Resultado de una pésima definición de prioridades, que consideró más urgentes e importantes las reformas económicas que la seguridad, la violencia y la injusticia en el país, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta hoy un severo juicio nacional e internacional sobre la situación de los derechos humanos y la impunidad que priva en México. La cruda realidad que en sus primeros años la administración peñista intentó hacer a un lado y ocultar —cual suciedad bajo la alfombra—, mientras centraba su energía en la aprobación de sus “reformas estructurales”, terminó por emerger a la superficie y hoy tiene al gobierno operando a marchas forzadas para desactivar la imagen de un Estado caótico y debilitado, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos.

El diferendo con la CIDH por su informe parcial de la semana pasada confirmó que el tema que el gobierno federal no tenía en su lista de prioridades, se volvió repentinamente el más importante. Tras el choque con el organismo interamericano tuvo que intervenir el mismo presidente Peña Nieto, quien recibió en Los Pinos al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, luego de que el representante internacional denunciara “intolerancia del gobierno mexicano a la crítica” y pidiera “no matar al mensajero” sino atender el mensaje.

“Cuando tienes el 98 por ciento de casos criminales que no han sido resueltos, esto demuestra la falta de protección que la mayoría de los ciudadanos mexicanos sienten. El pueblo de México necesita protección legal y la necesita rápido y pronto”, dijo Al Hussein en una entrevista para la cadena CNN, en la que también consideró que falta en el gobierno mexicano “sentido de urgencia” para combatir la impunidad en el país.

Peña Nieto tuvo que reconocer y aceptar ante el comisionado de Naciones Unidas, los “desafíos” en materia de derechos humanos y se comprometió a continuar la apertura y la cooperación demostrada con la reciente visita de la Comisión Interamericana, a pesar de que su gobierno no estuvo de acuerdo con el contenido preliminar de su informe, que acusó “una grave crisis de derechos humanos, impunidad y violencia en el país”.

Apertura en Derechos Humanos, pero el Ejército “no se toca”. De hecho, esta semana el gobierno mexicano se vio obligado a operar para aminorar el impacto de los cuestionamientos internacionales a los derechos humanos. Por un lado la OEA, a través de su secretario general, José Luis Almagro, reconoció que, aunque no esté de acuerdo con las opiniones de la CIDH, México ha dado “garantías” para el trabajo de los funcionarios y organismos internacionales en sus visitas de inspección al país. En el mismo sentido, de reconocimiento a la “apertura y transparencia” mostrada por la administración peñista se pronunció el alto Comisionado de la ONU, quien aceptó el compromiso mostrado por el Presidente y dijo que “hay determinación” de enfrentar el problema de derechos humanos e impunidad, aunque lo que falta “es sentido de urgencia”.

Resultado de esa operación se matizó el diferendo con la CIDH y la procuradora Arely Gómez anunció durante su comparecencia en el Senado la realización de un “tercer peritaje” sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula y la incineración de los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el que la dependencia invitó a seis reconocidos expertos y peritos internacionales, incluido el peruano José Torero del GIEI, para esclarecer qué fue lo que ocurrió con los cuerpos y si fueron o no cremados donde afirmó la investigación oficial de la PGR.

Pero el único caso en donde el gobierno de Peña Nieto no parece dispuesto a ceder, como una clara concesión a las Fuerzas Armadas, es en la negativa del Ejército para que la CIDH interrogue a los soldados del 27 Batallón de Infantería que conocieron de los hechos de Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014.

El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos ha sido tajante e inflexible en su posición de no permitir el interrogatorio a militares por la instancia continental, bajo el argumento de que “violaría la soberanía y se permitiría una injerencia externa en las Fuerzas Armadas”; esto a pesar de que el secretario general de la comisión, Emilio Álvarez Icaza, acusa al Ejército de pretender colocarse “en un régimen de excepción que no tiene”. Y ahí sí parece que el Presidente no está dispuesto a obligar a su general secretario a recibir a la CIDH en los cuarteles, aun cuando podría hacerlo en su carácter de “comandante supremo”.

