Protestan en Nuevo León por congelar cuentas a Cendis

Unos 300 trabajadores de los Cendis (Centros de Desarrollo Infantil) y padres de familia protestaron contra el gobierno federal por congelar, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dos cuentas bancarias utilizadas para el pago salarial de 680 maestros y demás empleados de 18 centros educativos impulsados por el Frente Popular Tierra y Libertad y el Partido del Trabajo.

Pedro Vázquez, integrante de la dirigencia nacional del PT, dijo que hasta el momento no hay una explicación oficial convincente sobre la medida y considera que es una venganza política porque el partido decidió hace más de dos meses hacer alianza con Morena para las elecciones presidenciales de 2018.

Expresó que el aseguramiento precautorio de las cuentas por un monto superior a los 6 millones de pesos mensuales —para nómina de 680 trabajadores y alimentos de siete mil niños de 13 Cendis y cinco primarias— fue resultado de una supuesta investigación de la SEIDO, que ha dejado muchas dudas porque no se trata de recursos de procedencia ilícita, ya que conforman una partida federal aprobada en el presupuesto del Congreso de la Unión, y que vía el gobierno de Nuevo León entregan a dichos centros.

Aseveró que la utilización de los fondos son revisados de forma periódica y en 27 años nunca se ha hecho alguna observación por anomalías detectadas, ni por la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, o por los contralores de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

“Parece bastante extraño esta acción ordenada por la SEIDO, pensamos que es molestia y enojo del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque hace más de dos meses se definió una alianza electoral entre Morena, que preside Andrés Manuel López Obrador, y el Partido del Trabajo, al que pertenece la directora general de los Cendis, María Guadalupe Rodríguez de Anaya”, explicó. Lo más curioso, dijo, es que tampoco se ha recibido ningún citatorio ni de la Procuraduría General de la República (PGR) ni de la subprocuraduría para que la maestra María Rodríguez, directora general del proyecto, pueda defenderse.