Barras y estrellas sobre La Habana

Salvador García Soto

Tuvieron que pasar 54 años para que la bandera de las barras y las estrellas pudiera ondear nuevamente bajo el sol de Cuba

Tuvieron que pasar 54 años para que la bandera de las barras y las estrellas pudiera ondear nuevamente bajo el sol de Cuba, sin que su presencia provocara gritos, protestas e injurias. Ayer, con la reapertura del edificio de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, se cerró una historia que comenzó en 1961, cuando las relaciones diplomáticas entre los dos países se rompieron definitivamente y dieron pie a uno de los conflictos más tensos y duraderos de la historia moderna.

Hoy esa tensión llegó a su fin con la presencia del secretario de Estado, John Kerry —el primer diplomático estadunidense que piso suelo cubano en 70 años—, que junto con el izamiento de la bandera norteamericana, prometió dar pasos para que la nueva relación diplomática con la isla “madure” y se comiencen a discutir temas que urgen tanto a Cuba —como el embargo que ha destrozado la economía y la vida de los cubanos— o como la democracia y los derechos humanos —que son prioridad en la agenda de la Casa Blanca en esta nueva etapa—.

En espera de los acuerdos o los desacuerdos a los que lleguen las comisiones bilaterales que se reunirán en Washington a partir de septiembre, lo que se hizo evidente en La Habana es que a lo largo de todo este proceso —que inició el 17 de diciembre de 2014 con el anuncio los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, que siguió con el izamiento de la bandera de Cuba en Washington el pasado 20 de julio y continuó ayer cuando la bandera estadunidense volvió a ondear en el Malecón habanero— ni Estados Unidos ni Cuba necesitaron ya de los intermediarios y los países que puenteaban en su complicada y tensa relación de las últimas cinco décadas.

En ese sentido la ausencia de México y su diplomacia en todo el proceso de reencuentro entre Washington y La Habana ha sido notoria. El papel estratégico que llegó a jugar la diplomacia mexicana en la historia de la difícil relación entre el imperio y la isla quedó en el pasado y hoy, que se inicia una nueva etapa en la geopolítica de la región, el gobierno mexicano y su Cancillería son poco menos que inexistentes en todo este proceso histórico.

Prácticamente la única presencia que México ha tenido en este reencuentro, es un comunicado de prensa que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el pasado 1 de julio cuando se anunció la reapertura de las embajadas tanto en Washington como en La Habana, en el que expresaba que “el gobierno de México se congratula por el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas”. Fuera de eso, nuestro país ha estado al margen de un cambio que impactará la relaciones y la interlocución política y diplomática en todo el hemisferio, y que toca a dos de sus países vecinos más importantes, los mismos que alguna vez vieron al gobierno mexicano como un interlocutor confiable y estratégico y que hoy simplemente no lo necesitaron para nada.

Revés al INAI; pelean estados trato igual en transparencia. Justo cuando los comisionados del INAI ya se frotaban las manos para hacerse del control del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) se toparon con pared ante la objeción de los demás órganos del Estado mexicano que por ley forman parte del nuevo esquema de rendición de cuentas del país.

Después de que el pasado 23 de junio se instaló el SNT en el World Trade Center, con la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Consejo del sistema, encabezado por la presidenta del INAI, Ximena Puente, tuvo su primera sesión con la presencia de más de cien comisionados de todos los órganos locales de transparencia del país y de los titulares del INEGI, Eduardo Sojo; del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega, y de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, quienes por ley forman parte del Sistema Nacional de Transparencia.

En esa primera sesión se acordó formar un grupo de trabajo para redactar el Reglamento del SNT, y ahí mismo la presidenta del INAI presentó una primera propuesta que ha sido analizada y discutida en todo el país. Desde entonces la propuesta original del INAI ha sufrido cambios sustantivos para que el nuevo sistema de transparencia tenga reglas de operación equitativas para todos sus integrantes. Los órganos locales exigen que su participación sea a nivel de pares y que no se permitan interpretaciones que coloquen a los comisionados del INAI con ventaja o con una jerarquía superior a los comisionados de los estados, porque, dicen, todos son órganos autónomos y todos deben definir los cargos de coordinación del SNT.

