En el escenario nacional, poseer drogas, vender drogas y consumir drogas, puede tener un impacto delictivo. El que vende droga está cometiendo un delito, el que consume droga eventualmente también lo puede cometer, pero básicamente es un problema de salud pública y el Derecho no puede ser ajeno a este problema.

Lo que en México se tiene muy claramente regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es qué se debe hacer con un adicto. Cuando una persona tiene un conflicto de drogas, es básicamente un problema de salud pública. ¿Pero qué pasa cuando este problema de salud pública se traduce en la comisión de un delito? Cuando bajo el efecto de los estupefacientes un joven roba o comete otro tipo de ilícitos. Lo que ha considerado esa ley es que se le dé un beneficio que pueda sustituir la pena de cárcel por un tratamiento.

En México hubo un movimiento muy fuerte para crear cortes de drogas a la manera de Estados Unidos, que fueran tribunales especializados que dieran tratamiento y que dieran este beneficio a los jóvenes infractores que actuaban bajo en influjo de una droga, pero tener cortes de drogas en nuestro país no parece una solución adecuada a nuestras necesidades.

Se requieren dos condiciones básicamente para que el joven sea sujeto a ello, primero, debe aceptar libremente someterse al tratamiento, y segundo, que garantice la reparación del daño. Si lo que hizo fue romper vidrios bajo el influjo de la droga, se le va a dar la opción de una terapia, pero tiene que pagar los vidrios que rompió o el coche que lastimó. No pueden ser delitos violentos. Si se trata de un delito patrimonial no violento, está sujeto a este beneficio.

¿Cómo está funcionando? Estoy sorprendido, porque ahora los mismos jueces, los mismos tribunales de enjuiciamiento, mandan a los jóvenes a un centro de atención, de convivencia, de rehabilitación, pero los muchachos aceptan y regresan, muchas veces con el ánimo de no cometer ese delito.

En caso de recaer, dice el artículo 188, el juez puede aumentar la frecuencia de la supervisión judicial, aumentar la frecuencia de pruebas toxicológicas, incluso ordenar arrestos por 36 horas. Si dentro del curso de la rehabilitación en la que se aceptó cometió un delito, se interrumpe, entonces la respuesta del Estado es la prisión.

En México no existen más cortes de drogas. Fui una de las voces que más firmemente se alzó para que no existieran cortes de drogas. Lo que existen son beneficios que los tribunales de enjuiciamiento le dan al joven, usted cometió un delito, tiene la oportunidad de tomar este tratamiento.

Las cortes de drogas no iban a tener un papel federal, iban a estar en cada estado, muchos estados dijeron: ‘yo entro, yo participo’, pero muchos dijeron: ‘yo no participo’, entonces ¿íbamos a tener cortes en unos estados y en otros no? Segundo, parecía que la inversión era muy costosa, y vi un gran rechazo de algunos gobernadores para participar en este proyecto. Yo decía: ¿vamos a invertir en toda una infraestructura con médicos especializados?, ¿por qué no utilizamos el mismo tribunal y los mismos hospitales y centros de readaptación, de reincorporación que tenemos?

Ahora, ¿cuál es el problema grave que tenemos aquí? El presidente Enrique Peña Nieto reconoció ante las Naciones Unidas que la lucha contra la marihuana, y estoy dando una sustancia en concreto, no está funcionando, y esta visión la comparto. Hoy la ley te permite tener hasta cinco gramos de marihuana, eso se presta a todas las corrupciones del mundo, porque una cantidad tan chiquita es muy fácil manipularla en las balanzas, si a alguien lo pescan con seis gramos va a prisión, pero si lo pescan con cuatro gramos no va ante el juez.

La propuesta es que se tenga hasta 28 gramos, ¿por qué? Es una medida internacional, es un estándar que nos permite tener cierta movilidad. Es la cantidad que una persona puede consumir durante determinado tiempo. Ahora se tiene que esconder. ¿Qué tenemos que hacer y qué urge hacer? Que nuestros diputados y senadores den una respuesta a esta iniciativa del Presidente de llegar hasta 28 gramos.

La legalización en el uso de drogas está en ley. Se cuenta con una tabla de orientación que nos dice claramente que se pueden tener hasta dos gramos de opio, en el caso de heroína son 50 miligramos, en el caso de marihuana 5 gramos, en el caso de cocaína 500 miligramos, o sea, está legalizado.

