El informe del tercer peritaje sobre el basurero de Cocula, elaborado por seis de los mejores expertos en dinámica de fuegos en el mundo —tres elegidos por el gobierno y tres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— es un documento científico, no político. Los seis expertos de prestigio mundial concluyen, tras seis meses de recabar evidencias, visitar el lugar, y analizar y discutir internamente los datos, que sí ocurrió ese evento de fuego entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 y que en ese incendio fueron quemadas “por lo menos 17 personas”.

El documento, del que sólo existen dos copias, una en poder del GIEI y otra en poder de la PGR, responde de manera concisa y directa  a las preguntas que, de común acuerdo, hicieron el GIEI y la fiscalía mexicana a los especialistas. No hace más comentarios ni especulaciones; no dice si los 17 cuerpos quemados pertenecen a los normalistas ni da detalles de lo sucedido. Ricardo Damián Torres, Frederick W. Mowrer, James D. Quintiere, Mario Ricardo Saldaña Nolasco, José Torero Cullen y John D. Dehaan trabajaron y deliberaron de manera independiente para elaborar su peritaje, el cual gobierno y CIDH acordaron aceptar con carácter “conclusivo”, mediante acuerdo firmado el 20 de octubre de 2015.

Con ese acuerdo, las dos partes aceptaron implícitamente que el resultado de los expertos podría diferir de los peritajes anteriores, el primero de especialistas de la UNAM y peritos de la PGR, que establecía que los normalistas fueron quemados en ese basurero; y el segundo elaborado por José Torero para el GIEI que negaba la posibilidad de que ahí hubiera fuego con las dimensiones para quemar 43 cuerpos el 26 de septiembre del 2014; mismo que después fue reforzado por el peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAE). Ese era un riesgo asumido lo mismo por el gobierno que por el GIEI;  incluso, uno de los seis expertos, cuando lo invitaron a participar, les advirtió: “Lo que encontremos puede no gustar a algunos”.

Por eso, cuando el subprocurador Eber Omar Betanzos apareció el viernes pasado junto al especialista Ricardo Torres, quien presentó el informe en su carácter de portavoz y representante de los seis expertos, la queja del GIEI, sobre una “acción unilateral” del gobierno, más bien evidenció el disgusto del grupo por el contenido del informe de los expertos.

Se entiende que la conclusión a la que llegaron por consenso los seis expertos, al señalar que sí hubo fuego entre el 26 y 27 de septiembre y que “por lo menos 17 cuerpos” fueron quemados en Cocula, apunta más hacia el primer peritaje de la PGR y por eso el interés de la dependencia de difundirlo en voz del especialista Torres. Y también es lógico que al GIEI no le gustara la premura gubernamental por darlo a conocer porque no favorece a su conclusión. ¿Qué habría pasado si los especialistas hubieran dicho en su informe que nunca hubo fuego en Cocula y que no hubo cuerpos quemados ahí? ¿Lo habrían descalificado también los padres de los normalistas, los forenses argentinos (que se supone que no han tenido acceso al informe final) y el GIEI habría acusado una acción unilateral si el informe reafirmaba sus tesis?

La reacción de esos grupos ante un documento científico —al que se descalifica con argumentos y razonamientos políticos que desconocen la autoridad mundial de seis especialistas— sólo confirma lo enredado y entrampado que está el caso Ayotzinapa. No habrá evidencias, peritajes o informes científicos que valgan, si no validan la convicción política de un sector que ya tiene, hace meses, su conclusión inamovible. Y del lado de ese sector está el dolor y la exigencia de los padres que perdieron a sus hijos.

Por lo pronto hay tres hechos en puerta sobre Ayotzinapa: los padres volverán a marchar políticamente contra un informe científico; a los expertos del GIEI se les vence su “Acuerdo de Coadyuvancia” en el caso el 30 de abril y no habrá prórroga posible, por lo que se espera que antes de irse del país, el grupo de la CIDH emita sus propias conclusiones, totalmente opuestas a las del gobierno; y finalmente, en los próximos días se conocerán los resultados de los análisis de ADN practicados por la Universidad de Innsbruck, en Austria, sobre restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y otros restos encontrados en una bolsa de plástico en el Río San Juan. ¿Qué dirán los científicos austriacos sobre la identidad de esos restos? ¿Son o no de alguno de los normalistas desaparecidos? ¿Qué consecuencias tendrá un informe en uno u otro sentido? Y finalmente, ¿aceptarán los grupos ese estudio científico o igual lo descalificarán si no coincide con sus convicciones?

sgarciasoto@hotmail.com

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