Alcalde perseguido por el crimen gobierna desde el exilio

El alcalde, quien fue torturado para no reelegirse y ahora gobierna fuera del ayuntamiento, afirma que la confrontación entre el CJNG y La Familia Michoacana ha subido de nivel

Alcalde perseguido por el crimen gobierna desde el exilio
Gregorio Portillo Mendoza. Presidente municipal de Zirándaro. Foto: Cortesía

Chilpancingo.— Gregorio Portillo Mendoza (Morena) desde hace dos meses no pisa su oficina en el ayuntamiento de Zirándaro, en la Tierra Caliente de Guerrero. Gobierna desde cualquier punto del estado o del país, según los riesgos del momento.

Hace dos meses, un grupo armado lo privó de su libertad por algunas horas junto con sus escoltas, a 500 metros de la base de la Guardia Nacional. Lo torturaron, dice, hasta dejarle algo bien claro: prohibido reelegirse.

A Portillo Mendoza le tocó, tal vez, uno de los momentos más violentos de Zirándaro. Desde finales de 2019, las organizaciones criminales —el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana— convirtieron a Zirándaro en el epicentro de su disputa. Desde entonces comenzaron los asesinatos, las desapariciones y los pueblos enteros desplazados.

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Aunque acepta que al inicio de su gobierno negoció para no combatirlos, en realidad no le quedó otra opción: recibió el ayuntamiento con tres agentes de la policía municipal.

Ahora Portillo Mendoza es un desplazado más de Zirándaro, no tiene una ubicación precisa y siempre se mueve resguardado por tres soldados de la Guardia Nacional. A la distancia da instrucciones a los pocos funcionarios que aún se arriesgan a ir al ayuntamiento; sabe que por ahora regresar es casi imposible.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Portillo Mendoza narra su secuestro; explica lo que es gobernar bajo la amenaza permanente del crimen organizado y habla sobre el apoyo que recibe en esta difícil enmienda.

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Foto: ESPECIAL
 

¿Cuál es su situación actual?

—Es muy complicado lo que está pasando, estamos gobernando desde afuera, son dos meses desde que tuve que salir. Las condiciones no son convenientes para que regrese, la confrontación entre los grupos de la delincuencia ha subido de nivel.

Estos grupos buscan imponerse, saquear los recursos y ven a los municipios como parte de sus empresas. Todo Guerrero está infestado de estos grupos. Buscan condicionar a los alcaldes, la inmensa mayoría de los alcaldes en Guerrero y del país están sometidos.

¿Su salida fue un asunto político o de los criminales?, se dice que hubo fuego amigo...

—Es un asunto de la delincuencia. El hecho de que un alcalde se atreva a retarlos es poner en riesgo su vida. Lo preocupante es que no haya un respaldo del gobierno federal. Me proporcionan seguridad personal, pero con eso no se resuelve el problema de fondo y es un mensaje para la sociedad: ‘Si eres alcalde y decides retar a estos grupos no logras nada, solamente arriesgas tu integridad’.

Y también es un mensaje para los alcaldes entrantes: ‘Lo más conveniente es someterse y obedecer las instrucciones de estos grupos, nadar de muerto para librar tu periodo de gobierno’.

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Aspiraba a reelegirse, ¿por qué no se postuló?

—Es claro: a mi me levantaron junto con mis escoltas; me torturaron para obligarme a no buscar la candidatura para reelegirme. Por una razón: no están cómodos con mi gobierno, no están de acuerdo en que no les demos dinero, en que no acatemos sus órdenes, que pintemos una raya.

Para ellos es necesario imponer a alguien que sí acate sus órdenes, que si se someta. Y en mi caso, como no hubo formas a través del diálogo de hacerme entender, hubo la necesidad de demostrarme que tienen la capacidad de matarme.

¿Eso le dijeron de plano?, ¿tú no entras en el proceso?

—Sí, así fue. La tortura fue por haberme inscrito como aspirante al proceso interno de Morena para reelegirme. La indicación fue esa: que no participe. Desde entonces estoy fuera de Zirándaro. Hablé con el gobernador [Héctor Astudillo Flores]. Me manifestó su respaldo, me dijo que me enviaría una patrulla de la policía estatal para cuidarme, pero después nos enteramos que esa unidad informaba al grupo que me atacó de mis movimientos, así que decidí rechazarla. Fue un apoyo que no me ayudó mucho.

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¿Por qué aguantó casi dos años y medio?

—Fue una presión constante, pero no habían llegado a la agresión. Hubo negociaciones en tanto de no meterme con ellos, de no agredirlos. Nosotros decidimos acceder porque realmente es un tema de gobernabilidad, estamos en un territorio muy desfavorable, donde nuestras actividades están condicionadas a tener un clima de paz para avanzar.

Sin embargo, en los últimos dos meses las agresiones fueron ya muy directas hacia mi persona. La instrucción fue que no podía seguir en el gobierno y tenía que salirme. Nosotros no aceptamos, siempre sostuvimos que la delincuencia no tiene por qué determinar los aspectos políticos de un pueblo. Y esto fue tomado como un reto, como una forma de retar su autoridad. Y demostraron que tienen mayor capacidad que las autoridades locales.

Hace tres años, cuando ganó la elección, ¿de inmediato comenzó a recibir estas presiones?

—No, fue hasta la toma de protesta cuando comenzaron a hostigarme, cuando comencé a recibir estas presiones. Un año después, cuando comienza la guerra entre los dos grupos, el CJNG y La Familia Michoacana, la presión fue mucho mayor, porque los dos exigían la colaboración de los municipios y nosotros decidimos marcar un punto neutral.

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Después de que lo privaron de su libertad para obligarlo a renunciar a la reelección, Portillo fue incluido en el número dos de la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal, pero también renunció.

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