Lo comenté en este espacio: la mejor forma de matizar, cuando menos, los cuestionamientos sobre la transparencia del Presidente y su esposa con el tema de los inmuebles en Miami, la Casa Blanca y demás demonios, es actuando en los estados donde gobernadores priístas son señalados por presunta corrupción.

Es cuestión de tiempo para que el Sistema Nacional Anticorrupción se estrene en los gobiernos salientes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, en ese orden. La Federación, en una necesaria estrategia de despresurización ante el conflicto con la CNTE y el descenso en la credibilidad de Peña, decidió mostrar mano dura en otros frentes, y mejor aún con "enemigos públicos".

Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, en orden cronológico de acción, habrían de sentir, en breve, los filosos dientes de una bestia aún amarrada, desesperada, ávida de demostrar que puede juzgar y castigar los actos de corrupción. La estrategia es, en pocas palabras, aplicar la técnica del "masaje terapéutico": presiono en un punto, para relajar el otro.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el Presidente Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que antes de diciembre, la Comisión de Justicia del tricolor resolverá los casos de Javier y César Duarte, así como el de Roberto Borge; para ese entonces, seguramente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá dictaminado sobre la inconstitucionalidad de los paquetes anticorrupción en dichos estados.

Recapitulemos, primero, tanto Presidencia como PGR, en conferencia de prensa conjunta, detienen los intentos de estos tres gobernadores y sus congresos por blindarse; segundo, exhortan a la Suprema Corte para que decida a la brevedad posible; tercero, Enrique Peña muestra públicamente distancia con Javier Duarte en Alvarado, Veracruz, y cuarto, el líder nacional del PRI dice que "está cansado de la corrupción". La cama está preparada.

Serán pues Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, los contrapesos del bombardeo que ha mermado severamente la transparencia de la figura Presidencial. Las "buenas noticias" que quiere Peña Nieto son, también, las que involucran puntos a su favor en materia de combate a la corrupción, y más aún, si con ellas disminuye la tensión mediática que vive.

El "desgastómetro" para Javier Duarte y Miguel Yunes

El jueves anterior afirmé que tanto Javier Duarte como Miguel Yunes carecen de la credibilidad suficiente ante la opinión pública veracruzana, además de que ambos son vistos, en términos generales, como personajes corruptos o cuestionables en sus desempeños bajo la etiqueta de "funcionarios".

El viernes 12 de agosto, el periodista Enrique Galván Ochoa, en la sección "Dinero" de La Jornada, publicó una encuesta telefónica que sin buscarlo así, coincidentemente, respaldó lo que escribí en mi columna titulada "Duarte y Yunes Linares. Odio jarocho".

La encuesta de Galván Ochoa pregunta, de manera abierta, a usuarios de Twitter y Facebook, además de miembros de El Foro México, lo siguiente: Duarte y Yunes se acusan mutuamente, ¿a quién le crees? Los resultados arrojan que el 81.5 % considera que ambos son igualmente corruptos; el 15% a "ninguno", el 3% le "cree más" a Miguel Yunes, mientras que sólo medio punto porcentual a Duarte.

Veremos qué credibilidad tienen ambos para el próximo primero de diciembre, cuando Duarte deje el Gobierno y Yunes Linares lo tome. Al tiempo.

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