¡Todos a la cárcel!

Carlos Loret de Mola

Los exámenes de control de confianza a los policías son ciertamente controversiales, pero si el actual gobierno federal los quiere desechar lo pulcro sería cambiar la ley y no permitir su violación sistemática e impune

Según orden del Poder Legislativo, decenas de jefes policiacos del país debieron haber sido encarcelados desde octubre del año pasado. Esto no ha sucedido. ¿De quién es la culpa? ¿Quiénes los protegen? Esta es la historia.

El 2 de enero de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue una iniciativa del entonces presidente Felipe Calderón y aprobada por el Congreso.

En sus artículos 139 y Tercero Transitorio se estableció que se sancionará con hasta ocho años de prisión y 500 días de multa a todo aquel que tenga como miembro de una institución de seguridad pública a cualquier persona que no haya aprobado el examen de control de confianza. Puso un plazo de cuatro años para hacerlo.

Cuando estaba por vencerse el plazo, salió a escena el polémico senador priísta Omar Fayad Meneses, el mismo que hace unas semanas fue vapuleado por presentar una iniciativa de ley que buscaba criminalizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. El escándalo fue tal que tuvo que retirar su iniciativa argumentando que lo suyo no eran malas intenciones, sino mala sintaxis.

Unos días antes de que venciera el plazo para que todos los servidores públicos involucrados en tareas de seguridad debieran tener aprobados sus exámenes de control de confianza, el senador Fayad logró —mayoría priísta de por medio— que se prorrogara diez meses. La nueva fecha para cumplir la ley sería octubre de 2013.

Llegó la fecha… y seguía sin acatarse lo dispuesto en la legislación. Así que apareció de nuevo el senador Omar Fayad. El 15 de octubre de 2013 presentó una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para permitir una segunda prórroga, ahora de un año. Firmaron también la petición Ivonne Álvarez y Teófilo Torres Corzo, del PRI; Fernando Yunes y María del Pilar Ortega Martínez, del PAN; e Iris Vianey Mendoza, del PRD. Lo lograron: se publicó en el Diario Oficial el 29 de octubre.

Pasó el año. El 30 de octubre de 2014 se venció el plazo. Y parece que el senador Fayad anda ocupado en otras cosas porque no propuso una tercera prórroga. El senador fue contactado para contrastar los datos de esta columna y declinó responder. Así que desde hace un año y días la ley está en vigor… pero no se cumple y a quienes la violan no les pasa nada.

La semana pasada, la organización Causa en Común denunció que actualmente están trabajando miles de policías que no aprobaron los exámenes de control de confianza. Los estados que más incurren en esta ilegalidad son: Veracruz, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y San Luis Potosí.

Desde que era gobernador del Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó públicamente que no estaba de acuerdo con los exámenes de control de confianza. Son ciertamente controversiales, pero si el actual gobierno federal los quiere desechar lo pulcro sería cambiar la ley y no permitir su violación sistemática e impune.

SACIAMORBOS. Esa morena ha de ser cubana: candidato único, elección por aclamación, 100% de los votos a favor del candidato oficial… ¡chulada de democracia!

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