Coahuila, entre los Moreira, la deuda y la crisis

Salvador García Soto

Después del Estado de México, que muchos ven como la “joya de la corona” por su importancia estratégica en votos y por ser la tierra del presidente Enrique Peña Nieto, de las gubernaturas que se renovarán en 2017 Coahuila es la segunda en atraer la atención. Primero, por la posibilidad de una alternancia histórica en este estado norteño, ante el impulso logrado por el PAN en las pasadas elecciones estatales, y luego por ser el feudo de control de los hermanos Moreira, Rubén y Humberto, que se heredaron la gubernatura y cumplen 12 años de control político en el estado.

A los graves problemas financieros y la crisis de recursos que enfrentó el actual gobernador, Rubén Moreira, por la abultada deuda que heredó de su hermano, se suman los problemas de inseguridad y violencia por la presencia del narcotráfico en varias regiones del estado y una crisis de derechos humanos en la entidad. Por si eso fuera poco, están los escándalos de corrupción en que se vio involucrado el ex gobernador Humberto Moreira, quien estuvo preso en España y, aunque no le pudieron probar operaciones de blanqueo de dinero, sigue siendo investigado en cortes federales de Texas, en donde ex funcionarios de su administración, como el ex secretario de Finanzas, Javier Villarreal, ha sido acusado y ha reconocido la existencia de cuentas en paraísos fiscales por hasta 3 mil millones de pesos.

Qué tan grave será la crisis económica que dejó a Coahuila el crecimiento de la deuda estatal contraída durante la administración de Humberto Moreira que, según un análisis que hizo el diario El Economista, si hoy tuviera que pagarse la deuda pública del gobierno estatal, a cada coahuilense le tocaría pagar 12 mil 527 pesos. Sólo así, los 2 millones 954 mil 915 habitantes que tiene el estado, según el Inegi, podrían pagar la deuda, que al primer semestre de 2016 acumulaba un saldo de 37 mil 89 millones de pesos.

Ese es el contexto en el que se realizarán los comicios por la gubernatura el 4 de junio de 2017, cuando también se elegirán diputados locales y 38 presidencias municipales en el estado. A pesar del férreo control político de los hermanos Moreira, que llevan 12 años controlando la estructura del PRI en la entidad, la situación económica del estado, los escándalos de corrupción y hasta el desgaste del presidente Enrique Peña Nieto, se ven como factores que pueden influir en un voto histórico por la alternancia en el estado donde nació el ex presidente Venustiano Carranza.

¿Corredor azul en el norte? La cercanía geográfica de Coahuila con Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, estados donde recientemente el PRI ha perdido el poder, ya sea a manos de candidatos panistas o de independientes, hace que las elecciones coahuilenses se conviertan en estratégicas en la lucha por votos y posicionamiento de los partidos nacionales rumbo a la sucesión presidencial de 2018. En estos momentos, junto con Sonora, recientemente recuperada, Coahuila es el único bastión que le queda al PRI en la frontera norte, luego de sus recientes derrotas en los comicios chihuahuenses y tamaulipecos.

Para el PAN, ganar Coahuila significaría prácticamente tener el control de la mayor parte del norte de la República, una de sus zonas de mayor influencia, y consolidar así su fuerza rumbo a las elecciones presidenciales. Por ello, el dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, viajó hace unas semanas a la entidad, en donde instaló una “mesa de diálogo” con los aspirantes a la candidatura de su partido a gobernador, con la finalidad de ponerlos de acuerdo y evitar fracturas o divisiones que pongan en riesgo las posibilidades de triunfo en los próximos comicios locales.

A la “mesa” de aspirantes panistas en Coahuila fueron invitados: Guillermo Anaya Llamas, ex senador, ex diputado y también ex candidato del PAN a la gubernatura; el actual senador Luis Fernando Salazar; el alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo; el empresario y alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal y la senadora Silvia Guadalupe Garza. Entre ellos cinco, dicen en el panismo, se elegirá al mejor posicionado y con mejor imagen pública, según el pacto hecho en la mesa convocada por el CEN blanquiazul.

Y mientras, el PRI buscaría retener la gubernatura, a pesar de todo su desgaste, con un candidato que puede surgir de entre tres aspirantes posicionados en este momento: el actual alcalde de Torreón, Miguel Riquelme Solís; Javier Guerrero García, diputado federal y ex secretario de Desarrollo Económico con Rubén Moreira; y Yericó Abramo Masso, actual diputado federal. De entre ellos podría salir el abanderado priísta que buscaría la nada fácil labor de remar contra corriente —y contra los Moreira— para mantener el histórico control político del PRI en Coahuila.

