¿Ganar popularidad pisando la Constitución?

Héctor De Mauleón

El consejero electoral Benito Nacif se rehúsa a que su salario sea recortado en un 10 por ciento. Con ese recorte, el salario del consejero pasaría de 177 mil pesos mensuales a 160 mil.

A principios de enero, como una respuesta a la molestia social que desató el incremento del precio en las gasolinas, el Instituto Nacional Electoral, INE, anunció que no podía ser ajeno a la crítica situación por la que atraviesan los mexicanos y se manifestó dispuesto a amarrarse el cinturón al lado de ellos.

Para empezar, devolvió los mil 70 millones de pesos que iba a costar la construcción de su nueva sede nacional. Y además de renunciar a las prestaciones de telefonía celular, se comprometió a reducir el salario de los consejeros electorales e integrantes de la Junta General Ejecutiva en un porcentaje igual al que unos días antes había propuesto el Presidente de la República para los altos funcionarios del gobierno federal.

Nacif se negó a hacerlo e impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la reducción de sus salario como parte de las medidas de austeridad del INE.

Su postura desencadenó una serie de críticas devastadoras: ¿Ponerse a pelear por 17 mil pesos cuando se cierne sobre el país el panorama económico —y social— más sombrío que se ha visto en muchos años?

Le pregunté ayer al consejero qué argumentos le habían llevado a adoptar una decisión tan a contracorriente. Una postura que inevitablemente tendría que convertirse en objeto de controversia y le valdría ser tachado de mezquino y falto de sensibilidad.

Nacif me dijo que los 17 mil pesos que iban a reducirle eran lo de menos, y que estaba en juego algo mucho mayor: la manera en la que el INE va a plantarse ante el país: la capacidad del instituto para dialogar, negociar, fiscalizar y meter en cintura a un conjunto de partidos políticos dedicados, muchas veces, a torcer la ley en su beneficio.

Según Nacif, la Constitución prohíbe expresamente que el sueldo de los funcionarios pueda ser reducido. Cita el artículo 122, “que dice que el salario de los servidores quedará fijado en el Presupuesto, sin que pueda ser disminuido durante la vigencia del mismo”.

Cita también el artículo 127, “que prohíbe a los servidores públicos renunciar a la remuneración a la que tienen derecho con motivo de su función, empleo, cargo o comisión”.

Para Nacif, la medida adoptada por el INE solo pisotea la Constitución. El consejero asegura que un órgano administrativo subordinado al Consejo General carece de facultades para rebajar los salarios ya aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Y sin embargo, a pesar de las restricciones constitucionales —dice— el INE siguió adelante con la reducción anunciada”.

Nacif insiste en que el INE no puede ignorar la Constitución. No puede apoyarse en ésta unas veces y hacerla a un lado en otras. No puede torcerla de acuerdo con la coyuntura política. No puede violarla por miedo a la impopularidad o en aras de atraer las simpatías populares.

“El INE debe apegarse al principio de legalidad en cada uno de sus actos”, dice.

Para Nacif, lo que está en juego es la credibilidad, la honorabilidad del Instituto. Las reglas con que saldrá a jugar frente a los partidos políticos durante el complicado periodo electoral que se avecina este año y en 2018.

“La única forma de expresar mi disentimiento fue presentando un recurso de apelación que planteara al Tribunal mis objeciones. Cuando el Tribunal resuelva, sea cual sea el resultado, tendremos la certeza de estar o no en el camino correcto. Yo habría hecho lo mismo si se hubiera decidido del mismo modo subirnos los salarios un 10 por ciento”, explica.

Si lo que Nacif sostiene es cierto, tampoco el Presidente de la República puede reducir el 10 por ciento de los salarios de altos mandos de la administración pública federal, incluyendo el suyo propio, al menos durante la vigencia del Presupuesto de Egresos 2017.

¿Entró en vigor la disminución? De ser así, ¿bajo qué argumentos legales se pudo llevar a cabo?

Si Nacif está en lo cierto, no se trata de un problema de 17 mil pesos, sino de algo mucho mayor.

@hdemauleon

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