Después mes y medio de discusiones, el grupo de trabajo logró tener un proyecto de Reglamento que tenía condiciones mínimas para ser aprobado por los órganos de transparencia locales. Sin embargo, por falta de tacto y operación política del INAI, los que se inconformaron ahora son los demás organismos autónomos que forman parte del Sistema, pues los representantes del INEGI, ASF y AGN objetaron el proyecto de Reglamente por considerar que tiene “inconsistencias” que violan la Ley General de Transparencia y eso impidió que el Consejo del SNT sesionara el pasado 13 de agosto, como estaba previsto.

Ximena Puente tuvo que enviar un acuerdo de último momento a todos los demás órganos para posponer sesión, mientras logra el consenso con los representantes del INEGI, el AGN y la ASF. Así que el tiempo corre y el Sistema Nacional de Transparencia aún no tiene reglas de operación. Ya se verá si los comisionados del INAI, particularmente su presidenta y sus aliados Óscar Guerra y Eugenio Monterrey logran convencer a los titulares de los demás órganos autónomos federales de sacar un Reglamento que les otorgue el control del Sistema o si los órganos y los estados se mantienen en su posición de exigir un trato igualitario. En todo caso la disputa ya retrasó el funcionamiento de ese sistema.

Duarte mete gol al INE en Veracruz. El propósito del INE es formar un cuerpo de funcionarios electorales independientes y el espíritu de la reforma constitucional buscaba romper las ligas de los consejeros con los poderes estatales para terminar con el dominio y control que los gobernadores llegaron a ejercer sobre los órganos electorales locales. Sin embargo, en la práctica se ha cuestionado que en varios estados, el consejo del INE ha sido incapaz de frenar los apetitos y los tentáculos de varios gobernadores que, a través de camuflajes y prácticas simuladas, han metido la mano en la designación de consejeros electorales en los Organismos Públicos Locales (OPLES).

Uno de esos estados es Veracruz, que tendrá elecciones locales en 2016 y donde se ha detectado que entre los candidatos a consejeros electorales locales, un grupo numeroso de los que serán entrevistados son funcionarios y ex funcionarios del Instituto Electoral veracruzano —organismo cuestionado por su falta de credibilidad— y casi todos ligados al gobierno priísta de Javier Duarte de Ochoa. Un funcionario que aparece en esa lista y que es ubicado directamente como operador político personal de Duarte es Gabriel Deantes.

Deantes fue destituido por Duarte de la Subsecretaría de Administración y Finanzas durante una visita de Peña Nieto al estado porque era acusado de malversación de miles de millones por la ASF. Pero en cuanto se fue el Presidente, el gobernador lo rehabilitó y hasta lo premió al nombrarlo secretario del Trabajo, desde donde ahora busca influir en la integración del OPLE de Veracruz.

Por lo menos 25 de los 37 candidatos a consejeros electorales locales que serán entrevistados por el INE tienen algún tipo de vínculo con Deantes y por lo tanto con Duarte. Entre ellos se menciona a varios ex funcionarios del IEV, algunos ligados a la ex consejera electoral Carolina Viveros, como Jesús Octavio García, Laura Magnalena Zayden, Javier Covarrubias Velázquez, Rutilio Rosas, Alejandro Pérez Gutiérrez, Alba Esther Rodríguez, Erika García Pérez, Violeta Cárdenas, Gerardo Dávila, Claudia Meza y Arcelia Guerrero. Del llamado Colegio de Profesionales Electorales, organismo vinculado al PRI, aparecen Eduardo Antonio Aparicio, Iván Tenorio, Gregorio Arellano, Isaí Erubiel y León Vladimir Hernández.

Directamente vinculados a Gabriel Deantes están en la lista que analiza el INE, Tania Vázquez y Alejandro Bonilla.

Así que, en la coyuntura de un INE cuestionado por sus decisiones recientes —como el negarse a quitarle el registro al PVEM— y con miras a las elecciones del próximo año, los gobernadores aprovechan para tratar de meterle goles a la autoridad electoral y lograr OPLE´s a modo. Y en el caso de Duarte, todo apunta a que lo va a lograr.

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