sistematización de información son las “redundancias, duplicidades e inconsistencias” de registros contenidos en más de 500 tablas creadas por tres áreas internas de la propia CEAV que, hasta enero de 2020, no se comunicaban entre ellas.

Entre esas más de 47 mil víctimas están las familias de: José Antonio García Apac, periodista michoacano desaparecido en 2006; Moisés Sánchez Cerezo, periodista veracruzano desaparecido y asesinado en 2015; Francisco Pacheco Beltrán, periodista guerrerense asesinado en la puerta de su casa en 2016; Ricardo Monluí Cabrera, periodista veracruzano asesinado enfrente de su esposa en 2017 y María Elena Ferral, periodista veracruzana asesinada en 2020.

“No se les repara o deja de reparar por ser periodistas”, explicó Michael W. Chamberlin Ruiz, consultor en Derechos Humanos y antiguo Director General de Vinculación y Reparaciones Colectivas en la CEAV en entrevista, “no se les repara porque la institución está ahogada”.

El Registro Nacional de Víctimas no solo agrega los casos de quienes han sufrido asesinatos, desapariciones, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, tortura o desapariciones. También incluye casos de personas que han sufrido daños económicos, mentales, emocionales o a sus bienes; hay delitos tan variados como negligencia médica, electorales, de materia de derechos de autor, abigeato y robo.

“Es absurdo que tengan ese tipo de listado”, dijo Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Director de Idheas, organización no gubernamental especializada en litigio estratégico en Derechos Humanos en entrevista, “a no ser que estén relacionados con otro tipo de conductas más graves” como desplazamiento forzado. Incluso la negligencia médica no tendría que ser reparada por el Estado, agregó, “a no ser que (el responsable) sea el IMSS o el ISSSTE, donde el Estado tiene que crear un fondo y el patrimonio debe salir del ISSSTE y del IMSS —no de la CEAV”.

“La CEAV debió haber sido para delitos graves”, aclaró Chamberlin Ruiz. Con más de 47 mil víctimas a nivel nacional, un sistema de información inoperante y recursos limitados, los funcionarios de la CEAV eligen los casos que estiman prioritarios y deciden las medidas de reparación de manera arbitraria. “El gran problema es la discrecionalidad. Se han negado sistemáticamente a tener tabuladores, como señala la ley, que darían certeza y equidad a las víctimas”, explicó, “algunas resoluciones se decidían porque llegaba una llamada de Gobernación diciendo qué casos resolver y cuánto darles por familia”. Dos fuentes más, que solicitaron anonimato y pertenecieron a esta institución, corroboraron este dato. Ante la solicitud de comentario, la CEAV negó que esto sucediera.

El camino a la reparación es largo, incierto y tortuoso. “Pocas víctimas lo logran”, dijo Vargas Espíndola, “para la reparación se necesitan muchas horas hombre para entrevistas y reportes de valoración, integrar el caso y las propuestas de reparación y una estructura que lo soporte para poder acompañar a las víctimas y que se logre la reparación”.

Entre 2017 y agosto de 2021, la CEAV entera contaba con 430 empleados de base y otros 146 prestadores de servicios o outsourcing para atender a las más de 47 mil víctimas a nivel nacional, de acuerdo a información publicada por la institución.

Para dar asesoría a los periodistas y sus familiares, dentro del área jurídica, la CEAV tiene un equipo de especialistas en atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión a nivel federal. Sin embargo, los testimonios de las víctimas entrevistadas para esta investigación describen una asesoría jurídica ausente, inconstante y deficiente.

Uno de los problemas que tiene esa área es que “tiene poca coordinación con otras instancias”, explicó Bandy Esparza Duarte, quien fue su titular entre 2018 y mediados de 2021, en entrevista, “sus capacidades han sido rebasadas. Hay un desgaste en CEAV [...] la CEAV es una institución frágil”.

Para Esparza Duarte, lo que terminó de quebrar a una institución que describió como débil, fue que la CEAV quedara sin titular durante un año y medio. Desde el 24 de junio de 2020 —cuando Mara Gómez Pérez renunció como Comisionada después de un periodo de seis meses declarando fallas profundas en la institución— hasta el 9 de diciembre de 2021, cuando el Senado ratificó a Martha Yuridia Rodríguez Estrada como nueva Comisionada, la CEAV estuvo acéfala.

El nombramiento de Rodríguez Estrada tardó exactamente un año. El 9 de diciembre de 2020, la terna de candidatos para comisionado llegó al Senado de la República; fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos el 19 de marzo de 2021 y desde entonces la terna esperó en el Senado hasta el 9 de diciembre de 2021.

Para obtener una reparación integral del daño, según la LGV, hay dos caminos: el que siguen las víctimas de delito y el que siguen las de violaciones a derechos humanos.

En el caso de los delitos, el proceso recae en el poder judicial. La fiscalía debe concluir la investigación, ir a juicio y emitir una sentencia contra los responsables. Después, los culpables pueden apelar y ampararse. La víctima sólo puede solicitar la reparación del daño una vez que se hayan agotado esas opciones. Si el culpable no puede pagar la reparación, la CEAV debe entregar la reparación de manera subsidiaria. En su defecto, el Ministerio Público puede declarar cerrado el caso por imposibilidad de encontrar al culpable.

Pero llegar a ese punto, en México, es virtualmente imposible: el 94.8% de los delitos nunca se resuelven, según datos del centro de análisis México Evalúa. Los casos de periodistas asesinados sufren el mismo destino. De los 47 asesinatos de periodistas perpetrados durante la actual administración, el 89.37% permanece impune, según un informe de la Secretaría de Gobernación. México ocupa el sexto país en el índice de impunidad del Comité de Protección a Periodistas.


