¿Por qué alarma tanto que la PGR haya corrido al visitador Cesar Chávez Flores después de que entregó su informe sobre el caso Ayotzinapa?

Porque cabe leer su salida como un episodio añadido para obstruir la justicia o, peor aún, porque podría implicar complicidad de las autoridades federales en el caso penal más relevante y emblemático de nuestros días.

Las irregularidades detectadas por el visitador Chávez sobre el expediente judicial —relativas a las diligencias celebradas en el lecho del río San Juan, (los días 28 y 29 de septiembre de 2014)— agrandan la duda sobre la teoría general del caso, la mal llamada verdad histórica, que ha pretendido explicar la desaparición de los normalistas.

Tengo para mí que estas irregularidades alimentan desconfianza que otros han argumentado antes, sobre la posible siembra de los restos del joven Alexander Mora en el lecho del río, y también debilitan el testimonio de Agustín García, alias El Chereje, quien supuestamente condujo a Tomás Zerón de Lucio —ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)— al sitio donde estos fueron encontrados.

La visitaduría afirma de entrada que fue irregular la detención de Agustín García, ocurrida la tarde del 27 de septiembre de 2014. Ordena que se investiguen las acusaciones de tortura que habría enfrentado durante las horas posteriores a su aprehensión y que en su momento fueron señaladas por el GIEI. Precisa también que el oficio con el que se le excarceló para que acudiera al río San Juan el día 28 no cumple con los requisitos de ley. No funda ni motiva las razones por las que Zerón lo llevó a Cocula. En el gremio penal lo llamarían un “oficio balín” porque no obra siquiera en el expediente.

En el mismo sentido la visitaduría subraya que García asistió a la presunta escena del crimen sin estar acompañado por abogado defensor y sin presencia del Ministerio Público. En consecuencia se violaron sus garantías constitucionales de manera flagrante durante la diligencia el día 28.

El informe advierte que tampoco los peritos participantes en esa diligencia recibieron orden del Ministerio Público para que asistieran. No hay documento que justifique su presencia en esa supuesta escena del crimen durante esa jornada específica.

Abunda que esos mismos peritos violaron los protocolos de actuación de la PGR, ya que contaminaron la escena del crimen y desecharon, sin criterios científicos, evidencia que podía ser relevante. Clasificaron por otro lado el material encontrado con etiquetas cuya información era presuntamente equivocada.

Por ejemplo, sobre la bolsa donde aparecieron los restos de Alexander Mora se colocó una etiqueta con la fecha del 28 de septiembre, cuando, según declaraciones posteriores de estos funcionarios, fueron en realidad colectados el miércoles 29 a las 8:50 a.m. Aparecieron casualmente diez minutos antes de que llegara al sitio el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF.

Igual a como lo hizo el GIEI en abril de este año, la visitaduría también reclama que nada de esta diligencia haya sido registrado en el expediente judicial del caso Ayotzinapa.

Acaso lo más relevante en este informe no está en lo que se dice, sino en lo que se infiere de él. Al no descartar la hipótesis de que el testimonio de El Chereje pudo haber sido fabricado y al no despejar la posibilidad de que los restos de Alexander Mora hayan sido sembrados, se abre una serie de interrogantes con enorme repercusión política y sobre todo penal: ¿de dónde obtuvo la AIC los restos del único normalista plenamente identificado? ¿Quién se los proporcionó? ¿Sabe esa extraña fuente dónde están los demás jóvenes de Ayotzinapa?

Estas preguntas se relacionan con otra más amplia: ¿Por qué la PGR traicionó su compromiso con los padres del las víctimas de entregar este informe el pasado mes de agosto?

ZOOM: el informe de la visitaduría abre de manera inevitable una línea principal de investigación para hallar a los desaparecidos: seguirle la pista a los restos de Alexander Mora.

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@ricardomraphael

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