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La Sedatu avaló corrupción de Borge

01/12/2016
02:07
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En el despojo de tierras a ejidatarios de Cozumel, con el que Roberto Borge y su grupo se apropiaron de cientos de hectáreas ejidales de la isla, hubo una acción concertada entre el ex gobernador de Quintana Roo y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal, encabezaba entonces por el actual diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. A través del Registro Nacional Agrario (RAN), la Sedatu validó e inscribió ilegalmente, a partir de 2014, cerca de 250 “contratos de usufructo”, que otorgaron superficies de tierras a personas ajenas al Ejido Cozumel, entre ellos el otorgamiento de 50 hectáreas ejidales, “a título gratuito”, a Roberto Borge Angulo.

El robo de Borge a los ejidatarios de Cozumel fue “autorizado” por el RAN con el folio 23001001109111945R y la solicitud 23150003358, según el expediente federal en poder de esta columna. Para validar el otorgamiento “gratuito” de esa superficie, el gobernador presentó una acta de la Asamblea del Ejido Cozumel celebrada el 3 de febrero de 2013 en la que, supuestamente, “se aprobó el Contrato de Usufructo de fecha 15 de marzo de 2015”, por 50 hectáreas del área de uso común a favor de Roberto Borge Angulo con vigencia de 30 años prorrogables”.

El truco legal validado por Sedatu y el RAN, consistió en aceptar el acta de la Asamblea del 3 de febrero de 2013 en la que los ejidatarios habrían aprobado —por que no se presenta constancia de votación y sólo la orden del día que menciona el punto— “la celebración de contratos de usufructo y su inscripción en el Registro Agrario Nacional con los CC. Jeferson Efraín Marín Flores, y el compañero Reyes Rodríguez y otros”. Y entre esos “otros”, cuyos nombres nunca se especifican, estaba Borge y muchos “otros” beneficiarios que aparecen en unos 250 contratos de usufructo del Ejido Cozumel validados e inscritos por el RAN y la Sedatu entre 2104 y 2015.

El artículo 23 de la Ley Agraria señala como requisitos para otorgar el usufructo de tierras ejidales, que aparezca el nombre, superficie de tierra y tiempo a usufructuar; sin esos requisitos los contratos “deben ser denegados”. Para consumar el “despojo”, se valieron de la frase “y otros”, mientras que los dos nombres que sí aparecen, Jeferson Efraín y Reyes Rodríguez no están en ningún registro oficial del RAN como beneficiarios. Extrañamente el expediente donde se otorgan las 50 hectáreas a Borge desapareció de las oficinas del RAN a nivel estatal y federal, según reportaron investigaciones periodísticas que intentaron rastrearlo.

Todos los despojos a ejidatarios fueron validados por los delegados de Sedatu y del RAN en Quintana Roo, Cástulo Ramírez y Rodolfo Vallín, quienes inscribieron esos “contratos de usufructo”, aún cuando no cumplían los requisitos de la Ley Agraria. ¿Qué papel jugó en todo eso el entonces secretario federal Jorge Carlos Ramírez Marín? ¿Supo o no supo el hoy diputado de las trapacerías y corrupciones que se cometían en Quintana Roo por parte del gobernador y sus amigos con las tierras ejidales? Si supo, fue cómplice; si no supo, ¿qué fue?

NOTAS INDISCRETAS… Antes del anuncio que hoy hará Miguel Angel Yunes y con el que, dice, “cimbrará a México”, la preocupación en el gobierno federal llevó a la PGR y a la Secretaría de Hacienda a desplegar una intensa operación para concretar la devolución de 421 millones de pesos al erario de Veracruz, provenientes de empresas fantasma que devolvieron recursos desviados por el prófugo Javier Duarte. En las últimas horas se cruzaron muchas llamadas entre la oficina del procurador Raúl Cervantes y el gobernador Yunes para acordar los términos de la primera entrega por 250 millones hecha ayer a la secretaria de Finanzas Clementina Guerrero, en la PGR. Yunes intentó que el gobierno federal no anunciara los 450 millones, porque era parte de lo que él anunciaría hoy en su toma de protesta, donde hablará de dinero público invertido por Duarte en gasolineras. Pero ante el avance que ya tenían PGR y Hacienda aceptó coordinarse con ellos porque el monto federal era cuatro veces más de lo que él tenía documentado. Para reintegrar esos millones se utilizaron por primera vez mecanismos legales del nuevo sistema de Justicia Penal, y en la procuraduría afirman que esto apenas es el comienzo, porque hay “cientos de millones de pesos” en recursos y propiedades de Duarte y sus prestanombres en México y el extranjero. Muchos de los “socios” del prófugo se acercaron a la PGR y aceptaron regresar el dinero público a cambio de tratos para no ser acusados; en el proceso ha habido cooperación de los gobiernos de Estados Unidos, Holanda y España para ubicar y confiscar propiedades adquiridas por la red de corrupción de Javier Duarte. Como sea, se espera que hoy Yunes haga anuncios importantes sobre otros bienes incautados a la red de lavado de dinero público del ex gobernador prófugo… Dados girando. Otra Serpiente.

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Salvador García Soto
Autor de la columna “Serpientes y Escaleras”, Salvador García Soto es uno de los periodistas críticos con amplia presencia en los medios impresos y electrónicos de México.

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