PGR y GIEI: ya basta de medias verdades

El viernes pasado, en las oficinas de la PGR, fue abierto el sobre que contenía los resultados del tercer peritaje practicado en el basurero de Cocula. El subprocurador Eber Betanzos y un representante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Carlos Beristáin, fueron los primeros en enterarse del contenido.

Beristáin salió de la PGR poco después con el rostro demudado.

Su salida coincidió con el inicio de la conferencia en la que Betanzos y el experto en fuego Ricardo Damián Torres, presentado como “representante por consenso” del equipo de especialistas que realizó el estudio —el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego—, ofrecieron los primeros resultados del peritaje “sobre un posible incendio los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula”.

El investigador, vicepresidente de la División de Fuegos y Explosiones de PT&C/LWG Forensic Consulting Services, con 28 años de experiencia profesional, dijo que existía “evidencia suficiente, incluso observable físicamente, para concluir que existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones” en aquel lugar.

Dijo también que había evidencia de que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados ahí, y concluyó que los expertos podían establecer la hipótesis “sobre las condiciones, cantidad de combustible, tiempo y circunstancias necesarias para la quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos”, aunque para confirmar esto haría falta efectuar aún “una prueba a gran escala”.

Beristáin había insistido en que el documento no se hiciera público hasta que el GIEI analizara el resultado y cada uno de los peritos escribiera un “mensaje de consenso” que probara su acuerdo con lo contenido en éste. La postura de la PGR fue que el propio experto Ricardo Torres había propuesto que se informara a los medios y que incluso había volado desde Texas únicamente con ese objeto. Así que la PGR decidió salir.

El grupo colegiado de expertos fue elegido de manera conjunta por el GIEI y por la PGR. Cada uno propuso tres candidatos que su contraparte aprobó, e incluso vetó (el GIEI rechazó a Enelio Torres, experto del Instituto Mexicano del Petróleo que reveló que el informe de José Torero estaba plagado de inexactitudes, entre ellas, la dirección del viento la noche de la tragedia). El nivel de ellos ofrecía por primera la vez la oportunidad de contar con un dictamen serio y completo: la oportunidad de ver con claridad una parte de lo que sucedió aquella noche.

La confirmación de un fuego controlado de grandes dimensiones en Cocula, realizada por Dehaan, Mowrer, Quintiere y compañía, echaría por tierra un año de dimes y diretes sobre la nubosidad, la precipitación pluvial, la dirección de los vientos, el paso del satélite, los estudios de entomología, el impacto térmico en la vegetación, las conjeturas delirantes sobre los millones de litros de diesel y las toneladas de llantas y madera que serían necesarios para quemar a los alumnos en el basurero... todo lo que ha tenido de cabeza a este país durante los últimos 18 meses.

Pero la PGR decidió dar el albazo. Y entonces sobrevino la ruptura. En un boletín dado a conocer varias horas después —¿por qué tantas?—, el GIEI acusó a dicha institución de haber roto el acuerdo de confidencialidad que habían pactado, al revelar el resultado del peritaje; la acusó de haberle mentido a Beristáin al decirle que en todo caso la conferencia de Ricardo Torres sería para decir “que no se había podido determinar si el hecho habría ocurrido o no, y que el equipo necesitaba nuevos estudios”. Y la acusó de algo peor: de presentar un informe “provisional” con cosas que “ni son de consenso de los expertos del fuego”.

Es decir, la acusó de manipular la verdad y mentirle a la opinión pública presentándole resultados falsos.

Para la PGR esto puede ser el abismo. Debe aclarar cuanto antes cómo se construyó el consenso, quiénes estuvieron a favor, quiénes en contra, cuáles fueron los argumentos de unos y otros. Debe transparentar el peritaje para que se sepa si lo dicho en la conferencia es cierto o no.

Y el GIEI debe también aclarar. Aclarar cómo sabe que se presentaron cosas que “ni son de consenso de los expertos” si dicha información —el consenso de los expertos— es confidencial.

Debe decir de manera clara si la queja es por la forma en que se llevó a cabo la conferencia, o por lo verdaderamente importante: porque tiene elementos para desmentir el fallo.

Ayotzinapa es el hecho más grave del sexenio. Basta ya de medias verdades.

@hdemauleon

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