Amenazas del crimen definen a candidatos en Guerrero

Se vuelve costumbre que los aspirantes estén amenazados. Al menos 26 de ellos pidieron escoltas para hacer campaña, mientras que otros abandonaron contienda

Amenazas del crimen definen a candidatos en Guerrero
La candidata a diputada local de Morena por el Distrito 25, Diana Hernández, realiza su campaña bajo resguardo policial. Fotos: Franyeli García.
Elecciones 16/05/2021 03:16 David Espino Actualizada 05:56
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Lo primero que la candidata a diputada local de Morena por el distrito 25, Diana Hernández Hernández, le pidió a la fotorreportera fue no sacar las caras de los asistentes a la asamblea en la cancha de basquetbol de Pantitlán, Chilapa. Por algo en particular: la gente tiene miedo, está sometida ante la presencia del narco en el municipio, dirá en la noche cuando vengamos de regreso a la capital en su coche y una patrulla de policías del estado resguardándola a corta distancia. No es la única, como ella, 26 candidatos de Guerrero de todos los partidos hacen campaña con acompañamiento policial, según el último dato aportado por la Secretaría de Seguridad Pública.

Es la tarde del miércoles 21 y Pantitlán luce vacío. Nada parece fuera de lo normal en este pueblo de 3 mil habitantes a poco más de media hora de Chilapa, en la región Centro de Guerrero; ni la pandemia se percibe por acá ni la violencia en un municipio cuya historia reciente aún sangra por la media docena de asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular en los últimos tres años. El más reciente, el del precandidato del PRD a la alcaldía, Antonio Hernández Godínez, en noviembre de 2020.

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El distrito 25, que abarca Chilapa y José Joaquín de Herrera, además de ser uno de los 28 escaños que se disputarán el 6 de junio próximo, es uno de los más peligrosos y violentos del estado. Así está señalado en un mapa de riesgo elaborado por el gobierno de Guerrero al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

En el proceso electoral de 2018 mataron a dos aspirantes a diputadas por este distrito, Antonia Jaimes Moctezuma del PRD, y Dulce Rebaja Pedro del PRI. Y en 2019, a Bertha Silva Díaz, candidata a diputada por el mismo distrito 25, y a Orencio Bello Sánchez, aspirante a la alcaldía; ambos participaron por Morena en aquellos comicios.

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Grandes extensiones del estado están controladas por el narco. De las siete regiones ninguna se salva de su presencia, revela un mapa de riesgo creado por el gobierno estatal para las elecciones.

El dedo del crimen

Las amenazas y asesinatos determinan candidaturas en Guerrero. Desde que en 2015 mataron al candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz; o en 2018 al aspirante del PRI a diputado local por el distrito 17 de Tierra Caliente, Abel Montúfar Mendoza, las definiciones políticas llevan la línea transversal del crimen organizado.

En Chilapa así se definió y motivó que la alianza PRI-PRD se cancelara, o eso es lo que piensa Leocadio Ávila Palacios. Él era precandidato del PRI a la presidencia municipal hasta que hombres armados lo interceptaron en la carretera que conduce a Chilpancingo y le dijeron que dejara de “alborotar a la gente” con sus pretensiones de querer ser alcalde, porque “el jefe no quiere eso” y que era un aviso. “A la otra no la cuentas”, le advirtieron, dice en entrevista.

Por ese motivo renunció a 40 años de militancia priista. Al final la candidatura le quedó a Aldy Esteban Román, apoyado por el alcalde con licencia, Jesús Parra García, a su vez, candidato a diputado por el distrito 25.

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Leocadio Ávila se fue al PRD, y aunque en Guerrero PRI y PRD van juntos por la gubernatura y en la mitad de los 81 municipios llevan candidatos comunes a las alcaldías, no en Chilapa, donde el asesinato de Antonio Hernández fue factor para esto.

Junto con Ávila, más de una docena de aspirantes y precandidatos han sido amenazados. Además de Diana Hernández, también está la candidata de Morena a la alcaldía de Zumpango, Guadalupe Deloya Bello; el candidato por MC a la alcaldía de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo; la candidata del PRI a diputada local por el distrito 21, Flor Añorve Ocampo, con sede en Taxco, donde en una manta firmada por el CJNG se amenazó a los contendientes a la presidencia de este municipio: Omar Jalil Flores, del PRI; Marcos Figueroa, de Fuerza por México; Fulgencio Bustamante, de Morena, y Marcos Parra, del PAN.

El dirigente de MC, Adrián Wences Carrasco, ha dicho que en 15 municipios de tres regiones no postularon candidatos a causa de las amenazas que recibieron los aspirantes.

“Fueron hasta su casa a decirles que no participaran”, dijo en una conferencia a mediados de marzo. Se trata de Pungarabato, Coyuca de Catalán, Zirándaro y Tlalchapa, de Tierra Caliente; Canuto Neri, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Tetipac, Tepecoacuilco y Teloloapan, de la región Norte, y Tecpan, Zihuatanejo, Petatlán, La Unión y Coahuayutla, de la Costa Grande.

