Calladitos los gobernadores

Carlos Loret de Mola

Las auditorías federales a los estados las controlan los mismos gobernadores, gracias a leyes que les permite blindarse ante las revisiones a sus gastos

Uno de los secretos mejor guardados de la política mexicana tiene que ver con que las auditorías federales a los gobernadores… las controlan los gobernadores.

Un entramado legaloide permite a los mandatarios estatales blindarse ante las revisiones a sus gastos. Así funcionan:

1.— Aproximadamente el 85% del presupuesto de los estados es dinero que les pasa la Federación. Éstos se dividen básicamente a la mitad en participaciones y aportaciones.

2.— Las “participaciones” consisten en dinero federal que gracias a un truco de la Ley de Coordinación Fiscal se vuelve dinero local, así que cada estado —entiéndase, cada gobernador— puede destinarlo a lo que quiera y sólo las instancias locales —la mayoría, designadas por los propios gobernadores— pueden revisarlas. Reinan la opacidad, la discrecionalidad, muchas veces los desvíos y el abuso.

3.— Las “aportaciones”, en cambio, son recursos etiquetados desde la Federación para algún fin específico y se supone que sobre ellos tiene poder de supervisión la Auditoría Superior de la Federación.

4.— Sin embargo, otro truco tiende una nube de opacidad sobre esas “aportaciones”. La Auditoría Superior de la Federación presenta anualmente su listado de “observaciones”, que no son otra cosa sino inconsistencias bastante documentadas, casos francamente escandalosos de desvío de dinero en cualquiera de sus modalidades. Pero la ley beneficia a los “observados” (que deberían ser catalogados a esas alturas como presuntos responsables) con la posibilidad de responder (otra vez) a los cuestionamientos de los auditores. Este proceso para “llegar a la verdad” recae —de nuevo— en las contralorías estatales. Es decir, un gobernador al que la Auditoría cuestiona, termina dirimiendo sus asuntos ante ¡su propio contralor! quien desde luego tiene todos los incentivos para exonerarlo.

Por eso, calladitos para no atraer reflectores, gobernadores de todos los partidos han estado cabildeando ante el Congreso federal que la nueva Ley Anticorrupción no modifique este status quo que tanto les favorece. La intención de analistas y organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de estos temas va justo contra sus pretensiones.

No es la primera vez que los mandatarios estatales actúan en bloque. Cuando empezó a depurarse la nómina educativa para que dejaran de pagarla los estados y quedara bajo control de la Federación, en las secretarías de Hacienda y Educación descubrieron cosas asombrosas: profesores fantasmas, personal de apoyo a los gobernadores con plazas de maestros y hasta evasión de impuestos que se retenían a los docentes pero que se los quedaban en las arcas locales y no los transferían al gobierno federal.

Los tiempos electorales vienen como tsunami en los próximos meses. Arranca 2016 y el 17 de enero será la repetición de la elección de gobernador en Colima, donde los partidos invertirán mucho porque marcará el “estado de ánimo” de la más fuerte, la del 5 de junio, cuando se renuevan 12 gubernaturas.

Ojalá ese tsunami no inunde el impulso ciudadano para una ley anticorrupción real. Cada vez son más las pruebas de que ese problema está estancando el desarrollo de México.

 

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