El crimen de Murillo Karam

El primer detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fue Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, un halcón al servicio de la célula de Guerreros Unidos que comandan los hermanos Víctor Hugo, Osiel, Orbelín, Salvador y Mateo Benítez Palacios —a quienes se conoce como Los Peques o Los Tilos—.

Un aparato de rastreo detectó a El Tongo en el momento en que enviaba un mensaje de WhatsApp para informar a sus superiores de la llegada a Iguala de una camioneta con personal de la Fiscalía del estado. Ese mismo personal se encargó de detenerlo.

A través de El Tongo, la Fiscalía llegó a Martín Alejandro Macedo, un narcomenudista de Iguala, a Marco Antonio Ríos Berber, sicario al servicio de Guerreros Unidos, y a Honorio Antúnez, policía municipal también de Iguala. De sus declaraciones surgieron las primeras versiones sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014.

Macedo y Ríos Berber admitieron, según el expediente, que habían participado directamente en el asesinato de varios estudiantes de la normal. Macedo dijo que a algunos los habían quemado y enterrado en una casa de seguridad de La Loma. Ríos Berber declaró que muchos de ellos fueron llevados a la parte alta de Pueblo Viejo, en donde Guerreros Unidos “tiene fosas clandestinas”, y que ahí los habían ultimado.

La Marina, el Ejército, las policías estatal y ministerial, así como la Fiscalía de Guerrero, encontraron en Pueblo Viejo fosas clandestinas que contenían los restos de 28 personas. Sus cuerpos habían sido colocados sobre una cama de troncos, y luego rociados con una sustancia acelerante, según lo determinó el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Pero esos restos no pertenecían a los normalistas. Se ignora quiénes fueron la mayor parte de esas personas.

Las declaraciones de los primeros detenidos fueron vertidas antes de que la PGR atrajera el caso.

La PGR sabía desde mucho antes, sin embargo, que en Iguala secuestraban, mataban y desaparecían personas. En abril de 2014, cinco meses antes de la tragedia de los normalistas, la Procuraduría a cargo de Jesús Murillo Karam recibió la averiguación previa HD/SC/01/758/2013, iniciada en contra de Ernesto Pineda Vega, un líder local acusado de secuestro, al que se detuvo durante un enfrentamiento con la policía ministerial.

Pineda Vega había revelado desde entonces que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se hallaba involucrado con los Guerreros Unidos; había señalado que una sobrina de Abarca era esposa de Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, líder de la organización criminal; había indicado que la policía municipal de Iguala detenía personas y las entregaba a los sicarios “para que estos se encargaran de negociar el rescate”, y había ofrecido la ubicación de fosas donde se había enterrado a personas secuestradas y desaparecidas.

Por medio de las declaraciones de Pineda Vega, las autoridades estatales llegaron a siete fosas clandestinas de la colonia Lomas del Zapatero, en las que fueron halladas 19 osamentas; así como a otras cuatro fosas ubicadas en el cerro de La Joya, donde habían sido enterradas nueve personas más.

La PGR tenía en su poder desde 2012 la investigación en contra del fundador de Guerreros Unidos, Cleotilde Rentería, El Tilde, detenido ese año, y también la investigación que llevó a la captura de su sucesor, Mario Casarrubias, El Sapo Guapo, detenido en mayo de 2014. Pero no movió un solo dedo para evitar lo que estaba ocurriendo en Iguala. Y cuando todo explotó, dejó de seguir líneas de investigación marcadas originalmente en el expediente para concentrarse sólo en el basurero de Cocula.

En la declaración que rindió ante la PGR, el jefe de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, relató que la organización se hallaba compuesta por varias células que competían entre sí. Tres de esas células, dijo, habían participado en los hechos de Iguala y cada una había arrastrado a un grupo de estudiantes hacia diferentes destinos: unas los llevaron hacia el basurero de Cocula, la otra hacia un rancho en Tijeritas…

De manera que desde los primeros tomos el expediente indica que los estudiantes fueron ultimados en sitios distintos. La investigación, sin embargo, se encaminó hacia uno solo: el basurero.

El Gil ha declarado que hubo sicarios que llevaron a la policía al “tiradero” de cadáveres de la célula rival, para no llevarla al propio.

Nada de eso explica lo que está en el fondo. Todo se pudo evitar si Murillo Karam hubiera actuado a tiempo.

@hdemauleon

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