La Constitución que nos llevará al abismo

Héctor De Mauleón

El proyecto de Constitución que el jefe de Gobierno presentó a la Asamblea Constituyente, según un estudio realizado por el Senado, es retórico, demagógico, lleno de posicionamientos políticos y morales, y repleto de propuestas absurdas e impracticables que difícilmente podrán traer beneficios a los habitantes de la Ciudad. Fue pensado como una carta de derechos, más que como un instrumento de gobierno.

“La lista de derechos que contiene el proyecto es de las más amplias que se conozcan en cualquier texto constitucional, no solo en México sino el mundo”, se lee en el documento, elaborado por asesores parlamentarios constitucionalistas y académicos del CIDE.

Por lo demás, su estilo “es casi decimonónico”, y contiene fraseos del tipo: “ser espejo en que se mire la República…”.

Desde febrero de este año, el grupo de 28 notables encargado de elaborar el proyecto centró la discusión en torno a una serie de derechos. Derecho al bienestar social, a la vida digna, al agua, al saneamiento, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación.

La discusión siguió el mismo derrotero durante los meses siguientes: derechos de los no asalariados, derechos de las familias, derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Y también: derecho a la ciencia, a una renta básica progresiva, a la memoria, a la protección de los animales, a la cultura, a la innovación tecnológica, al desarrollo urbano equitativo y sustentable…

Ya Luis Carlos Ugalde se tomó el trabajo de contar las páginas que ocupa la sección de derechos y la cantidad de palabras que ésta contiene. Según la cuenta que Ugalde publicó en El Financiero, la sección de derechos del proyecto ocupa 30 páginas y 10 mil 800 palabras.

La sección de deberes tiene, en cambio, 206 palabras y ocupa media página.

“Algunos enunciados parecieran tener una vocación más demagógica que garantista, como el de imponer la elevación de los ingresos… cuando esto no depende de políticas que pueda asumir la Ciudad”, afirma el documento.

La mayor parte de los derechos propuestos por los notables están declarados de manera genérica: “No hay una asignación concreta de responsabilidades administrativas y legales de las autoridades de la Ciudad, ni de las alcaldías, para su cumplimiento, y no se observan reglas específicas acerca de las prioridades presupuestarias para su realización”.

En ausencia de estas previsiones, “los generosos derechos sociales que reconocería la nueva Constitución, como el derecho ‘al más alto nivel de salud’, no sólo se convertirían en quimeras, sino que también saturarían a la justicia de problemas que no tiene capacidad de resolver”.

La evaluación afirma, citando a “teóricos del constitucionalismo”, que “hay en todo el proyecto un viejo error del pensamiento progresista que es creer que se pueden mejorar los servicios públicos y superar las desigualdades por medio de generosos derechos económicos y sociales”, cuando “estudios empíricos han demostrado que hacer exigibles derechos que las autoridades administrativas no pueden hacer efectivos, tiende a producir el efecto contrario: perjudicar a los que menos tienen y beneficiar sólo a las minorías que gozan de mayores recursos y de conexiones para litigar eficazmente”.

Entre las cerezas de la legislación progre está el mecanismo de exigibilidad mediante el cual alguien que no tenga para pagar una renta digna podría acudir al juzgado y obtener cierta suma antes de diez días. “El ejercicio efectivo de estos derechos exige recursos presupuestarios y capacidades administrativas… y se encuentra más allá de un tribunal de justicia”.

El estudio concluye que de llevarse a una Carta Magna las propuestas contenidas en el proyecto de los notables, se daría lugar a un escenario “que en el mejor de los casos podría llevar a la parálisis y en el peor a la inestabilidad política”.

La nueva Constitución, tal como está, nos llevaría al abismo, según la evaluación del Senado.

@hdemauleon

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