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La conciencia de Aguirre

Salvador García Soto

“Sin temor alguno” y con “la conciencia tranquila”, así se dijo ayer Ángel Aguirre Rivero al reaparecer, sonriente y quitado de la pena, tras su omisa actuación como gobernador del estado donde asesinaron a 43 normalistas. A casi un año de pedir licencia, al dos veces mandatario de Guerrero no le preocupa su situación legal e incluso anuncia que prepara “un movimiento de la sociedad civil” para volver a hacer política “porque un político no se retira hasta que muere”.

El tamaño de la tranquilidad de Aguirre es proporcional a la impunidad que protege al político sureño conocido por su conducta negligente y su proclividad al festejo excesivo. Y no hay razón para que el ex priísta y ex perredista esté intranquilo, luego de la incapacidad mostrada por el gobierno federal para acreditar una supuesta colusión del gobernador con el matrimonio Abarca, acusado de la desaparición de los estudiantes.

Porque aunque ahora declara voluntariamente ante diputados y él mismo revela que hace mes y medio también acudió a declarar ante la PGR por el caso de los normalistas, sí hubo un momento en que el gobierno de Peña Nieto dio la orden de investigar a su amigo Ángel Heladio y buscar elementos y pruebas para integrarle una averiguación por “complicidad con los Abarca y el crimen organizado”.

Eso ocurrió días después de que pidió licencia el 23 de octubre de 2014. Desde oficinas federales se filtró a periodistas información y expedientes judiciales que afirmaban que había una relación sentimental entre Aguirre Rivero y María de los Ángeles Pineda, además de que la esposa de Abarca, a quien la PGR señalaba como “principal operadora de Guerreros Unidos”, había financiado la campaña del gobernador.

Al mismo tiempo que el gobierno federal revelaba los vínculos entre Aguirre y Pineda y su apoyo en la fuga de los Abarca (Serpientes y Escaleras 27/10/14), también se filtró la declaración judicial de Sidronio Casarrubias, a quien la PGR de Murillo presentó como “líder de Guerreros Unidos”. Reforma publicó que el narcotraficante declaró desde el penal del Altiplano que: “María de los Ángeles Pineda Villa es la actual amante del gobernador del estado de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y quien también fue financiado para su campaña por estas personas”.

Con base en esa declaración la PGR intentó armar una acusación directa contra Aguirre Rivero. A finales de octubre de 2014 el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, fue llamado a declarar a las oficinas centrales de la procuraduría por el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Tras varias horas de tomarle declaración al fiscal guerrerense y a varios colaboradores suyos sobre los hechos del 26 de septiembre en Iguala, el funcionario local preguntó si ya podían retirarse, pero le dijeron que no.

Lo llamó entonces Zerón a su despacho y le dijo: “Necesitamos que declares contra Aguirre. Dinos todo lo que sepas sobre sus vínculos con el crimen, el procurador te lo pide. Necesitamos que lo acuses y a cambio te apoyamos”. Versiones de ex funcionarios de la PGR afirman que Iñaki Blanco se negó a declarar. “Cómo me piden eso, no puedo declarar contra el gobernador para el que trabajo”, argumentó el funcionario. Y ante su negativa fue retenido más de 24 horas en las instalaciones de la procuraduría. A la mañana siguiente, ante las amenazas de denunciar públicamente su retención ilegal, el fiscal de Guerrero fue liberado, no sin antes recibir una llamada de Murillo Karam: “Ya puedes irte, estás limpio. Nunca dudamos de ti”.

Meses después, el 11 de febrero de 2015, la PGR acusó y detuvo a Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del gobernador, por el desvío de 287 millones de pesos del erario estatal y federal. Con él fue detenido Luis Ángel Aguirre, sobrino del mandatario, y cuatro personas de apellidos Hughes Acosta. El mismo Tomás Zerón anunció las detenciones en el DF, mientras en Zapopan, en un acto de la Fuerza Aérea, los periodistas le preguntaron a Murillo si en el fraude estaba involucrado Ángel Aguirre. La respuesta del procurador fue lacónica: “Contra él no hay nada, por ahora”.

Y nunca lo hubo. Ese fue otro gran fracaso de Murillo Karam y de Peña Nieto que no pudieron —o no quisieron— sancionar las omisiones y la negligencia en el crimen contra los normalistas, que la misma Presidencia de la República calificó en un principio como “un problema local”. Por eso Aguirre Rivero hoy puede pasearse tan tranquilo y sin temor. Primero no quisieron y cuando quisieron acusarlo, no pudieron.

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