Reforma urbana: asignatura pendiente

Después de casi 40 años de haber sido promulgada la Ley General de Asentamientos Humanos en mayo de 1976 y reformada en 1993, ha resultado inoperante e ineficiente en su implementación, por carecer de las herramientas necesarias que faciliten la concurrencia de estados y municipios para trabajar alineados en concordancia con la Política Nacional en la materia. En este contexto, la mayor parte de las ciudades mexicanas han registrado un profundo y progresivo deterioro urbano, que por falta de una buena planeación han crecido desordenadamente, incrementando sus costos de operación, sin resolver problemas elementales para su correcto funcionamiento, lo que ha impactado negativamente en la economía de los centros urbanos.
En el seno de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), existe consenso generalizado sobre la urgente necesidad de generar una iniciativa de Reforma Urbana que establezca la creación de instrumentos eficaces, semejantes a los de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que den viabilidad a la implementación de una nueva ley y obligue la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para el cabal cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda.
En este sentido, es recomendable una revisión al artículo 115 constitucional, en cuanto a las competencias en materia de desarrollo urbano, así como la alineación de leyes estatales y la normatividad de los municipios con las leyes generales y federales, que permita el diseño de nuevos mecanismos de coordinación y gestión urbana para garantizar la ejecución de planes y programas en una misma sintonía entre los tres órdenes de gobierno. Todo lo anterior, tomando en cuenta las características, tamaño, capacidades y fortalezas de los municipios, para identificar las prerrogativas y responsabilidades que se podrían atribuir a cada uno de ellos. En consecuencia, se tendrá que explorar un marco de planeación adecuado para cada tipología.
Una iniciativa de Reforma Urbana deberá considerar la visión metropolitana del desarrollo urbano de las ciudades, con esquemas de planeación integrales vinculados a la planeación regional y nacional (institutos de planeación metropolitanos), para facilitar la ejecución de los proyectos estratégicos nacionales de gran visión. Los países del mundo desarrollado, han vuelto la vista a sus ciudades para convertirlas en el eje de su desarrollo económico, social y ambiental y hacerlas, al mismo tiempo más humanas, vivibles, seguras, rentables, policéntricas, compactas y competitivas. Asimismo, una iniciativa de esta naturaleza, deberá considerar la integración del Sistema Urbano Nacional, articulado a los sistemas urbano-rurales y a los centros de integración de servicios para los asentamientos humanos dispersos.
El deterioro de las ciudades por la falta de  una planeación urbana ordenada, integral y transversal con el resto de los sectores, ha representado al país costos exponenciales en virtud de la desordenada dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como elevados costos de transporte por largos traslados, problemas de convivencia social, falta de competitividad, construcciones peligrosas en zonas de riesgo y de alta vulnerabilidad, problemas ambientales, pérdida de biodiversidad, alto consumo de agua y energía, y como consecuencia de lo anterior, el incremento acelerado en las emisiones de Gas de Efecto Invernadero (GEI).
En materia  de financiamiento para el desarrollo urbano de las ciudades, se requiere de un modelo de planeación-gestión y captación de recursos novedoso, flexible, dinámico y transversal con visión de largo plazo.  En este sentido y para garantizar el financiamiento del desarrollo urbano, será importante explorar diversas alternativas para generar la creación de esquemas e instrumentos que permitan la captación proporcional de plusvalías, de transferencia de potencialidad, así como de gravámenes a los cambios del uso del suelo, entre otros, pasando por la reconceptualización de los sistemas de catastro, en su mayoría obsoletos y que atañen directamente a las autoridades locales.
Por otra parte, la vivienda es parte integral del desarrollo urbano y está asociada a la adecuada dotación de infraestructura, equipamiento y servicios. Por sus propias características, la vivienda debería convertirse en la punta de lanza de la política social del país. Ofrece patrimonio, certeza y certidumbre jurídica; es factor de cohesión social, posibilita a las familias el acceso al sistema financiero nacional y las convierte en sujetos de crédito.
De esta manera, habrá que diseñar también nuevos y novedosos esquemas de financiamiento y programas para la vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y regularización de vivienda, suelo y reservas territoriales, en beneficio de los no afiliados.  Este se ha convertido en el principal reto del sector, en donde la CONAVI, el FONHAPO, la SHF y los organismos estatales de vivienda, tienen una gran tarea por delante.
En el caso de la vivienda para derechohabientes, ya sea INFONAVIT, FOVISSSTE, y las Fuerzas Armadas, sus programas han evolucionado; la nueva normatividad urbana para garantizar la adecuada ubicación de los desarrollos en zonas que cuenten con infraestructura, equipamiento y servicios, ha permitido su mejoramiento y una mejor inserción en la trama urbana de las ciudades. En tal virtud, será de crucial importancia ubicar la Reforma Urbana  en la Agenda Nacional con alta prioridad de atención.

Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas A.C.
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