Aún con eso es claro que justo ahora, cuando el tema de derechos humanos ha estado a punto de causarle una crisis de imagen internacional, el presidente Peña Nieto y su gabinete empiezan a entender el error de poner en un segundo plano un tema trascendente y delicado. De poco servirán sus grandes “reformas” —ya en marcha pero aún sin resultados plenos— si la imagen de un país caótico y sin garantías fundamentales para sus ciudadanos termina por ahuyentar las esperadas inversiones y agrava el de por sí magro crecimiento de la era peñista.

Notas indiscretas… Un dato que nos confirman desde Tamaulipas, a propósito de los nexos y apoyos con que cuenta el diputado Baltazar Hinojosa en sus aspiraciones por la gubernatura, es que además de su pasado con el ex gobernador Tomás Yarrington, de quien se considera operador cercano, hay una relación familiar que también apuntalaría su candidatura. Baltazar es primo segundo de Juan Armando Hinojosa, el polémico dueño de la constructora Higa, la misma que vendió en “facilidades” la Casa Blanca de las Lomas a la familia Peña Nieto y la “casita” de descanso en Malinalco a Luis Videgaray. Los padres del diputado tamaulipeco y el del empresario son primos hermanos y entre Baltazar y Juan Armando, nos dicen, hay una cercana relación familiar y amistosa. Tal vez eso explica también el entusiasta apoyo de Videgaray al diputado, al que hizo presidente de la Comisión de Presupuesto. Finalmente es otro Hinojosa... A propósito reformas peñistas, en medio de los escándalos y grabaciones de OHL y con las auditorías pendientes a los contratos otorgados a esa empresa, esta semana el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, hizo a un lado los escándalos para informar sobre los avances de la reforma de telecomunicaciones ante los empresarios más fuertes del sector agrupados en la Canieti, que lo invitaron a su convención. Según Ruiz Esparza tras la reforma constitucional, México ha sido reconocido por la OCDE como el país con la regulación menos restrictiva y más favorable para el desarrollo de las telecomunicaciones, además de que el uso de tecnologías de la información ha mejorado en el país y la disminución de costos hizo que México pasara del lugar 93 al 4 en el Índice de accesibilidad a la conectividad internacional, que mide costos, conectividad y nivel de competencia en el sector. El secretario mencionó que con la eliminación de la LADA nacional e internacional el costo de la telefonía fija disminuyó 40%, con un ahorro para los usuarios, aunque en telefonía celular —la más utilizada en el país— la baja de precios apenas fue de 15%. Sobre la “transición digital” en la televisión dijo que ya se ha logrado en varias ciudades del país, e informó que se han entregado a la fecha 6 millones de televisores a familias de escasos recursos, lo que coloca a México como el país más avanzado en esa transición en Latinoamérica. Ruiz Esparza dijo en su informe a la Canieti que el sector telecomunicaciones ha captado inversiones de 15 mil millones de dólares de empresas globales. Así que, según las cifras de la SCT, su reforma es un éxito. ¿Pensarán lo mismo los usuarios de telecomunicaciones en el país?... Alcaldes de varias ciudades del mundo, ministros de desarrollo urbano de varios países y expertos del urbanismo moderno llegarán a México el próximo viernes para participar en la Sexta mesa de Alcaldes y Ministros de la OCDE, en el Palacio de Minería, para discutir los retos de las grandes ciudades del mundo. Bajo el título El Siglo Metropolitano: políticas para ciudades resilientes e incluyentes, este foro reunirá a lo más selecto del urbanismo mundial en un intercambio de problemas, soluciones y experiencias para las grandes urbes del planeta. Sedatu, Infonavit y GDF son organizadores y promotores del evento donde Rosario Robles, Alejandro Murat y Miguel Ángel Mancera serán expositores y del que se espera obtener modelos que mejoren el desarrollo sustentable de las ciudades mexicanas… Los dados cierran con Escalera. Bien termina la semana.

sgarciasoto@hotmail.com

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