Espías en conflicto

Enrique Peña Nieto pide pruebas, que asegura no hay, de que su gobierno espía a periodistas y activistas pro derechos humanos, mediante un sofisticado programa israelí (Pegasus) que, supuestamente, sólo es vendido a gobiernos para tareas de seguridad nacional y combate al crimen organizado, según reveló el lunes pasado el periódico estadounidense The New York Times.

El reportaje, que incluye nombres de los alambreados, entre ellos el de mi compañero en estas páginas Carlos Loret de Mola, sugiere que sí hay pruebas cuando detalla el modus operandi. Es más, los presuntos espiados confirman que a sus celulares han llegado mensajes con las ligas que permiten el acceso del software que abre las puertas a su información, contactos, mensajes de texto y hasta audio y video.

Habría que empezar por preguntarnos si, en efecto, el gobierno mexicano dispone del famoso Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group Technologies y comercializado por la estadounidense Security Tracking Devices. La respuesta es que por lo menos tres entidades gubernamentales (la Sedena, la PGR y el Cisen), han dejado rastro de que sí disponen de él.

Una filtración de correos electrónicos de la firma italiana Hacking Team (competidora de NSO), reveló en 2014 el vínculo del gobierno mexicano con la empresa israelí NSO, de acuerdo con el diario español El País. Uno de esos correos, de Sergio Rodríguez Solís, consigna que la Sedena ya conocía el programa Pegasus: “Tienen NSO para móviles y están enamorados de él”, escribe el ingeniero. Dos años antes, dos medios mexicanos habían publicado información sobre supuestos contratos del Ejército con los desarrolladores israelíes. Carmen Aristegui, otra de las presuntamente espiadas, publicó en julio de 2012 tres contratos de adquisición del sistema con la firma NSO.

Otro de los correos filtrados del ingeniero Rodríguez Solís revela que en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional ya conocían el programa de infección de teléfonos móviles. El ejecutivo de Hacking Team informaba a sus jefes, tras una visita a México, que el Cisen preguntaban insistentemente por qué el software italiano “no tiene vectores de infección que no requieran interacción del usuario, como sí los tiene el Pegasus”.

En septiembre de 2016, el periódico Reforma publicó que la PGR había comprado el sistema Pegasus en 15 millones de dólares. La adquisición se habría llevado a cabo entre 2014 y 2015, cuando era procurador Jesús Murillo Karam. La respuesta oficial sobre la presunta compra fue en estos términos: “La Agencia de Investigación Criminal (de la PGR) localizó la información solicitada, pero por ser de seguridad nacional es clasificada”. Por lo tanto, la reservó cinco años. Se hará pública hasta 2021.

Hay elementos, entonces, para suponer que el gobierno dispone del Pegasus. Es más, el propio presidente Peña Nieto dijo ayer, tras rechazar categóricamente que su gobierno espíe a periodistas, activistas o a cualquier otro ciudadano, que el Estado utiliza la nueva tecnología, que “sí tiene”, para garantizar la seguridad nacional y combatir al crimen organizado.

Del aserto surge otra pregunta: ¿esa tecnología se utiliza para intervenir comunicaciones privadas de quienes no son criminales ni amenaza a la seguridad del país? Peña Nieto aseguró que no, salvo cuando está de por medio la seguridad nacional. Lo que nos lleva a un par de preguntas más: ¿amenaza al Estado quien lo critica y confronta, ejerciendo las libertades de expresión y manifestación? ¿Cuál es el criterio, y quién lo aplica, para categorizar a alguien como amenaza? Uno supone que la violación de la ley, lo que, se asume, debe castigarse conforme a la ley. Ocurre sin embargo que muchas veces el poder pretende reparar la violación de una norma violando otras.

Así ocurrió, por citar un ejemplo, cuando en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, el Estado aniquiló al movimiento armado que lo desafió. No digo que tenía que haberse quedado con los brazos cruzados ante una real amenaza a su integridad. Digo que debió combatirlos, pero llevarlos a la justicia, no exterminarlos impunemente. Esa guerra sucia tuvo como sustento, por cierto, las estructuras de espionaje creadas por quien ha pasado a la historia como el “rey del espionaje” en México, Fernando Gutiérrez Barrios. Esas estructuras siguen operando, ahora recargadas por la tecnología.

El espionaje es tan viejo como el hombre mismo. Sería ingenuo pensar que la referida por el New York Times sea la primera vez que el Estado mexicano espía a sus opositores y detractores. El propio Peña Nieto lo dijo ayer: “todos los mexicanos nos sentimos espiados, incluso yo como presidente”. Y entonces ¿quién nos espía?

INSTANTÁNEA: EXIGENCIA. El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, pidió ayer al procurador de la CDMX, Rodolfo Ríos, un puntual seguimiento a la investigación, y el claro deslinde de responsabilidades, del asesinato de una jovencita en la Unidad CTM “El Risco”, a manos de dos sujetos que le dispararon y que fueron detenidos cuando intentaban huir. La intervención del senador obedeció a que la víctima de 18 años es hija de un colaborador del Senado, con 22 años de servicio en actividades de mensajería.

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