Costoso arreglo legal en Pemex

Hace unos días Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la conclusión de una larga disputa judicial con el consocio internacional Conproca, integrado por la empresa coreana SK Engineering & Construction Co. Ltd. y la alemana Siemens, A.G., que le costó a la paraestatal cerca de 300 millones de dólares para resolver la controversia derivada de la reconfiguración de la refinería “Héctor R. Lara Sosa”, en Cadereyta, Nuevo León, iniciada en 1997.

Este proceso que se ventiló en tribunales mexicanos y extranjeros duró unos 15 años, tiempo en el cual Pemex presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de esas empresas extranjeras por sobornar supuestamente a abogados del área jurídica de Pemex en gobiernos anteriores, a fin de que dejaran perder el caso y beneficiar así a Conproca con esa multimillonaria liquidación.

Con dicha negociación, que le costó a México importantes recursos públicos, la petrolera se desistió de las acusaciones penales y acordó que “ambas compañías destinarán los recursos que Siemens reciba de Conproca a un fideicomiso para realizar proyectos de combate a la corrupción, protección al medio ambiente, desarrollo social, fomento de la transparencia, cultura energética, mercado justo y otras que determine el Comité Técnico del propio fideicomiso, el cual estará integrado por representantes de Pemex y de Siemens”.

Uno de los involucrados en las investigaciones por los supuestos sobornos de Conproca es José Néstor García Reza, abogado general de Pemex en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón (del 20 de septiembre de 2004 al 1 de diciembre de 2010), quien también fue identificado por órganos de inteligencia como parte de un complot orquestado por empresas transportistas de productos petrolíferos afiliadas a la Canacar, para desestabilizar a la paraestatal petrolera y obtener rentables contratos que, de lograrlo, ahorcarían las finanzas de Pemex.

Este ex funcionario petrolero también es sujeto de investigaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y en la PGR, porque después de trabajar por más de 6 años como responsable de la Oficina del Abogado General de Pemex, lo que le dio acceso a información confidencial y “sensible” de la petrolera, ahora sirve a intereses privados para supuestamente articular denuncias administrativas y penales en contra de funcionarios de la paraestatal, como una forma de presión para lograr contratos leoninos en perjuicio del presupuesto público.

También vinculan a García Reza en una asesoría legal para la defensa del líder de una de las principales organizaciones dedicadas al robo de combustibles en el norte del país, Fabián Rodríguez Moreno, vinculado al cártel del narcotráfico de Los Zetas, con operación principal en el noroeste y el Golfo de México.

Según el Cisen, Rodríguez Moreno dirigía la más importante banda delincuencial encargada de la compra, almacenamiento, trasiego, distribución y comercialización de productos refinados que roban de los ductos de Pemex en el noroeste de México.

En entrevista, García Reza negó las acusaciones en su contra, y aseguró que nunca ha tenido contacto con el jefe de esa banda de robo de combustibles, aunque sí reconoció asesorar a varias empresas transportistas afiliadas a la Canacar que fueron utilizadas por el crimen organizado para transportar combustibles.

oficiodepapel@yahoo.com.mx