La gente dice: “Es que están legalizando”, está legalizado hace mucho tiempo. Aquí el tema son las cantidades que se pueden poseer. Un médico te podrá exactamente decir por qué 500 miligramos de cocaína y no 505, pero desde la perspectiva legal, es fundamental tener más amplio el espectro.

Debemos plantear un límite, el problema de la ley es que siempre hay que tener un límite, como la mayoría de edad. Si alguien comete un acto ilícito, tiene una conducta delictiva a los 17 años 11 meses va a un lugar, si lo comete a los 18 va a otro lugar… aunque sea por tres días, por un día, por unas horas.

La ley debe tener un punto de partida, aquí empieza y aquí termina, y si no tiene ese punto de partida no podemos tener parámetros fijos para tomar una decisión, y el juez tiene que saber si son 28 gramos autorizados de marihuana o si son cinco gramos como hoy.

Como está el día de hoy la ley, se promueven una gran cantidad de prácticas corruptas en la medida en que no nos pongamos en los estándares internacionales.

En San Diego, cruzando la frontera, venden marihuana, puedes comprar la que quieras, pero en Tijuana no. En Tijuana, si te sorprenden con más de cinco gramos vas a prisión. Aquí hay un problema grave, y es un tema que tienen que resolver nuestros legisladores.

¿Cuál debe ser parámetro, desde el punto de vista de un académico? Homogeneizar, si están vendiendo ciertas cantidades del otro lado de la frontera, tenemos que tener una política semejante. Mientras en unos lugares lo vendan y en otros lugares se prohíba, eso sí va a generar un problema terrible, porque la corrupción y la violencia siempre van unidas. Sí necesitamos homogeneizar los criterios.

Estoy convencido de que en la medida en que se conozca la ley, en la medida en que se conozcan las consecuencias de infringir la ley, tendremos un país mucho más apegado a la cultura de la legalidad.

El procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, es un convencido de promover la cultura de la legalidad. Me ha instruido, como jefe de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), que se difundan estos temas para que la gente conozca la ley, no sólo el tema de drogas, el tema del nuevo procedimiento penal, el tema de las nuevas opciones que hay.

Los gobiernos, las empresas, las instituciones de estudios están orientados para que no les pase a sus jóvenes, que estén abotagados, que estén idiotizados, pero por otra parte, hay una gran cantidad de gente que dice: “Yo tengo derecho a sentirme como yo quiera, tengo derecho a volar, tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Por qué el Estado me tiene qué decir lo que tengo que comer, lo que tengo que leer o lo que tengo que beber?”.

Lo que tenemos que hacer es encontrar ciertos acuerdos temporales, ciertas cantidades para consumir, decir: “Bueno sí, pero hasta aquí”, o no. En algunas drogas de plano no, aunque cada vez inventan más, antes solamente eran las fuentes naturales, ahora se están produciendo en los laboratorios, se pueden obtener de manera muy fácil todos estos estupefacientes.

El ejemplo más claro es el de la lucha contra el alcohol. En 1920, Wilson promulga una enmienda constitucional que prohíbe su producción, el consumo y la distribución del alcohol, la ley seca. En 1933, Franklin D. Roosevelt promueve otra enmienda a la Constitución que deja sin efecto la anterior y brinda con un martini.

El presidente Roosvelt dice: “Señores, todos podemos consumir alcohol”, y la violencia desapareció. La pregunta es: ¿debemos hacer lo mismo con el alcohol? Porque éste también debería entrar en este debate. ¿Deberíamos prohibir el alcohol hoy día? Es una pregunta que tenemos que hacernos porque la gente, va a decir “¡la marihuana sí, la marihuana sí!”, ¿y el alcohol? Se calcula que 40% de los delitos violentos tienen involucrados drogas y alcohol. Una gran cantidad de accidentes de automóviles tienen involucrado alcohol, entonces, ¿prohibimos el alcohol? ¿Qué es más caro? Es un tema que tienen que debatir nuestros legisladores y hoy la tendencia en el mundo es que no podemos permitirnos tener a una población idiotizada, eso es vergonzoso y dañino para todos, para los que se drogan y para los que no se drogan. Es un debate que tenemos que abordar con elementos académicos, políticos, económicos y sociales, y hasta morales.

*Conversación con el Director General del Inacipe

***En la foto: En México, la lucha contra la marihuana no está funcionando, reconocen las autoridades federales ante la Organización de las Naciones Unidas. (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)

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