Las víctimas abandonadas

Héctor De Mauleón

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, fue el logro mayor del movimiento encabezado hace unos años por el poeta Javier Sicilia. En marzo de 2011, el cadáver de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta, fue hallado dentro de un auto abandonado en Temixco, Morelos, al lado de otras seis personas.

El poeta Sicilia inició una semana más tarde la primera marcha del contingente ciudadano por la paz y la justicia: un dramático recorrido de Cuernavaca al Zócalo capitalino, integrado por personas a las que la violencia había arrebatado familiares, que preludió tumultuosas caminatas al sureste del país, y a través de Estados Unidos.

En enero de 2013, recién desembarcado en la Presidencia, Enrique Peña Nieto publicó la Ley General de Víctimas: “La dignidad de una nación se refleja en la forma en que trata a las víctimas del delito”, dijo. El poeta Sicilia saludó la publicación como “un gran y profundo gesto democrático”.

Tenía razón. En México existen víctimas no atendidas al menos desde 1968 —y de eso hace casi 50 años.

La ley fue saludada como innovadora, pero “aún debe mejorarse”, concluyó Peña Nieto.

Un año más tarde se creó por decreto presidencial la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y poco después el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que según la página del CEAV “tiene por objeto brindar los recursos necesarios para ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

Cuando todo eso fue aprobado y promulgado, la dignidad de la nación se siguió reflejando en la forma en que ésta trata a las víctimas del delito. Porque las cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas son un escándalo. Presento solo cuatro:

1.— En un país con más de 120 mil muertos a causa de la violencia, y en el que según la Envipe miles de ciudadanos han sufrido violaciones a sus garantías fundamentales, sólo 200 víctimas han sido reparadas por la CEAV.

2.— De un fondo de reparaciones integrales de mil 400 millones de pesos, la Comisión sólo ha ejercido 60 millones: el 4 por ciento.

3.— Para aceptar, asesorar y representar más de 2 mil asuntos, la CEAV cuenta sólo con 60 abogados: cada uno lleva alrededor de 130 casos (la Defensoría de Oficio tiene, en cambio, alrededor de 900: las víctimas están en enorme desventaja frente a los inculpados).

4.—La peor: la mayoría de los estados se niega a crear comisiones de atención a víctimas. Otra vez: en un país con más de 120 mil muertos a causa de la violencia y con miles de ciudadanos que han sufrido violaciones de sus garantías fundamentales, sólo operan comisiones en diez entidades: Jalisco, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Estado de México. Ley local, con comisión y presupuesto, sin embargo, sólo funciona en cinco de estas entidades. México sigue siendo mayoritariamente un país de víctimas invisibles. De víctimas no atendidas. O mejor: de revictimización.

El problema es la ley llena de buenas intenciones que Enrique Peña Nieto consideró perfectible. La Comisión de Derechos Humanos del Senado la ha considerado una especie de cuello de botella: lenta, restringida, parcial, inoperante.

Incluye un amplio entramado burocrático por el que hay que pasar para obtener sus beneficios, lo que niega un efectivo y pronto acceso a la justicia. Y por otra parte, ordena a la CEAV atender sólo a las víctimas de delitos del fuero federal —un universo pequeño en relación con el problema— y le impide atender a las víctimas de delitos que proceden del fuero común: el 90 por ciento del total.

Desde hace tres años legisladores y ONG repiten que la ley debe ser modificada, porque la CEAV está llamada a atender a las víctimas y está amarrada.

Mientras tanto, la dignidad de la nación se sigue reflejando.

@hdemauleon

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