Sigue sin esclarecerse qué sucedió el domingo pasado en Ostula, Michoacán, donde murieron los niños Edilberto Reyes García, de 12 años, y Neymi Natali Pineda Reyes, de 6.

Felipe Gurrola, mando especial de Seguridad para Michoacán, aceptó que los militares sí dispararon, pero para defenderse; habitantes del pueblo, ayer en el Centro Pro, dicen que fueron los militares quienes comenzaron a disparar…

El pasado lunes, en medio de la crisis por esta situación, el presidente Enrique Peña Nieto salió en defensa de las Fuerzas Armadas:

—Por más que a veces algunos se empeñen por manchar el esfuerzo que realizan nuestras Fuerzas Armadas, es de reconocer como mexicanos que nuestro Ejército, nuestra Marina Armada de México, (está) integrada por mujeres y hombres del pueblo, que han surgido del pueblo mexicano, trabajen todos los días con esmero, con sacrificio, con dedicación diaria en favor de los mexicanos— dijo.

Se tendrá que hacer una investigación, sin duda.

Hoy hablamos de niños muertos, pero habrá que esperar a saber qué sucedió en Calera, Zacatecas, donde también están involucrados militares.

Otra investigación que no le gustará nada al Ejército.

Lo cierto es que hay dos niños muertos más. Otros dos. Estos, quizá, duelen más que otras muertes: su vida empieza. Aunque el número de homicidios ha bajado (3 mil 394 menos que en 2013), ¿cuántos niños llevamos que han muerto en esta guerra contra el narco que inició en el 2006 y que, aunque con otros nombres, sigue?

Demasiados. En total, de acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2014 han sido mil 796 muertes de personas entre 0 y 17 años por “homicidios relacionados con el combate a la delincuencia organizada”.

En el informe Alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en equidad. Una mirada desde la infancia y la adolescencia en México, de UNICEF, se detalla que entre “2005 y 2010 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el grupo de 10 a 19 años pasó de 4.6 a 11.8” casos.

¿Cómo estamos a nivel internacional?

En otro informe, Ocultos a plena luz: un análisis estadístico de la violencia contra los niños, también UNICEF detalla la tasa de homicidios de niños y adolescentes entre 0 y 19 años por cada 100 mil habitantes en 2012 en todo el mundo. ¿Cómo estamos en este penoso ranking? México registra 7, cifra similar a países como Togo, Botswana, Mozambique, Myanmar. Tenemos más que Irak, Pakistán, Congo, Tanzania, Somalia, Yemen...

Más de la mitad de los homicidios de niños, niñas y adolescentes se registran en 10 países de todo el mundo, ¿y qué creen? México es el lugar 5. En primer lugar está Nigeria, seguida de Brasil, India y República del Congo. Tras México está Etiopía, Estados Unidos, Pakistán, Colombia y Venezuela.

No todos son, claro, como Edilberto o Neymi Natali; ni como los niños Bryan y Martín Almanza… terribles “daños colaterales”. También hablamos de niños sicarios o que están en las filas de la delincuencia, pero también a ellos les hemos fallado como sociedad al no darles opciones.

Ah qué chula es Puebla, entidad gobernada por Rafael Moreno Valle, quien quiere ser Presidente en el 2018. Allá el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, sigue en su puesto super campante, aunque ahora tenga un nuevo escándalo en sus espaldas: ahora lo relacionan con su presunta participación en una red de policías que ordeñaban ductos de combustible.

Y eso que ya ni contamos con el incumplimiento de algunos puntos de la recomendación 2VG/2014, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por lo que pasó en San Bernardino Chalchihuapan, donde murió el niño José Luis Tehuatlie.

En recomendación, la CNDH solicitaba: “instruya a quien corresponda para que se inicien procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, así como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos”. Y sí, el mismo Rosas.

Ayer reapareció Emilio Chuayffet en el evento donde Gabino Cué anunció la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a fin de iniciar una nueva etapa en la educación en esa entidad. Es para quitarle poder a la CNTE –su sección 22 es mítica-- y que se aplique la reforma educativa. La Coordinadora magisterial inició manifestaciones ayer mismo.

Aunque pareciera que a  Chuayffet se le quita una bronca, tiene otros flancos abiertos. Está la carta que le enviaron diversos académicos exigiendo su intervención para solucionar la crisis que se vive en Canal 22.

De acuerdo con Carola García, Calderón, Gustavo Monroy, Jorge F. Hernández, Aline Petterson, Fabrizio Mejía Madrid y Ana Clavel,  en el 22 las cosas están muy mal: “por la opacidad,  y discrecionalidad presupuestaria, el uso patrimonialista del espacio mediático, la afectación del derecho a la libertad de expresión, el acoso laboral y la negativa persistente a rendir cuentas”.

En junio pasado se denunciaron presuntos actos de censura por la cancelación de El Observador, emisión de análisis y periodismo de investigación, así como de Global 22.

Están también las denuncias por los contratos que Canal 22 ha firmado entre 2013 y este mes con la empresa Calypso Media, en la cual participa el yerno del director Raúl Cremoux, Hari Camino.

En medio de este panorama, me tomaré un receso, y nos encontramos en este mismo espacio el martes 4 de agosto.

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