Esquema uno

En el caso de las víctimas de violación a derechos humanos, la reparación no depende exclusivamente de las fiscalías. La puede dictar cualquier órgano jurisdiccional del país (tribunales, juzgados, salas especializadas) o un órgano jurisdiccional internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte de Justicia Internacional. También la puede recomendar la Comisión Nacional de Derechos Humanos o sus equivalentes a nivel estatal.

Pero esta ruta tampoco es fácil. Lograr que la CEAV atienda un caso requiere recursos, según testimonios de ex funcionarios y activistas. Se necesita de un movimiento que organice protestas para presionar al gobierno, dinero para pagar abogados privados que le den seguimiento personalizado o acompañamiento de organizaciones no gubernamentales que ayuden a generar una fuerte presión mediática y política que eleve la notoriedad del caso.

A pesar de que ninguna familia de periodistas asesinados y desaparecidos ha alcanzado la reparación, algunos periodistas agredidos sí la han obtenido. La CEAV ha tramitado reparaciones para casos de periodistas que sufrieron amenazas, lesiones y abuso de autoridad en diferentes estados; las reparaciones incluyen indemnización económica, disculpas públicas de los agresores y requisitos para los responsables, como tomar cursos de derechos humanos.

Uno de los casos más notorios que han recibido reparación integral a nivel federal es el de Pedro Canché, reportero quintanarroense detenido ilegalmente y lesionado físicamente en 2013.

El caso de Canché tenía una recomendación de la CNDH y otra de Naciones Unidas, además del seguimiento puntual de la organización Artículo 19. La CEAV responde “a la presión pública, mediática, política que van recibiendo alrededor de ciertos casos”, explicó Leopoldo Maldonado Gutiérrez, Director de dicha organización. “No debería ser necesaria una representación de ninguna organización”, dijo, pero es una realidad que, para las víctimas, “no hay un trato igual por parte de las instituciones”.

En sus siguientes partes, esta investigación presenta las historias de cinco familias de periodistas desaparecidos o asesinados para dar testimonio sobre cómo es su vida después del silencio, mostrar la deficiencia del Estado en la garantía de sus derechos como víctimas e ilustrar los obstáculos para alcanzar una reparación integral.

Parte del problema, según Maldonado Gutiérrez, es que no hay una política de Estado para atender sectores específicos de víctimas. “No se ha abierto un debate, una discusión, sobre la necesidad que se tiene de reparar el daño a ese grupo o sector específico por su condición de periodistas”, explicó.

“El sistema de atención a víctimas no se ha consolidado, no ha cuajado y es uno de los más grandes fracasos de los últimos años”, explicó Maldonado Gutiérrez, quien describió la Ley General de Víctimas como una de avanzada, progresista, a favor de las víctimas, pero que las instituciones se encargaron de estancar.

“Decían que es una ley como de Suecia, pero pues... welcome to Mexico”.

Historia 1

“Lo único que quiero que me digan es por qué”

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María Fernanda de Luna Ferral y su mamá, la periodista María Elena Ferral Hernández, tenían un vínculo especial. Desde muy pequeña, Fernanda acompañaba a su mamá a hacer entrevistas y cubrir eventos; a los 18 años empezó a trabajar con ella. María Elena era su mamá, su jefa y su guía. Por eso cuando asesinaron a María Elena en marzo de 2020 el vacío que dejó fue tan grande. Desde entonces, la vida de Fernanda es completamente diferente: se tuvo que mudar a otra ciudad, decidió seguir su vocación y ha encontrado una nueva familia —una muy poco convencional.

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“Somos —de los olvidados— los más olvidados”

Parte Dos: Una sentencia no basta

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Rosalba Ruiz Bautista
Jorge Uriel Sánchez Ordoñez

“Tratar de que no vuelva a suceder”

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Jorge Uriel Sánchez Ordoñez ama el ajedrez, los acertijos, y desenmarañar madejas de información. Todo eso se lo enseñó su padre, el periodista Moisés Sánchez Cerezo, antes de ser desaparecido y asesinado en enero de 2015. Desde entonces, Jorge ha mantenido vivo el legado de su papá mientras encuentra maneras de generar un ingreso y superar el miedo constante de saber que el asesino intelectual de su padre sigue suelto.

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“Hacer justicia a través de la memoria”

Parte Cuatro: El limbo de las personas desaparecidas

En un país con miles y miles de personas desaparecidas —más de 90 mil para ser precisos— sus hijos esperan. Esperan una investigación que resuelva los enigmas de la ausencia. Esperan que sus papás regresen. Esperan tener un ápice de verdad en un mar de incertidumbre. Uno de ellos es Aldo García Caballero, uno de los seis hijos de José Antonio García Apac, periodista michoacano desaparecido en noviembre de 2006. Aldo fue la última persona en hablar con su papá por teléfono justo cuando un grupo de hombres detenía a García Apac, minutos antes de que lo desaparecieran. Eso fue hace 15 años. Desde entonces, Aldo espera.

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Aldo García Caballero
Priscilla Pacheco Romero

“Mi papá merece ser recordado”

Parte Cinco: Un sistema fallido

Desde los seis años, Priscilla Pacheco Romero repartía el periódico con su papá, el reportero Francisco Pacheco Beltrán por las comunidades de Taxco, Iguala y sus alrededores. A sus 24 años, después de titularse como licenciada en derecho, Priscilla pasó un año trabajando con su papá. Pero desde que lo asesinaron en la puerta de su casa hace cinco años, Priscilla se dedica a buscar justicia en un país donde exigir sus derechos es tan exigente como un trabajo de tiempo completo y tan frustrante como ir siempre a contracorriente.

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