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Más de una docena de candidatos han sido amenazados por el crimen organizado en los últimos seis meses, desde que comenzaron las precandidaturas. 

Una historia singular

Diana Hernández, de 34 años, delgada y bajita, jeans ajustados y sombrero estilo vaquero, tiene una historia particular.

Sus padres, Lucía Hernández Dircio y Ranferi Hernández Acevedo; su abuela materna, Juana Dircio Barrios y un ahijado del dirigente, Antonio Pineda, fueron asesinados y calcinados en la carretera que lleva de Chilapa al colindante Ahuacuotzingo en octubre de 2017. Cuando lo mataron junto a su esposa, su suegra y su ahijado. Ranferi era, también, precandidato de Morena a diputado federal por el distrito 6.

Por eso, el día que le notificaron que ella sería la candidata, lo primero que hizo fue pedir protección para hacer campaña con cierta tranquilidad. Así que a Pantitlán llegó en su automóvil acompañada de su suplente y cinco policías del estado en una patrulla que se bajaron tan pronto descendió de su coche.

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Tampoco es para menos. En un municipio donde los grupos criminales Rojos y Ardillos se disputaron la zona durante años, hasta que en agosto de 2019 cayó el cabecilla de los primeros, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, los enfrentamientos entre paramilitares del grupo Paz y Justicia, ligados a Los Ardillos, y una autodefensa llamada CRAC-PF, se ha engendrado en este municipio una violencia que ha provocado por lo menos mil 500 homicidios dolosos en los últimos 10 años, según datos de Siempre Vivos, una organización en busca de desaparecidos creada en 2015.

En sus recorridos la gente le dice: “qué bueno que traen seguridad, para que los cuiden”, comenta Diana Hernández cuando se le pregunta cómo es hacer campaña con policías. Con todo, no está segura de poder entrar a las 250 comunidades del distrito. De Chilapa son casi 200 y el resto, de José Joaquín de Herrera.

—¿Y cómo le van a hacer?

—Aún no sabemos. La neta, está cabrón, cabrón. Enfrentar la violencia del narco no es cosa fácil, dice en un tono más relajado en el viaje de regreso.

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“Muchas zonas están controladas por el crimen; sobre todo aquellas que colindan con el municipio de Quechultenango —donde tienen su base Los Ardillos— y la gente prefiere no participar cuando vamos a los pueblos, porque hay halcones que informan con qué partido sale la gente, por quién pudiera votar. Por eso callan; hay mucho silencio, aunque en estos casos, el silencio es el grito más fuerte”.

Algo que también dijo Leocadio Ávila es que el PRI se beneficia del temor de los pueblos a expresar sus preferencias políticas de manera abierta.

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El padre de Diana Hernández fue asesinado cuando era aspirante en 2017. Cuando ella recibió la candidatura, pidió seguridad al estado. 

Mapa electoral del narco

De las siete regiones ninguna se salva de su presencia. Una fuente del gobierno mostró a EL UNIVERSAL el mapa de riesgo elaborado para que los candidatos conocieran las rutas peligrosas.

En el documento se traza el territorio estatal y en él, distintivos de la presencia del narcotráfico, grupos de autodefensa (algunos paramilitares) y zonas con mayor incidencia en asesinatos y amenazas contra los candidatos. Por el narco los focos rojos están encendidos en seis regiones: Centro, Montaña, Norte, Tierra Caliente, Costa Grande y Acapulco donde campean Ardillos, Rojos, Tlacos, Familia Michoacana, La Bandera (remanente de Guerreros Unidos), CJNG, CIDA, Beltrán Leyva, Viagras, Templarios.

Costa Chica está en naranja. Al menos la mitad de los municipios costeros están controlados por la autodefensa de la UPOEG, en pugna con la CRAC-PC, con mayor influencia hacia los municipios de la Montaña. Por causa también de los grupos de autodefensa y paramilitares está en rojo la región Centro, donde tres distintos grupos controlan y pelean la zona y también Acapulco.

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El otro factor que genera que el mapa de riesgo se pinte de rojo es el asesinato a candidatos. Para este caso destacan las zonas Norte, Centro, Tierra Caliente, Costa Grande y Montaña. El mapa de riesgo es “documento clasificado que no se puede andar publicando”, dijo el subsecretario de asuntos políticos, Martín Maldonado, después de negarlo.

En medio de todo lo más que ha hecho el secretario de Seguridad, David Portillo Menchaca, es recomendar a los candidatos a que “por cuestiones de seguridad” hagan campaña de día y en lugares “no tan remotos, que para eso hay un mapa de riesgo”.

Esto tampoco es garantía de nada: el martes 11 de mayo un ataque armado contra promotores de la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, dejó siete heridos en plena ciudad.

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