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¿Cuánto más, Tomás?

Salvador García Soto

El informe final del Grupo de Expertos Independientes (GIEI), en su mayor parte, era más que previsible. Que no hubo fuego en el basurero de Cocula, que el gobierno obstruyó sus investigaciones, que no los dejaron interrogar al Ejército, que no se agotaron todas las líneas de investigación y hasta el rechazo al tercer peritaje de expertos en dinámica de fuegos. Todo eso se sabía y lo habían repetido hasta el cansancio los enviados de la CIDH y sus aliados del grupo de forenses argentinos. Pero hay un dato nuevo con el que el GIEI parece haber dado en el clavo y abierto un frente que da un golpe seco a la agrietada “verdad histórica” de la PGR y el gobierno mexicano: la siembra de evidencias, como las bolsas presuntamente halladas en el río San Juan, y el responsable de tan grave acción: el subprocurador Tomás Zerón.

Si a eso se añade lo que ya habían documentado periodistas y otros grupos sobre la tortura a detenidos y acusados por el secuestro y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la conclusión para la investigación oficial es demoledora: siembra de evidencias, inducción de declaraciones, tortura de acusados, tres fuertes agravantes que tirarían, de golpe, no sólo la versión oficial construida por el ex procurador Jesús Murillo Karam y sostenida, contra viento y marea, por la actual procuradora Arely Gómez, sino todas las indagatorias del caso que no resistiría, de probarse una de las tres violaciones o las tres, la lógica del “debido proceso” (“el maldito debido proceso”, Nelson dixit) y sería fácilmente desechada por un juez del Poder Judicial Federal, con todas las consecuencias que eso tendría para el gobierno y para el país.

Porque al sacar a la luz el nombre del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, lo que hizo el grupo de expertos independientes fue poner en el foco a uno de los responsables directos de la “verdad histórica”, construida en los cinco meses que Murillo Karam estuvo al frente de las indagatorias. Tomás Zerón fue a quien, personalmente, el ex procurador encargó las investigaciones y quien armó y documentó las indagatorias, detenciones, interrogatorios y peritajes, que formaron la versión oficial que aún sostiene la PGR.

El mismo Jesús Murillo, ahora fuera del gabinete y bajo tratamiento médico, señala a Zerón como autor de la investigación que llevó a la detención de 99 personas como presuntos responsables de la desaparición y muerte de los normalistas. Incluso, en comentarios a cercanos, el ex procurador se queja de que Tomás y otros ex colaboradores suyos —entre los que menciona a la diputada Mariana Benítez, ex subprocuradora Jurídica— faltaron a la confianza que les tuvo, al ocultarle y mentirle sobre la forma en que se realizaron muchas diligencias que integraron los expedientes que él presentó ante la opinión pública como la cuestionada “verdad histórica”, cuya responsabilidad se le carga sólo a él cuando hubo otros funcionarios responsables.

Por eso el GIEI da en el clavo al señalar a Tomás, quien es el único del equipo anterior de la PGR ratificado en el actual equipo de la procuradora Gómez. Esa ratificación no fue gratuita. Zerón tiene un nexo directo con Los Pinos y en particular con el influyente consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, desde los tiempos que trabajó en la procuraduría del Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. Eso sostiene al director de la Agencia de Investigación Criminal, a pesar de su actuación directa —y ahora documentada y cuestionada por los expertos de la CIDH— en el enredado caso Ayotzinapa.

La pregunta es cuánto tiempo más se sostendrá a funcionarios que a su vez sostienen y se empeñan en una versión que no sólo ha perdido credibilidad y certeza, sino que además es objeto creciente de una presión internacional que escaló hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos que ayer “recomendaba” al gobierno mexicano atender el citado informe final del GIEI, al que ellos mismos invitaron a colaborar en las investigaciones. ¿Cuánto más, Tomás?

NOTAS INDISCRETAS…Menuda ayuda dio el senador y ex gobernador Félix González Canto a su pupilo y candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, Mauricio Góngora. Al destruir propaganda electoral del candidato aliancista Carlos Joaquín, el ex mandatario exacerba los ánimos y demuestra, actuando cual porro electoral, la poca civilidad del priísmo quintanarroense. Dicen que Góngora le pidió al gober incómodo, Beto Borge, que dejara de tuitear y que no hiciera olas durante la campaña. No estaría de más que le pidiera lo mismo a su jefe Félix… Los dados mandan Serpiente.

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