Porque al final está claro que, además del desgaste natural de ser gobierno y hasta la baja popularidad y aprobación del presidente Peña Nieto, lo que más pesará en los comicios de Coahuila es el apellido Moreira. No sólo por la gestión de Rubén el gobernador, sino por la persistente presencia de Humberto que, después de que no le pudieron probar nada en la Fiscalía anticorrupción de España, tomó eso como una completa exoneración y, un día si y otro también, dejan correr rumores de que podría —“si él quisiera”— volver a ser candidato, ya sea como diputado, como alcalde de Saltillo o como cualquier otra cosa, dicen sus apoyadores, entre los que se cuenta la Unión Democrática de Coahuila. De que puede legalmente no hay duda, pero ver una vez más el apellido Moreira en las boletas electorales de Coahuila podría ser letal para el PRI.

Durango y los abucheos al PRI. Muchas cosas pasaron en la histórica toma de protesta de José Rosas Aispuro como gobernador de Durango. Por primera vez un panista llegaba al gobierno de este estado, siempre gobernado por el PRI, y la tensión en el ambiente era mucha por el enfrentamiento abierto que se dio en las campañas entre el mandatario entrante y el saliente. La polarización que viven los duranguenses ante el cambio de administración se hizo evidente cuando, en pleno acto de cambio de poderes, el público comenzó a abuchear a los diputados priístas. Conforme eran mencionados sus nombres, silbidos y mentadas de los casi 12 mil asistentes se escuchaban para los del tricolor.

Molestos por la ofensa, los diputados del PRI se retiraron de la sesión del Congreso local donde rendiría protesta el nuevo gobernador y, preocupados, los diputados del PAN fueron a pedirles que regresaran y se comportaran institucionalmente. “En el tiempo que nosotros estuvimos en el gobierno, nunca les hicimos una chingadera así”, reclamaba furibunda una diputada priísta al coordinador del PAN en el Congreso duranguense, que les pedía que volvieran al auditorio donde se llevaba a cabo la sesión de instalación y cambio de poderes.

Al final los priístas aceptaron regresar con la promesa de que el PAN pediría a la gente calmarse y no chiflarles. Pero ya estaban de nuevo en la sesión cuando el presidente del Congreso pidió que una comisión acompañara al gobernador saliente, Jorge Herrera Caldera, para que se retirara del lugar antes de que terminara el acto. El gobernador entrante, el panista Rosas Aispuro, se opuso y pidió que su antecesor permaneciera en el lugar hasta que concluyera la ceremonia. Y así, entre abucheos, equivocaciones y evidentes tensiones entre los que llegan y los que se van del gobierno local, la mayor rechifla que se escuchó en el lugar fue para el senador Ismael Hernández Deras, ex gobernador del estado. Ah que los durangueses tan revolucionados.

Secretario de Gobierno ¿defraudador? Por cierto, que el nombramiento del arquitecto Adrián Alanís Quiñones como nuevo secretario de Gobierno de Durango, hecho por Rosas Aispuro, ya provocó revuelo en el estado. Y es que a Alanís Quiñones lo relacionan con un fraude cometido en contra de beneficiaros del Fovissste en el fraccionamiento Versalles de la capital duranguense. Según documentos y publicaciones en diarios locales, en la década de los 90, el ex priísta Quiñones fue propietario de una constructora de vivienda, Desarrollo Urbano e Industrial de Durango, S. A. De C.V., junto con un hermano suyo, Jaime Alanís Quiñones, que construyó un desarrollo inmobiliario para trabajadores del gobierno federal en los terrenos ubicados en el Callejón de San Ignacio de la capital del estado.

Esos terrenos se los compraron a dos familias, Hernández Valtierra y Márquez, para construir el fraccionamiento Versalles. El problema es que las dos familias sostienen una demanda que, aún hoy, afirma que ni Adrián ni Jaime les pagaron nunca por sus terrenos por lo que mantienen acciones legales contra ese adeudo. Pero el fraude no fue sólo contra los propietarios del terreno; decenas de trabajadores federales que en esa época cotizaban en el Fovissste también denuncian que entregaron dinero como enganche para obtener casas en varios fraccionamientos construidos por los hermanos Alanis Quiñones, y que nunca recibieron a cambio la vivienda prometida.

Hay por lo menos 7 denuncias de personas, identificadas por nombre y apellido, que dicen haber sido defraudadas por la constructora del hoy secretario de Gobierno en el fraccionamiento Cibeles; dos más afirman que nunca les entregaron casas en Rincón de Agricultura, a pesar de haber hecho pagos de dinero, y 19 derechohabientes del Fovissste interpusieron demandas por defraudación en otro desarrollo de la constructora de los Alanís, denominado Las Brisas.

Adrián Alanís Quiñones fue priísta de toda la vida y, junto con Rosas Aispuro, dejó el PRI hace unos 7 años. Es actualmente senador de la República y antes secretario de Obras en el gobierno priísta de Ángel Sergio Guerrero Mier y colaborador de la campaña de Francisco Labastida en el 2000. Hoy es el hombre de confianza del nuevo gobernador Rosas Aispuro y el segundo de abordo en el primer gobierno panista de Durango. Y, según los que lo acusan, también es un defraudador.

[email protected]

TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios