Los apuros de Arely

A un año de haber asumido el cargo como procuradora general de la República, Arely Gómez ha tenido que sacar varias castañas del fuego; algunas heredadas por su antecesor, Jesús Murillo, como el acertijo cada vez más complicado del caso Ayotzinapa y la cuestionada “verdad histórica”, y otras ya durante su gestión que han colocado a la procuradora como una de las figuras más visibles del gabinete federal, como la fuga, recaptura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, o el reciente caso del ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira.

Pero a pesar de las tormentas, un año después, Arely Gómez parece afianzarse en un cargo en el que, contra las críticas, ha logrado estabilizar y ordenar una PGR que recibió severamente cuestionada y desordenada. Dos temas consumen en estos momentos la atención de la procuradora y su equipo: el próximo informe conjunto que emitirán el gobierno federal y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el tercer peritaje en el basurero de Cocula, y el proceso de extradición de El Chapo Guzmán, que la PGR busca “acelerar” tras la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto para “acortar los tiempos” para su envío a Estados Unidos.

En el primer caso el reto de la procuradora estriba en conciliar dos posiciones, hasta ahora irreconciliables, de los expertos que sostienen afirmaciones distintas sobre el lugar en que fueron quemados y desaparecidos los cuerpos de los 43 normalistas. Para eso, el grupo de peritos, integrado por expertos propuestos por el gobierno y otros del GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizan nuevas investigaciones en los terrenos de Cocula para determinar lo sucedido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. La fecha prevista para el resultado de ese “tercer peritaje” es el 31 de marzo, aunque hay expertos que han pedido unos días más para arribar a conclusiones.

El problema vendrá al momento de buscar un “consenso” entre los seis expertos; es posible que al final no haya un fallo unánime sobre lo sucedido en Cocula, específicamente sobre cuántos cuerpos fueron realmente quemados en ese basurero, y podría ocurrir que el informe final sea avalado por cuatro que sostienen una conclusión y dos que afirmen otra. El problema, si no hay consenso, será darle a este nuevo peritaje un carácter de conclusión, como el que busca el gobierno, ya que seguramente será rechazado por los grupos y organizaciones que han hecho del tema un asunto político y que volverán a la carga para descalificar cualquier intento de cierre que no aclare dónde fueron quemados y desaparecidos todos los cuerpos de los estudiantes.

Ese es el tamaño del galimatías que enfrentará en unas semanas la PGR que tampoco quiere alargar eternamente las investigaciones, a sabiendas de que no habrá conclusión que satisfaga a los grupos que, por estrategia y convicción más que por evidencias científicas, insistirán en llevar el tema hacia la participación del Estado en un caso de “desaparición forzada”, que el gobierno ha negado sistemáticamente. La pregunta es si la solidez del tercer peritaje le alcanzará a la procuradora para buscar la “conclusión” de una investigación a la que, por otro lado, también hay sectores de la sociedad que demandan poner punto final.

En el otro asunto, la extradición de Joaquín Guzmán, la PGR está a punto de concluir el proceso legal para sustentar su decisión de enviar al capo sinaloense a la justicia de Estados Unidos. En cuestión de semanas el expediente será turnado a la Secretaría de Relaciones Exteriores que es instancia que determina, con base en el expediente legal y jurídico del Ministerio Público, si procede autorizar la extradición. Si la Cancillería autoriza extraditar a El Chapo, se abriría un periodo de 20 días en el que los abogados del delincuente podrían interponer amparos ante la justicia federal, y dependiendo de la posición que tomen los jueces que reciban las suspensiones, el envío de El Chapo a la justicia estadounidense podría estar próximo si la estrategia le funciona a la procuradora y su equipo.

Por lo pronto, la segunda mujer en ocupar el despacho de la Procuraduría General de la República, la misma a la que sus críticos minimizaron y descalificaron por vínculos familiares y políticos, ha cumplido un año al frente de tan complicada y cuestionada institución. Y las tormentas no cesan.

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