Cumplen 11 días retenidas 5 personas por conflicto entre comunidades mixtecas de Oaxaca

Oaxaca de Juárez.- Cinco habitantes de San Martín Peras cumplieron 11 días retenidos por las autoridades de Santos Reyes Zochiquilazala y hasta el momento, no hay una respuesta de autoridades estatales para lograr su liberación, pese a que son víctimas de tortura y malos tratos, denunciaron pobladores.

El pasado 30 de julio fueron retenidos 12 habitantes del municipio de San Martín Peras, entre ellos dos menores de edad y ancianos, por habitantes de la localidad Santos Reyes Zochiquilazala, población del municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región Mixteca de Oaxaca.

Durante las negociaciones en Santiago Juxtlahuaca para lograr la liberación del grupo, los pobladores de San Martín Peras, fueron agredidos con armas de fuego, ataque que dejó cuatro heridos de bala; tres de ellos de gravedad. Pese a ello, tras las primeras negociaciones se logró la liberación de siete de ellos el pasado lunes 3 de agosto, entre ellos los dos menores de edad.

Habitantes de San Martín Peras denunciaron a EL UNIVERSAL que las personas retenidas sufren tortura y únicamente se les proporciona una tortilla con sal para su alimentación.

Las personas que ya fueron liberadas, explicaron los pobladores, regresaron con moretones en su cuerpo y bajo amenaza de muerte si presentan una denuncia por las condiciones en las que los mantuvieron retenidos.

También confirmaron que el agente municipal de Santos Reyes Zochiquilazala, Antonio Gazga Rubio, les exige pagar 11 millones 500 mil pesos a cambio de la liberación de quienes permanecen retenidos.

Adicionalmente, aseguraron que también se ha condicionado su liberación a cambio del pago de 200 mil pesos por cada patrulla utilizada para devolverles su libertad, y que el gobierno cumpla con su compromiso de pavimentar los nueve kilómetros de su carretera, así como apoyos para personas presuntamente heridas y sus familiares, en un presunto enfrentamiento que originó el conflicto.

Según las autoridades de San Martín Peras, la agencia de Santos Reyes Sochiquilazala ha argumentado que retuvieron a las 12 personas porque uno de sus habitantes recibió un disparo de arma de fuego; lo cual, sostuvieron, es mentira.

“Es una mentira vil y cobarde, porque hasta el día de hoy, no se ha presentado dicha persona, que dice sufrió un disparo, por parte de un habitante de San Martín Peras; tampoco existe alguna denuncia de dicha persona en la Fiscalía, pues solo fue una artimaña perversa, para secuestrar a nuestros hermanos, niños, personas de la tercera edad, para alcanzar su fines políticos y económicos”, han declarado.

En un comunicado la autoridad municipal de San Martín Peras informó previamente que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el delito de secuestro en contra de los 12 habitantes, y se interpusó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en la cual denunciaron la omisión de las autoridades de seguridad y procuración de justicia ante estos hechos.

De la misma manera, promovieron un amparo ante el Juez Federal del Juzgado Octavo de Distrito, con número de expediente 395/2020, por la privación ilegal de la libertad de sus habitantes; el Juez, otorgó la suspensión de estos actos y dio un plazo de 24 horas para que rinda un informe el presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Nicolás Feria Romero, y ponga inmediatamente en libertad a los habitantes que continúan retenidos, lo que finalmente no sucedió.

Según el testimonio proporcionado a EL UNIVERSAL, las cinco personas originarias de San Martín Peras que permanecen retenidas en Santos Reyes Zochiquilazala son Hidekel Rivera López, Artemio Huerta Martínez, Rafael Hernández Salazar, Pánfilo Salvador González y Marcelino Olivera Rodríguez.

Al respecto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se pronunció por una solución pacífica e integral para acelerar su liberación e informó que se dictaron medidas cautelares y se inició el expediente DDHPO/1171/(12)/ OAX/2020.

El órgano autónomo pidió a la Fiscalía General del Estado (FGEO) la adopción de una medida cautelar que permitiera preservar la integridad física de los agraviados, así como lograr la liberación de las personas, o bien, su puesta a disposición ante las autoridades competentes.

Mientras que a la Secretaría General de Gobierno (Segego) requirió que se instalaran mesas de diálogo con ambas autoridades municipales y con ello realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática.

La DDHPO también envío un equipo de observación a la zona, el cual continúa en el lugar, con el objetivo de verificar las condiciones de las personas retenidas y las posibles violaciones a derechos humanos cometidas.

“Para la Defensoría resulta fundamental que la libertad y el diálogo sean factores claves a privilegiarse para dirimir los conflictos entre pueblos y comunidades, ya que las retenciones de personas ahondan la problemática interna y en nada abonan a obtener soluciones”, señaló en un comunicado.

afcl